El alcalde de Finestrat vive en una casa sobre suelo no urbanizable
Honorato Algado, del PP, compr¨® la vivienda a los cuatro meses de ser elegido en 2007
El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, del PP, habita un chal¨¦ ilegal construido en una parcela de suelo r¨²stico de 4.508 metros desde septiembre de 2007, fecha en la que fue escriturada su compra. Algado gan¨® las elecciones municipales en mayo de ese a?o y adquiri¨® la vivienda el 21 de septiembre, menos de cuatro meses despu¨¦s de conocer el resultado electoral.
Seg¨²n figura anotado en el Registro de la Propiedad, se trata de ¡°una vivienda unifamiliar compuesta de una sola planta, consta de tres dormitorios, un cuarto de ba?o, un aseo, un sal¨®n-comedor con cocina con barra americana¡± que ¡°se halla dotado de los adecuados servicios e instalaciones de agua, alumbrado y saneamientos, reuniendo las condiciones higi¨¦nicas y sanitarias adecuadas¡±. Est¨¢ ubicada en el conocido como paraje Areneta del t¨¦rmino municipal de Finestrat con excelentes vistas a la bah¨ªa de Benidorm. Para comprar el chal¨¦, Algado solicit¨® una hipoteca de 130.000 euros con un vencimiento de 29 a?os.
El regidor explic¨® a este peri¨®dico que ¡°la vivienda se construy¨® hace m¨¢s de 30 a?os y nunca ha estado en situaci¨®n ilegal¡±. ¡°Le compr¨¦ la casa a una inmobiliaria de Finestrat y antes de hacerlo confirm¨¦ en el Ayuntamiento que no hab¨ªa ninguna infracci¨®n urban¨ªstica¡±, a?adi¨®, ¡°porque tras entrar en pol¨ªtica quer¨ªa algo legal; si no, no me hubiera metido¡±.
Algado defiende que el chal¨¦ nunca ha estado en situaci¨®n ilegal
Algado asegura que la licencia de obras data del 28 de octubre de 1981, antes de promulgarse las normas subsidiarias de Finestrat, a¨²n vigentes. El alcalde defiende la legalidad de la obra ¡°en base a que la superficie exigida para edificar en suelo r¨²stico era entonces de 2.500 metros cuadrados¡±. El regidor incide en que el pleno del Ayuntamiento le dio licencia de obra.
Sin embargo, aunque la Ley de Suelo no Urbanizable de la Comunidad Valenciana de 1992 permiti¨® edificar en parcelas r¨²sticas de una hect¨¢rea si se cumplen una serie de requisitos, la legislaci¨®n urban¨ªstica del Estado, que se superpone a la auton¨®mica, siempre ha mantenido la prohibici¨®n de construir viviendas en suelo no urbanizable. El problema en Finestrat es que entre 1979 y 2007, el periodo en el que fue alcalde Miguel Llorca, del PSPV, el Ayuntamiento consinti¨® todo tipo de irregularidades urban¨ªsticas sin siquiera abrir los correspondientes expedientes de infracci¨®n, como as¨ª sucedi¨® con la vivienda que compr¨® Algado, hasta el punto de que en 2006 el Consell baraj¨® retirarle las competencias urban¨ªsticas al Consistorio, como hizo finalmente con Catral, en La Vega Baja.
El mismo concejal de Urbanismo, Juan Francisco P¨¦rez, confirm¨® que al chal¨¦ del regidor ¡°nunca se le abri¨® un expediente de infracci¨®n urban¨ªstica¡± y que las licencias de obra menor solicitadas posteriormente por Algado, o la que pidi¨® para construir una piscina, ¡°pasaron por la comisi¨®n de Gobierno y ten¨ªan los preceptivos informes t¨¦cnicos favorables¡±. En todos los casos, adem¨¢s, el alcalde se abstuvo de votar.
El Ayuntamiento consinti¨® irregularidades sin abrir expedientes
El procedimiento seguido por Finestrat y otros muchos Ayuntamientos valencianos durante d¨¦cadas para consentir las edificaciones en suelo no urbanizable fue no actuar en el plazo de cuatro a?os que la Administraci¨®n tiene para conseguir la demolici¨®n de la casa levantada ilegalmente. Tras ese periodo, la casa se queda en una especie de limbo jur¨ªdico porque a pesar de que no puede ser ya derribada, sigue estando a todos los efectos fuera de ordenaci¨®n y solo se pueden realizar en ella obras de mera conservaci¨®n, pero nunca de mejora o ampliaci¨®n.
En una entrevista a EL PA?S publicada el pasado 22 de julio, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Territorio de Valencia, Joaqu¨ªn Ba?os, abog¨® por la retirada de las competencias urban¨ªsticas a los municipios y reconoci¨® que en la Comunidad Valenciana existen entre 30.000 y 40.000 viviendas ilegales, sin que haya llegado a demolerse ninguna. Ba?os anunci¨®: ¡°Vamos a perseguir a los Ayuntamientos que no han tirado las construcciones ilegales¡± en una ofensiva de oficio por no ordenar la demolici¨®n de estas casas tras haber cobrado sanciones urban¨ªsticas.
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