La Junta detecta 200 irregularidades en los ERE
El Gobierno reclama 12 millones de euros a beneficiarios de ayudas y deja de pagar otros 14
La Junta de Andaluc¨ªa ha revisado, como consecuencia de la investigaci¨®n por los ERE falsos, 325 ayudas sociolaborales y ha detectado, hasta el 12 de junio, 200 con irregularidades, lo que ha supuesto la reclamaci¨®n de 12 millones de euros a sus perceptores y dejar de pagar otros 14 millones. As¨ª se recoge en un informe que el ex director general de Trabajo Daniel Rivera entreg¨® a la juez que investiga los ERE con motivo de su declaraci¨®n como imputado, el pasado 12 de julio.
Dicho informe indica, adem¨¢s, que hasta la misma fecha la Junta hab¨ªa iniciado la revisi¨®n de 191 ayudas a empresas, ayuntamientos y consultoras con cargo a la partida 31L o ¡°fondo de reptiles¡±, por un importe total de 106.191.283 euros, correspondientes a un cr¨¦dito total comprometido de 135.068.340 euros.
Rivera explica que la Junta ha revisado 325 expedientes de ayudas sociolaborales, de los que 281 hab¨ªan ya concluido en su primera fase y 44 estaban en tr¨¢mite de alegaciones.
De los concluidos, 200 presentaron alg¨²n tipo de irregularidad porque el perceptor no ten¨ªa ning¨²n derecho o simultaneaba esta percepci¨®n con trabajos remunerados o con incapacidad permanente, 71 eran correctos y ¡°se han resuelto favorablemente para las personas interesadas¡±, uno termin¨® con revocaci¨®n, cinco con archivo y cuatro se remitieron a una revisi¨®n de oficio.
Precisa el informe de Rivera que las cantidades ¡°reintegrables¡± a la Junta por lo ¡°indebidamente abonado¡± a esos trabajadores asciende a 12.823.637 euros, cantidad a la que deben unirse los 14.725.868 euros que la Administraci¨®n ha dejado de abonar en esos expedientes. Hasta el 12 de junio, en 105 informes, la Junta hab¨ªa iniciado la fase de reintegro y las cantidades reclamadas ascend¨ªan a 9.960.169 euros.
La juez Mercedes Alaya mantiene imputados por los ERE falsos a 60 personas entre intrusos que nunca trabajaron en las empresas beneficiarias, cinco ex altos cargos de la Junta, abogados y mediadores en los expedientes.
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