¡°Si se han rescatado bancos, ?por qu¨¦ no familias?¡±

La Justicia no es ajena a la crisis, porque la sufre y resulta clave, al mismo tiempo, para combatirla. El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, incidi¨® en ambas facetas el pasado lunes durante la apertura del A?o Judicial en Euskadi. Entonces critic¨® las reformas que prepara el ministerio que encabeza Alberto Ruiz-Gallard¨®n y situ¨® a los jueces como el ¡°contrapunto¡± necesario ante la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Pregunta. ?Pretende quitarle la silla al secretario general de alg¨²n sindicato?

Respuesta. (Risas) En absoluto. Lo que ocurre es que la reforma ha reforzado el poder del empresario, desplazando el equilibrio que se estableci¨® en el Estatuto de los Trabajadores, y corresponde ahora a la judicatura velar por el control de las relaciones laborales.

P. ?Tienen capacidad real los jueces para compensar los efectos de la reforma laboral?

R. Las normas est¨¢n compuestas de palabras, y tan importante es quien las escribe como quien las lee. M¨¢s que textos, hay lectores, es decir, int¨¦rpretes y aplicadores. Ante la desaparici¨®n de la Administraci¨®n que regulaba las relaciones laborales, es al juez a quien corresponde ahora interpretar y aplicar la reforma.

P. ?Puede dificultar esa labor el aumento de los litigios?

R. La previsi¨®n del Gobierno era que con la reforma iba a descender la conflictividad laboral, supongo que porque confiaba en el uso autocontrolado de los mayores poderes concedidos a los empresarios, pero la realidad estad¨ªstica no ha podido ser m¨¢s distinta.

P. Las aperturas del A?o Judicial parecen ganar peso pol¨ªtico desde que usted preside el Superior. Iniciativa que plantea, guante que recoge el lehendakari.

R. Es ins¨®lito, la verdad. No conozco ninguna otra experiencia similar en la que un presidente del Gobierno haya aceptado las propuestas del Poder Judicial. Estar¨ªa muy bien consolidar como costumbre que los planteamientos de una instituci¨®n hacia otra se tengan en cuenta al momento. Sobre todo, si las palabras se convierten en hechos y son tan efectivos como el a?o pasado, cuando se decidi¨® impulsar el servicio de mediaci¨®n contra los desahucios.

P. La cercan¨ªa de las elecciones dificulta adoptar las nuevas medidas contra las ejecuciones hipotecarias que anunci¨® L¨®pez.

El ministerio ha evidenciado que no conf¨ªa en los jueces¡±

R. Es cierto que el Gobierno est¨¢ casi en funciones y que las personas pasan, pero yo entiendo que la instituci¨®n y los compromisos permanecen. Es el lehendakari, como instituci¨®n, quien ha hecho el anuncio, no el Gobierno sustentado por el PSE.

P. ?Cabe alg¨²n tipo de exigencia hacia los bancos en materia de desahucios?

R. La f¨®rmula es sencilla, pero la ejecuci¨®n no es f¨¢cil. El Gobierno central ya estableci¨® un c¨®digo de buenas conductas bancarias al que se pod¨ªan adherir las entidades financieras de manera voluntaria para facilitar la daci¨®n en pago e incluso la posibilidad de permanecer en la misma vivienda mediante el pago de un alquiler. Se tratar¨ªa de convertir en obligatorio ese mecanismo voluntario, pero ello implica imponer obligaciones de manera unilateral por parte del Ejecutivo.

P. ?Ser¨ªa justo?

R. S¨ª. Yo comparto en este punto la posici¨®n del lehendakari. Si un sector de la sociedad est¨¢ destinando muy buena parte de su ahorro a salvar entidades financieras, ?por qu¨¦ no se puede rescatar a familias?

P. Usted es un ejemplo de que la Justicia pretende encabezar el discurso p¨²blico contra la crisis. ?Es una buena oportunidad para mejorar su deteriorada imagen ante la sociedad?

No temo un posible cambio de Ejecutivo tras las auton¨®micas¡±

R. La Justicia tiene un serio problema de imagen p¨²blica, pero en esta cuesti¨®n no estamos hablando de imagen, sino de responsabilidad institucional. S¨ª es cierto que ambas cuestiones est¨¢n relacionadas. Cuando la sociedad ve que una instituci¨®n asume su funci¨®n, se facilita su reconocimiento.

P. Los rifirrafes internos, por el contrario, no ayudan. Las pol¨¦micas en el Consejo General del Poder Judicial son buena muestra de ello.

R. El Consejo General del Poder Judicial, en realidad, no forma parte del poder judicial, aunque es su ¨®rgano de gobierno. Ni juzga ni ejecuta lo juzgado. Sin embargo, lo que sucede en el gobierno de la judicatura es visto por la sociedad como una extensi¨®n del poder judicial. Por eso recibimos el impacto negativo en t¨¦rminos de imagen. Avanzar¨ªamos si los ciudadanos tuvieran claro que los jueces no disponemos de tarjeta Visa, ni gozamos de dietas para viajar los fines de semana, ni tenemos diatribas de car¨¢cter pol¨ªtico entre nosotros¡­

P. ?Hacen falta cambios en el Consejo?

R. S¨ª, seguro. Hay un consenso en torno a esto, pero no se ha dado con la f¨®rmula adecuada.

P. La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que pretende el ministro ha levantado una aut¨¦ntica polvareda.

