La ley regional de transporte urbano, en cuesti¨®n ante el Constitucional

La ley que fija las sanciones en materia de transporte urbano est¨¢ en cuesti¨®n. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideran que el reglamento que desarrolla el r¨¦gimen sancionador de esta norma vulnera la Constituci¨®n en lo que respecta a los principios de legalidad y jerarqu¨ªa de las leyes. Seg¨²n el m¨¢ximo ¨®rgano judicial de la Comunidad, la decena de recursos presentados por otros tantos particulares ponen en cuesti¨®n que un reglamento (de rango inferior) recoja infracciones no tipificadas en la ley marco, aprobada en 1998. Los efectos pr¨¢cticos para los particulares ser¨¢n reducidos, ya que deber¨¢n haber recurrido las sanciones o estar en periodo de cobro.

Cuando el TSJM recibe un recurso por esta materia, se inhibe y traslada la cuesti¨®n al Tribunal Constitucional, que a¨²n no se ha pronunciado. La primera cuesti¨®n de inconstitucionalidad presentada por el TSJM data del 15 de julio de 2011, cuando una abogada que defend¨ªa a la taxista C. M. B. lleg¨® hasta el Tribunal Superior porque el Ayuntamiento de Madrid le hab¨ªa multado con 2.000 euros ¡°por esperar y recoger viajeros fuera de la parada oficial establecida¡±. Los agentes municipales se basaban para denunciar la supuesta infracci¨®n en el art¨ªculo 60.b 7 del Reglamento de Servicios de Transporte P¨²blico Urbano, de 25 de julio de 2005.

La demandante entiende que se vulner¨® el art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n: ¡°Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracci¨®n administrativa, seg¨²n la legislaci¨®n vigente en aquel momento¡±.

Los jueces del TSJM creen que el reglamento de 2005 vulnera el principio de jerarqu¨ªa de las normas, ya que establece a trav¨¦s de una norma de rango inferior unas infracciones que no est¨¢n recogidas en la Ley de 1998. Concretamente, recoge una llamada cl¨¢usula de cierre para las infracciones (punto 7 del art¨ªculo 1.2b) al identificarlas como ¡°cualesquiera otras que puedan establecerse reglamentariamente¡±) y que no es v¨¢lida para mantener la seguridad jur¨ªdica.

¡°Pudiera conculcar los derechos fundamentales garantizados por el art¨ªculo 25.1 de la Constituci¨®n Espa?ola, en cuanto que habilita o se remite gen¨¦ricamente a un reglamento para la configuraci¨®n ex novo de obligaciones o prohibiciones cuya contravenci¨®n da origen a una infracci¨®n sancionable¡±, recoge el escrito remitido por los magistrados del TSJM al Constitucional.

Para apoyar su tesis hacen un repaso a las sentencias del alto tribunal que defienden el principio de legalidad, en especial la 3/1998. Esta recuerda que deben quedar ¡°suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijur¨ªdica¡±, de tal manera que solo sean infracciones las acciones u omisiones subsumibles en la norma con rango de ley, as¨ª como la naturaleza y l¨ªmites de la sanci¨®n que se deben imponer. ¡°La Constituci¨®n proh¨ªbe la remisi¨®n al reglamento que haga posible una regulaci¨®n independiente y no claramente subordinada a la ley, pero no impide la colaboraci¨®n reglamentaria en la normativa sancionadora¡±, a?ade el fallo de 1998.

La presentaci¨®n de la cuesti¨®n de inconstitucionalidad ha obligado a dejar en suspenso el resolver si la taxista demandante tiene o no raz¨®n. Desde entonces se han sumado otra decena de procedimientos similares, seg¨²n fuentes del TSJM, que tampoco se han resuelto. Con cierta frecuencia aparecen publicadas por parte del Tribunal Constitucional la admisi¨®n a tr¨¢mite de una nueva cuesti¨®n. Todas parten de la sala segunda del tribunal madrile?o, que es el que entiende de los recursos de multas contra los Ayuntamientos de la regi¨®n.

La cuesti¨®n la estudiar¨¢, en principio, la Sala Primera del Alto Tribunal, que hasta la fecha no ha tomado ninguna resoluci¨®n. Eso s¨ª, en cuanto decida sobre la primera todas las siguientes se ver¨¢n afectadas por el fallo inicial. Para la decisi¨®n a¨²n no hay fecha.

Los efectos pr¨¢cticos para los madrile?os ser¨¢n limitados. Las personas que hayan acudido a los tribunales por ambas normativas y hayan alegado su posible indefensi¨®n s¨ª podr¨¢n acogerse a la resoluci¨®n del Constitucional, siempre que sea favorable. En caso de que hayan pagado la multa, poco podr¨¢n alegar, ya que el procedimiento estar¨¢ cerrado al ser firme. Si est¨¢ en fase de pago voluntario o ejecutivo o ha alegado ante las distintas instancias (Administraciones, tribunales, TSJM,...), tambi¨¦n podr¨¢ pedir la suspensi¨®n de la sanci¨®n y que se anule todo el procedimiento.