M¨¢s all¨¢ de la autonom¨ªa

?Si llega alg¨²n d¨ªa Catalu?a a declarar la independencia, lo har¨¢ tambi¨¦n la Comunidad Valenciana? Una lectura estricta de la disposici¨®n adicional segunda del Estatuto de Autonom¨ªa valenciano, la denominada ¡°cl¨¢usula Camps¡±, as¨ª lo sugiere. ¡°Cualquier modificaci¨®n de la legislaci¨®n del Estado que, con car¨¢cter general y en el ¨¢mbito nacional, implique una ampliaci¨®n de las competencias de las Comunidades Aut¨®nomas ser¨¢ de aplicaci¨®n a la Comunidad Valenciana, consider¨¢ndose ampliadas en esos mismos t¨¦rminos sus competencias¡±, reza la disposici¨®n, introducida en 2006 a iniciativa del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Y contin¨²a: ¡°La Comunidad Valenciana velar¨¢ por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en t¨¦rminos de igualdad con las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas¡±.

Por si todav¨ªa no quedaba clara la intenci¨®n, la disposici¨®n a?ade: ¡°A este efecto, cualquier ampliaci¨®n de las competencias de las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas que no est¨¦n asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunidad Valenciana con anterioridad obligar¨¢, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas de actualizaci¨®n¡±.

La sentencia del Estatuto catal¨¢n fren¨® la evoluci¨®n del modelo

La reforma estatutaria de 2006 no fue impulsada por un partido separatista o federalista sino por la organizaci¨®n valenciana del PP de Mariano Rajoy, que la pact¨® con la oposici¨®n socialista. Fue impulsada por el mismo partido que ese mismo a?o present¨® el recurso al nuevo Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia frenar¨ªa en seco, cuatro a?os despu¨¦s, tras un pulso pol¨ªtico que rompi¨® los equilibrios en su composici¨®n, cualquier expectativa de evoluci¨®n del Estado de las Autonom¨ªas hacia un reconocimiento del car¨¢cter plurinacional del Estado espa?ol y, lo que era m¨¢s trascendente, cualquier expectativa de cambio del modelo ¡°desde abajo¡± o ¡°desde dentro¡±. Lo que llev¨® a personas de la relevancia del expresidente del Gobierno Felipe Gonz¨¢lez (que firm¨® entonces un art¨ªculo sobre el asunto conjuntamente con Carme Chac¨®n) a considerar superada una etapa y a propugnar que hab¨ªa que emprender una transformaci¨®n federal del Estado.

Mientras tanto, en Catalu?a la frustraci¨®n abr¨ªa una din¨¢mica que ha culminado dos a?os despu¨¦s en la manifestaci¨®n multitudinaria por la independencia del pasado 11 de septiembre y el reto soberanista lanzado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pero que se ha reflejado en muchos ¨¢mbitos de la vida c¨ªvica y cultural.

Por ejemplo, un te¨®rico del federalismo plurinacional como Ferran Requejo, uno de los estudiosos de referencia del Estado compuesto, modific¨® definitivamente sus planteamientos a partir de la sentencia del Estatuto y emprendi¨® otra v¨ªa, reflejada en un ensayo significativamente titulado Camins de democr¨¤cia: de l¡¯autonomia a la independ¨¨ncia. Casi al mismo tiempo, desde la Fundaci¨®n para el An¨¢lisis y los Estudios Sociales (FAES), el principal think tank de la derecha espa?ola, el informe Por un Estado auton¨®mico racional y viable pon¨ªa en cuesti¨®n la eficiencia del modelo en la prestaci¨®n de servicios. Aquel es, todav¨ªa hoy, el gui¨®n te¨®rico de las posiciones recentralizadoras que se han esbozado al amparo de las exigencias de austeridad derivadas de la crisis econ¨®mica.

La fundaci¨®n FAES marc¨® los argumentos recentralizadores

La cl¨¢usula Camps no tiene efectos realmente operativos, como saben todos los expertos, y nadie se la toma demasiado en serio, pero su ¡°esp¨ªritu¡±, por llamarlo as¨ª, inspir¨® al PP, en su cruzada victimista ante el Gobierno que encabezaba el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, para reformar de nuevo el Estatuto apenas cinco a?os despu¨¦s. Se introdujo, en aquel momento, una disposici¨®n adicional que pretende blindar las inversiones estatales, es decir, garantizar que el Estado invertir¨¢ en proporci¨®n al peso de la poblaci¨®n valenciana respecto al conjunto de Espa?a. Los populares hab¨ªan impugnado esa disposici¨®n en otros estatutos, como el andaluz, por supuesta inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional le dio luz verde al considerar que el blindaje no obliga al Estado, aunque el Gobierno de Zapatero se preocup¨® de cumplirlo all¨ª donde exist¨ªa.

