El Gobierno no contempla ¡°de momento¡± modificar la ley sobre manifestaciones
Gonz¨¢lez avala la petici¨®n de la delegada por el "colapso" que est¨¢ sufriendo la capital Cifuentes matiza que no pide que se limite el derecho y admite que no le corresponde a ella Rubalcaba advierte de que no van a "tolerar m¨¢s recortes de derechos" Los sindicatos policiales opinan que ¡°no es necesario¡± cambiar la ley sino ¡°aplicarla¡±
Debate zanjado o, al menos, aplazado. El Ministerio del Interior ha respondido a su propia representante en Madrid que "no contempla, de momento" modificar la ley que regula el derecho de reuni¨®n y de manifestaci¨®n, seg¨²n han asegurado esta tarde fuentes de este departamento, informa M¨®nica Ceberio. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP), plante¨® ayer ¡°modular¡± la ley para "racionalizar" el uso del espacio p¨²blico¡±, si bien matiz¨® que no se tratar¨ªa de cambiar la Constituci¨®n, que en su art¨ªculo 21 lo protege, ni de "recortar" este derecho, sino de revisar la Ley Org¨¢nica de 1983, a su juicio "muy permisiva y amplia".
Seg¨²n su propuesta, se tratar¨ªa de ampliar el ¡°margen de maniobra¡± de las Administraciones para modificar recorridos y horarios para evitar que haya "10 protestas el mismo d¨ªa" en la capital. La propuesta ha recibido sin embargo el aval de muchas voces del partido, encabezadas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, que ha considerado "razonable" la petici¨®n. Gonz¨¢lez ha justificado la necesidad de una reforma en el "colapso" que, a su juicio, est¨¢ sufriendo la ciudad.
Entrevistado en la cadena SER, Gonz¨¢lez ha repetido lo dicho por Cifuentes: "No es que se restrinja el derecho de manifestarse. Es tener la posibilidad de ordenar el ejercicio de ese derecho, que se pueda administrar esas peticiones de una manera racional". El presidente madrile?o ha argumentado que "en Madrid hay muchas concentraciones",? 2.200 desde enero, y que "no se puede estar colapsando permanentemente la ciudad".
Para Gonz¨¢lez, manifestarse no soluciona nada: "Cualquier ciudadano sabe lo que est¨¢ pasando y que pr¨¢cticamente todos los d¨ªas hay muchas movilizaciones en el centro, no tiene mucho sentido". "Tiene raz¨®n la delegada. Hay que respetar el derecho a manifestaci¨®n pero tambi¨¦n el de los dem¨¢s ciudadanos a moverse y poder circular", ha sentenciado. Tambi¨¦n desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha apostado por un equilibrio entre el derecho a la manifestaci¨®n y el respeto la vida "ordinaria y rutinaria" de los madrile?os.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado una de cal y otra de arena. Por una parte, ha afirmado que?el ejercicio leg¨ªtimo del derecho de manifestaci¨®n, considerado "fundamental", debe ser protegido, aunque los poderes p¨²blicos si lo consideran "necesario" pueden regularlo aunque solo "administrativamente", nunca por la v¨ªa penal o constitucional. A su juicio, ir m¨¢s all¨¢ ser¨ªa perjudicial: "Todo lo que sea restringir en exceso los derechos fundamentales complica la convivencia democr¨¢tica". Por otro lado, ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotaci¨®n de un leg¨ªtimo malestar social" como un medio para "deslegitimar en bloque" la forma de Estado, "las C¨¢maras o sus titulares", con un "frecuente y grav¨ªsimo quebranto de la convivencia democr¨¢tica".
Mucho m¨¢s tajante ha sido el jurista Jos¨¦ Manuel G¨®mez Ben¨ªtez, vocal del Poder Judicial, quien ha recordado que manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder", por lo que la propuesta de Cifuentes es, a su juicio, "t¨ªpica de reg¨ªmenes autoritarios y dictatoriales". En declaraciones a la SER, ha a?adido que es "bastante posible" que la representante del Gobierno en Madrid se haya situado "fuera del marco constitucional". "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el n¨²mero, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay m¨¢s ciudadanos que no conf¨ªan en que las personas a las que han elegido o que se encuentran qui¨¦nes defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una v¨ªa directa de manifestar su cr¨ªtica", ha subrayado.
La tambi¨¦n vocal del Poder Judicia Margarita Robles ha censurado la idea: "Este Gobierno cuando hay un problema lo ¨²nico que pretende es cambiar la ley". Robles ha considerado innecesaria una modificaci¨®n porque si se trata de compatibilizar derechos ¡ªlos de los manifestantes y los de los dem¨¢s ciudadanos¡ª "esa es labor de la Delegaci¨®n del Gobierno".
