Aguirre bloque¨® a Botella un plan para ampliar edificios p¨²blicos en el centro

Llegar¨¢ un d¨ªa en el que nadie recuerde c¨®mo surgi¨® tal inquina entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital; un d¨ªa en el que Alberto Ruiz-Gallard¨®n y Esperanza Aguirre sean solo nombres de calle (o avenida) para el ciudadano; un d¨ªa en el que tal vez, o tal vez no, ese enfrentamiento ¡ªabierto o velado, seg¨²n la temporada¡ª, que se remonta ya casi 10 a?os atr¨¢s, se haya diluido. Y ese d¨ªa, perdida ya la memoria, a¨²n se estar¨¢n resolviendo en los juzgados algunas de esas pugnas a las que condujo la rivalidad pol¨ªtica entre dos Administraciones gestionadas desde hace casi dos d¨¦cadas por el mismo partido pol¨ªtico.

El ¨²ltimo de estos conflictos en llegar a los tribunales es tan incomprensible como muchos de los anteriores, m¨¢s si cabe porque se esconde tras el l¨¦xico cr¨ªptico de los textos urban¨ªsticos. Resumido, vendr¨ªa a decir as¨ª: el Ayuntamiento (Partido Popular) quiso ampliar la edificabilidad de 21 inmuebles p¨²blicos de uso dotacional, bien para enriquecer esos servicios, bien para revalorizar las fincas en las que se encuentran con vistas a posibles operaciones inmobiliarias. Y la Comunidad (Partido Popular) respondi¨® que no, atendiendo a un razonamiento m¨¢s pol¨ªtico que t¨¦cnico (el expediente municipal contaba con todos los parabienes pertinentes, medioambientales y urban¨ªsticos, de los t¨¦cnicos regionales).

Conclusi¨®n: el Ayuntamiento presentar¨¢ un recurso contencioso, tal y como reconoci¨® ayer a pregunta del edil socialista Marcos Sanz, y los tribunales resolver¨¢n cuando sea menester.

La historia, a escala administrativa, es como sigue: el Ayuntamiento, regido ya por Ana Botella, aprob¨® el 28 de febrero una modificaci¨®n puntual del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana en el casco hist¨®rico de la capital, para ampliar una serie de edificios p¨²blicos mediante un aumento de su edificabilidad. Es decir, si una comisar¨ªa, por ejemplo, tuviera dos pisos de altura y se encontrara rodeada de edificios de hasta ocho alturas en la misma manzana, con este cambio podr¨ªa, en caso de considerarse necesario, crecer hasta seis plantas.

El expediente contaba con los informes medioambiental y patrimonial preceptivos, refrendados por la Comunidad de Madrid. Los edificios afectados tienen un grado de protecci¨®n parcial por su valor hist¨®rico o paisaj¨ªstico; sin mediar el cambio solicitado por el Ayuntamiento, solo podr¨ªa ampliarse su superficie edificable hasta un 20%. El expediente municipal cumpl¨ªa con la Ley regional del Suelo y hab¨ªa sido aprobado por la Comisi¨®n de Urbanismo de la Comunidad, pero requer¨ªa del visto bueno definitivo del Gobierno regional de la ahora dimitida Esperanza Aguirre, que el pasado 12 de julio decidi¨® neg¨¢rselo.

Aleg¨® que el incremento de edificabilidad se refiere a dotaciones p¨²blicas y no privadas, ¡°desestabilizando por tanto la red existente¡±. Consider¨® que, si se pidiera tambi¨¦n para las dotaciones privadas de esas zonas (aquellas, claro, que no alcanzan ya la m¨¢xima edificabilidad), ¡°redundar¨ªa en un mayor beneficio de la colectividad¡±. Es decir, seg¨²n la Comunidad, deben aumentarse las dotaciones privadas porque ello llevar¨ªa autom¨¢ticamente a aumentar las p¨²blicas, ¡°reforzando la red dotacional en su conjunto¡±.

El Ayuntamiento no ha pedido un aumento de edificabilidad para empresas privadas, algo que deber¨ªan hacer estas, sino para dotaciones de car¨¢cter p¨²blico. Pero la Comunidad va m¨¢s all¨¢ y pone en duda que no baste con aumentar un 20%, como permite la ley, esos servicios p¨²blicos, sin tener que recurrir a un cambio urban¨ªstico que permita un incremento mucho mayor. Una vez m¨¢s, decidir¨¢ el juez.