R. Yo no recuerdo en mi vida como juez ning¨²n otro momento de mayor estupor e indignaci¨®n en la judicatura.

P. Las quejas de jueces y fiscales en los ¨²ltimos d¨ªas as¨ª lo han evidenciado.

Hacen falta cambios en el Consejo General del Poder Judicial¡±

R. La reforma persigue aplicar a los jueces las medidas establecidas para la eficacia de la funci¨®n p¨²blica, cuando el mero hecho de hablar de competitividad conlleva una visi¨®n equivocada de la labor jurisdiccional. Pero es que, adem¨¢s, nunca en democracia se hab¨ªa considerado a los jueces, en el tratamiento del ejercicio de su funci¨®n, como estrictos empleados p¨²blicos. Aplicar el Estatuto del Empleado P¨²blico a los jueces supone, en la pr¨¢ctica, que se les pretende supeditar a una Administraci¨®n p¨²blica dirigida por un Gobierno. No puede haber un planteamiento m¨¢s alejado del sometimiento exclusivo al imperio de la ley.

P. ?Qu¨¦ es lo m¨¢s pernicioso del proyecto en el que trabaja el Ejecutivo central?

R. El Ministerio de Justicia ha evidenciado que no conf¨ªa en la judicatura, al pensar que se puede hacer el mismo trabajo con menos gente y en peores condiciones. Eso genera inevitablemente unos efectos de rec¨ªproca desconfianza.

P. ?Qu¨¦ consecuencias tendr¨ªa su aplicaci¨®n?

R. La Justicia ser¨ªa m¨¢s lenta y m¨¢s cara. M¨¢s lenta debido a la mayor litigiosidad con una plantilla congelada. Y m¨¢s cara porque se pretende financiar la modernizaci¨®n con tasas que gravan de manera muy importante el acceso a la jurisdicci¨®n.

P. ?Ha relegado el Ejecutivo de Mariano Rajoy la Justicia?

R. Lo que es una realidad es que el Pacto de Estado por la Justicia de 2001 y lo que se ejecut¨® durante 10 a?os se ha colapsado. El consenso de entonces en el diagn¨®stico de que la Justicia en Espa?a tiene soluci¨®n no se comparte ahora por el Ministerio. Y sin un consenso parlamentario, la modernizaci¨®n no puede avanzar, como no ha avanzado en los ¨²ltimos a?os, con la ¨²nica excepci¨®n del Pa¨ªs Vasco.

P. ?Cabe una huelga de la judicatura a modo de protesta?

R. Como presidente del Superior, entiendo que no. Y no porque no crea que los jueces podemos ser titulares del derecho de huelga, sino porque su ejercicio en este momento producir¨ªa unos efectos de agravamiento de la situaci¨®n y no de mejora.

P. Euskadi es un ejemplo a seguir en esta materia.

R. Ha ejercido muy bien su competencia, sobre todo en lo que a la implantaci¨®n de la nueva oficina se refiere. La concesi¨®n al partido judicial de Durango del premio nacional a la calidad de la Justicia es una buena muestra de ello.

P. Las supuestas irregularidades descubiertas en la informatizaci¨®n de juzgados parec¨ªan apuntar en sentido contrario.

R. Los programas de informatizaci¨®n de la Administraci¨®n de Justicia en el Pa¨ªs Vasco vienen de muy atr¨¢s y hace tiempo que entraron en una situaci¨®n de no satisfacci¨®n de los objetivos. El expediente electr¨®nico judicial es un ejemplo de ello. Yo asist¨ª a su presentaci¨®n hace tres a?os y a¨²n no est¨¢ operativo, pese a que es fundamental para la nueva oficina judicial.

P. ?Hizo bien el actual departamento al denunciar las irregularidades y darlas a conocer en p¨²blico?

R. Me he limitado a lo que conozco. No voy a decir nada m¨¢s.

P. Lo cierto es que la colaboraci¨®n con el actual Ejecutivo vasco ha sido muy buena. ?Teme un cambio de escenario tras el 21-O?

R. No. Siempre he dicho que el mejor consejero de Justicia fue Juan Ram¨®n Guevara, que formaba parte de un Ejecutivo sustentado por el PNV. Luego ha habido otros buenos consejeros, pero las primeras legislaturas fueron espl¨¦ndidas en cuanto a dise?o, recursos presupuestarios y colaboraci¨®n.

P. Pero un Gobierno nacionalista siempre considerar¨¢ como algo m¨¢s ajeno al poder judicial.

R. Cuando un Ejecutivo se plante¨® el establecimiento de un poder judicial vasco tuvimos que tomar posici¨®n, pero yo no tengo por qu¨¦ prejuzgar lo que va a hacer el pr¨®ximo Gobierno.