Dado el revuelo, la propia Cristina Cifuentes ha vuelto esta ma?ana sobre el asunto para negar que "ni mucho menos" abogue por "restringir" el derecho a protestar sino por regularlo para minimizar el impacto de las molestias a vecinos y comerciantes. Seg¨²n Cifuentes, proteger el derecho de manifestaci¨®n "no es incompatible con la racionalidad de su utilizaci¨®n y, sobre todo, con la racionalidad en el uso de los espacios p¨²blicos".
"Yo no he dicho en ning¨²n momento y adem¨¢s no creo que haya que reformar la Constituci¨®n. Yo no entro a valorar qu¨¦ reforma habr¨ªa que hacer, es un tema complicado", ha admitido la delegada. "Ni lo he hecho ni me corresponde porque yo no soy legisladora", ha continuado, para a?adir que lo que ha planteado es la oportunidad de abrir un debate. "Debatir las cuestiones es bueno en una sociedad democr¨¢tica. No s¨¦ qu¨¦ miedo tienen algunos a poder hablar libremente de cualquier tema", ha apostillado.
El l¨ªder del PSOE, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ha advertido de que los socialistas no van a "tolerar m¨¢s recortes de derechos" y se ha preguntado en las redes sociales "por qu¨¦ la derecha habla de modular cuando quiere decir restringir". La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido una rectificaci¨®n a Cifuentes. "No parece muy prudente que la delegada del Gobierno lance mensajes para limitar el derecho de manifestaci¨®n... debe rectificar", ha escrito Valenciano en Twitter.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Tom¨¢s G¨®mez, ha acusado al PP de tener "querencias predemocr¨¢ticas". La diputada y l¨ªder de UPyD, Rosa D¨ªez, se ha mostrado tambi¨¦n en contra de limitar la protesta, puesto que se trata de un "derecho b¨¢sico" de los ciudadanos. "La crisis no puede ser una excusa para recortar derechos", ha reflexionado. El secretario general de UGT, C¨¢ndido M¨¦ndez, ha acusado a Cifuentes y a la secretaria general del PP, Mar¨ªa Dolores de Cospedal, de querer ocupar el hueco de la expresidenta Esperanza Aguirre, haciendo "propuestas siniestras".
Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, ya replicaron ayer a la delegada que ¡°no es necesario¡± modular la ley. Seg¨²n los sindicatos, lo que hay que hacer es ¡°aplicar la ley que tenemos de reuni¨®n y manifestaci¨®n y cuando no cumplan con los requisitos no autorizarlas¡±, declar¨® el secretario de comunicaci¨®n del SUP, Jos¨¦ Mar¨ªa Benito. El dirigente se mostr¨® de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifest¨®dromo", pero insisti¨® en que "eso no es suficiente para pretender modificar la ley". "No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n debe ser un derecho sagrado en un pa¨ªs democr¨¢tico", dijo por su parte el secretario general de la CEP, Ignacio L¨®pez.
Una reforma de dif¨ªcil encaje constitucional
El derecho de manifestaci¨®n est¨¢ regulado por el art¨ªculo 21 de la Constituci¨®n y desarrollado por la Ley Org¨¢nica de 1983. Los dos requisitos exigidos para prohibir o modificar una protesta son que puedan alterar el orden p¨²blico y que exista riesgo real para las personas o los bienes. En los nueve primeros meses del a?o se han registrado 2.732 manifestaciones, entre las autorizadas y las que no contaban con el visto bueno de la Delegaci¨®n del Gobierno.
La reforma de esta norma requiere la mayor¨ªa absoluta del Congreso de los Diputados, condici¨®n con la que cuenta en estos momentos el PP. Sin embargo, el eventual texto siempre tendr¨ªa que mantener el contenido esencial del derecho de manifestaci¨®n, seg¨²n recuerda el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Manuel S¨¢nchez de Diego. "La ¨²ltima palabra en caso de que la nueva ley no se ajustara a derecho la tendr¨ªa el Tribunal Constitucional, que puede modificar o rechazar la norma, como ya ha hecho en algunas sentencias", a?ade el profesor. Eso s¨ª, ese fallo del Constitucional no podr¨ªa hacerse de oficio. Exigir¨ªa que acudieran a ¨¦l diputados o el Defensor del Pueblo, entre otros.
Para cambiar itinerarios u horarios de manifestaciones o incluso prohibirlas, los jueces siempre valoran si no es posible encontrar una medida m¨¢s moderada y que tenga la misma eficacia (que no se corte la circulaci¨®n). Tambi¨¦n ponderan que la protesta sea proporcional con el bien general y que no cause perjuicios para bienes o valores, seg¨²n S¨¢nchez de Diego.
Otro profesor de Derecho Constitucional, Santiago S¨¢nchez Gonz¨¢lez, de la UNED, mantiene, por el contrario, que con la actual legislaci¨®n ser¨ªa posible reducir el alto n¨²mero de manifestaciones diarias en Madrid. "Se deber¨ªan ponderar por parte de los jueces otros derechos en conflicto como la libre circulaci¨®n o los perjuicios a comerciantes y empresarios", se?ala.
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