La amenaza de la demolici¨®n judicial pende sobre 700 viviendas ilegales
La fiscal¨ªa critica la falta de colaboraci¨®n de los Ayuntamientos en los derribos
La Consejer¨ªa de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ¡ªque desde las pasadas elecciones tiene entre sus competencias la ordenaci¨®n del territorio¡ª tiene contabilizados unos 700 expedientes contra viviendas ilegales que en este momento se est¨¢n tramitando en los tribunales. "Buena parte pueden ser causa de demolici¨®n", se?ala el departamento que dirige Luis Planas. "Desde que se interpone la denuncia hasta que existe sentencia firme de demolici¨®n pueden transcurrir una media de ocho o diez a?os", advierte esta consejer¨ªa.
La Junta de Andaluc¨ªa tiene registrados 43 casos de casas ilegales demolidas entre mediados de 2005 y mediados de 2012, que llegaron a los tribunales tras "la actividad inspectora" de los servicios auton¨®micos.
Estos 43 derribos son un pobre balance, sobre todo, si se compara con las 80.422 viviendas edificadas en suelo no urbanizable que la Junta dice haber identificado en los ¨²ltimos cuatro a?os, 22.196 de ellas en zonas de especial protecci¨®n. Uno de los motivos es la lentitud de los procesos y las reticencias de muchos ¨®rganos judiciales a la hora de ordenar las demoliciones. Sin embargo, la fiscal¨ªa tambi¨¦n apunta a la falta de colaboraci¨®n de las Administraciones a la hora de ejecutar las sentencias.
Cuatro meses de prisi¨®n y 240 euros de sanci¨®n
Un juzgado de Sevilla ha condenado a cuatro meses de c¨¢rcel a una pareja que levant¨® una vivienda unifamiliar de madera de 25 metros cuadrados en un suelo no urbanizable. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Utrera (Sevilla), consultada por Efe, establece que los acusados J. M. G. G. y A. C. L. P. compraron un terreno en el paraje denominado Urbanizaci¨®n El Mirador de esa localidad, que es una finca de secano con suelo calificado en el planeamiento como no urbanizable. Los acusados realizaron una construcci¨®n en madera de unos 25 metros cuadrados, sobre plancha de hormig¨®n de 35 metros, a pesar de que en la escritura advert¨ªa expresamente que se trataba de una finca no urbanizable donde estaban ¡°prohibidos usos incompatibles con su finalidad agraria o ganadera o que puedan dar lugar a la formaci¨®n de nuevos asentamientos¡±.
La construcci¨®n estaba destinada a vivienda unifamiliar y los acusados no solicitaron licencia ¡°al ser plenamente conscientes de que dicha instalaci¨®n nunca habr¨ªa sido autorizada¡±, seg¨²n el fallo. La condena se produjo por conformidad de los acusados, quienes antes del juicio hab¨ªan procedido ya a demoler la edificaci¨®n.
La pareja es condenada por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio a cuatro meses de prisi¨®n cada uno, ocho meses de inhabilitaci¨®n especial para cualquier trabajo relacionado con la construcci¨®n y a una sanci¨®n de 240 euros.
Patricia Navarro, fiscal especializada en Medio Ambiente y Urbanismo de C¨¢diz, sostiene que en muchos de los casos en los que los jueces aprecian delito, al estar la vivienda en una zona no urbanizable, y dictaminan que las excavadoras deben actuar, los propietarios se declaran insolventes para hacer frente a la demolici¨®n. En ese momento, "la Junta y los Ayuntamientos deben actuar subsidiariamente", afirma Navarro. Y vuelve a generarse otro tap¨®n en el proceso. "Hay sentencias de demolici¨®n paralizadas desde 2007", indica. "Muchos Ayuntamientos alegan insuficiencia presupuestaria", a?ade la fiscal.
Pero, seg¨²n Navarro, en algunos casos hay otras razones que llevan a los Consistorios a "no querer mojarse". El fen¨®meno de las casas ilegales est¨¢ muy arraigado en muchos municipios. Un ejemplo clar¨ªsimo es el de Chiclana (C¨¢diz), donde el PP gobierna en coalici¨®n con el denominado Partido Vecinal Regionalista, que prometi¨® durante la campa?a de las ¨²ltimas municipales que regularizar¨ªa la situaci¨®n de unas 15.000 viviendas ilegales de la localidad.
"Los Ayuntamientos no quieren ser los malos y tirar las casas", explica Navarro, quien, como su antecesor en la fiscal¨ªa gaditana especializada en urbanismo, ?ngel N¨²?ez, mantiene una batalla legal en la defensa del ordenamiento urbano.
La participaci¨®n de la fiscal¨ªa en los procesos que abordan este tipo de conductas solo se da cuando van por la v¨ªa penal. Es decir, cuando la construcci¨®n de la casa se considera un delito, normalmente por levantarse en zona de suelo no urbanizable, protegido o no.
Navarro afirma que ¨²ltimamente est¨¢ notando m¨¢s implicaci¨®n de los jueces y magistrados. "Se nota un fuerte impulso", a?ade esta representante del Ministerio P¨²blico. Uno de los motivos, en opini¨®n de esta fiscal especializa, es el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un derribo en El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz). El propietario hab¨ªa sido condenado, entre otros asuntos, por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio, pero, como ocurre en muchos casos, la demolici¨®n no se hab¨ªa ejecutado. La Audiencia Provincial se opuso por considerarla "desproporcionada" ya que la casa estaba rodeada por otras similares. La fiscal¨ªa decidi¨® recurrir y el Supremo le dio la raz¨®n y respalda el derribo como ¨²nica forma de que no se consolide la ilegalidad cometida.
Navarro sostiene que es la primera vez que la sala de lo penal del Supremo se pronuncia sobre los derribos de casas ilegales. En su opini¨®n, supone un respaldo a las tesis que ha venido defendiendo la fiscal¨ªa especializada en temas urban¨ªsticos. Adem¨¢s, Navarro recuerda que el Ministerio de Justicia no ha admitido hasta ahora los indultos de viviendas edificadas en suelos no urbanizables.
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