Casi 300 m¨¦dicos madrile?os objetan a dejar de atender a inmigrantes

Si se le pregunta a Jos¨¦ Mar¨ªa Molero, m¨¦dico de familia en un centro de salud de Villaverde Alto, al sur de Madrid, por qu¨¦ se ha declarado objetor ante la retirada de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situaci¨®n irregular, su respuesta es de lo m¨¢s concisa: ¡°Tengo un compromiso con mis pacientes¡±. Unos pacientes que, en el barrio donde trabaja, igual pueden ser espa?oles que latinoamericanos o marroqu¨ªes. Y de estos ¨²ltimos, unos pueden tienen permiso de trabajo y residencia, pero otros, que quiz¨¢ lo consiguieron cuando en Madrid a¨²n se encontraba trabajo, lo han perdido. Molero no entiende c¨®mo una de estas personas puede pedir cita con ¨¦l el 31 de agosto, pero ya no el 1 de septiembre. ¡°Se trata de un compromiso ¨¦tico¡±, insiste.

Muchos otros m¨¦dicos que trabajan en Madrid han hecho como Molero: se han declarado objetores a dejar de atender a inmigrantes sin papeles. Son 285, seg¨²n los ¨²ltimos datos de la Sociedad Espa?ola de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), la m¨¢s representativa en atenci¨®n primaria. Suponen el 21,9% de los 1.303 facultativos que hasta ahora han rellenado el formulario que la sociedad facilita en su p¨¢gina web a modo de ¡°red de objetores¡±. El secretario de Semfyc, Salvador Tranche, explica c¨®mo funciona: ¡°Cuando uno se inscribe en la red de objetores, inmediatamente, de forma autom¨¢tica, se comunica al Colegio de M¨¦dicos de la provincia y a la Consejer¨ªa de Salud de la comunidad aut¨®noma, adem¨¢s de a la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC)¡±.

Los facultativos de Semfyc, con 20.000 asociados en toda Espa?a, consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejar¨¢ sin tarjeta sanitaria a unas 150.000 personas, seg¨²n c¨¢lculos de este diario, contraviene su c¨®digo deontol¨®gico. Solo podr¨¢n acudir a la sanidad en caso de urgencia. Las excepciones son los menores y las mujeres embarazadas. El Ministerio de Sanidad ya ha advertido de que la objeci¨®n no tiene sentido. Para la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a, esa postura, simplemente, no cabe. ¡°Atender se atiende a todo el mundo. Otra cosa distinta es si luego eso genera la emisi¨®n de una factura o no. No es una cuesti¨®n asistencial, no afecta al m¨¦dico¡±, asegura el consejero, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, que la semana pasada a?adi¨® otra excepci¨®n a la norma: los enfermos cr¨®nicos que ya est¨¦n en tratamiento. La factura, a?adi¨®, ir¨ªa al pa¨ªs de procedencia o al propio enfermo. El Ministerio ha establecido tambi¨¦n de que los excluidos paguen una especie de seguro de 710 euros al a?o.

Sin embargo, en la pr¨¢ctica esto no est¨¢ tan claro. A diez d¨ªas de que entre en vigor la norma, nadie conoce c¨®mo podr¨¢n acudir a los centros de salud los inmigrantes en situaci¨®n irregular que hayan quedado fuera del sistema ordinario y que, por tanto, carezcan de tarjeta sanitaria. ¡°Si un paciente no tiene tarjeta yo no tengo acceso a su historia cl¨ªnica y tampoco le puedo derivar al especialista o pedir una prueba complementaria¡±, dice Molero. ¡°Se nos presenta una disyuntiva: cumplir nuestro c¨®digo ¨¦tico y deontol¨®gico o la normativa legal. Seguiremos atendiendo, pese a que las dificultades de acceso har¨¢n que cada vez vengan menos personas en esta situaci¨®n¡±, a?ade.

Teresa Garc¨ªa, m¨¦dica de familia en un centro de salud de Collado Villalba, fue de las primeras en declararse objetora, antes incluso de que Semfyc pusiera en marcha su iniciativa. ¡°La medida afecta a la poblaci¨®n m¨¢s fr¨¢gil, a la que se le niega un derecho reconocido en los tratados internacionales y la Constituci¨®n¡±, lamenta. No cree que se vaya a ahorrar nada, sino todo lo contrario, y recela de las recientes noticias sobre la atenci¨®n a los pacientes cr¨®nicos, puesto que nadie ha establecido qui¨¦nes lo son ni c¨®mo se les va a tratar. ¡°A mis pacientes ya les he dicho que me he declarado objetora y que pueden seguir viniendo a mi consulta¡±, asegura. ¡°El problema llegar¨¢ cuando necesiten otra atenci¨®n posterior¡±.

El presidente de Semfyc, Josep Basora, cree que el Gobierno central a¨²n puede rectificar antes del 1 de septiembre. ¡°Los que nos oponemos a esta medida hemos manifestado qu¨¦ problemas de salud p¨²blica puede crear y el coste que generar¨¢ por el colapso en los servicios de urgencia. Son razonamientos t¨¦cnicos que demuestran que la medida es claramente ineficiente¡±, se?ala. ¡°La decisi¨®n est¨¢ m¨¢s basada en el excel que en la raz¨®n¡±, ironiza. ¡°El hospital es m¨¢s caro que la atenci¨®n primaria¡±, abunda Molero. ¡°Cuando una patolog¨ªa cr¨®nica no se controla, el paciente se descompensa y acaba yendo a urgencias. El coste es mayor¡±, argumenta, y se?ala las muchas inc¨®gnitas a¨²n por resolver a 10 d¨ªas del cambio: ¡°?Qui¨¦n establece si una patolog¨ªa es cr¨®nica? En algunas no est¨¢ tan claro. La obesidad y los problemas que se derivan de ella, ?ser¨ªan considerados cr¨®nicos?¡±.

Cinco comunidades ¡ªAndaluc¨ªa, Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Asturias y Comunidad Valenciana¡ª ya han anunciado su intenci¨®n de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles. Basora explica que la mayor¨ªa de los m¨¦dicos inscritos en la red de objetores trabajan en las regiones que, como Madrid, han anunciado que acatar¨¢n las instrucciones del Gobierno.