La reforma estatutaria y otras iniciativas, como una proposici¨®n de las Cortes Valencianas para reformar la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) con la pretensi¨®n de generalizar el blindaje a todas las comunidades, se han convertido en ¡°patatas calientes¡± con las que el Congreso de los Diputados no sabe muy bien qu¨¦ hacer, ahora que al nuevo inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, le incomodan por su inoportunidad.

La frivolidad proverbial del PP valenciano en la instrumentalizaci¨®n de mecanismos estatutarios y legales de mayor calado (entre los que hay que incluir amagos de reformar la ley electoral) para generar ventajas a corto plazo ha sido una constante que no parece haber cambiado con el acceso de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat. En el reciente debate de pol¨ªtica general, el jefe del Consell hizo solo una propuesta relevante: reducir de 99 a 79 el n¨²mero de diputados de la C¨¢mara auton¨®mica, lo que exigir¨ªa una nueva reforma del Estatuto de Autonom¨ªa y un refer¨¦ndum. La intenci¨®n era dar una imagen de compromiso con la austeridad. El instrumento, algo que implica abrir de nuevo el mel¨®n institucional.

El PP valenciano ha usado las reformas estatutarias con frivolidad

Tal actitud, de llamativa inspiraci¨®n populista, va a servir de poco si el debate territorial y el conflicto por el modelo de Estado adquieren de nuevo en Espa?a, como parece el caso, caracteres constituyentes, si apelan a pactos pol¨ªticos de cierta relevancia. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, lo ha entendido as¨ª. De ah¨ª su claro posicionamiento federalista y su afirmaci¨®n de que ¡°a los valencianos es a quienes m¨¢s interesa que se mueva el tablero auton¨®mico, porque somos los que estamos peor. El federalismo es una soluci¨®n para Espa?a y tambi¨¦n, espec¨ªficamente, para los valencianos. Los valencianos necesitamos resituarnos en Espa?a en el tema de la financiaci¨®n auton¨®mica¡±.

Considerar que el debate sobre el modelo de Estado es una oportunidad acerca, sin duda, al PSPV-PSOE a las posiciones de la Coalici¨® Comprom¨ªs y de Esquerra Unida del Pa¨ªs Valenci¨¤, eventuales socios en una alternativa a dos d¨¦cadas de hegemon¨ªa del PP. Pero tambi¨¦n lo acerca a significativos sectores de la sociedad civil, como el influyente lobby de la Asociaci¨®n Valenciana de Empresarios (AVE), que ha manifestado expresamente que hay que aprovechar la discusi¨®n abierta desde el Gobierno de Artur Mas y ¡°subirse al carro¡± de Catalu?a para corregir un sistema que, sobre todo en la financiaci¨®n, resulta discriminatorio para la Comunidad Valenciana.

El PP se debate entre el recurso instintivo a su ¡°ideolog¨ªa de reserva¡± ¡ªFabra hizo un amago de desenterrar la demagogia anticatalanista en su discurso de pol¨ªtica general¡ª o el alineamiento estricto con el discurso que Rajoy marque desde Madrid, lo que no ofrece mucho margen de maniobra. Si hay que deducir algo de las declaraciones de los dirigentes valencianos del PP es que esperan a verlas venir.

El l¨ªder socialista valenciano, Ximo Puig, apuesta por el federalismo

As¨ª, el secretario general de los populares valencianos y consejero de Gobernaci¨®n, Seraf¨ªn Castellano, por ejemplo, viene acusando a los socialistas de ¡°querer aliarse con partidos que hacen algaradas independentistas¡±, pero apenas ha definido m¨¢s posici¨®n propia que la defensa de la Constituci¨®n. ¡°Defendemos el t¨ªtulo octavo, creemos que el modelo auton¨®mico es positivo y ha tra¨ªdo una etapa de prosperidad, que como todo hay que mejorarlo, pero no cuestionarlo ni cambiarlo¡±, ha dicho.

¡°Las cuestiones territoriales pasan por fases distintas¡±, ha escrito Josep Maria Castell¨¤, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, ¡°a veces se enconan, otras se enquistan, otras se diluyen, sin embargo, m¨¢s dif¨ªcilmente se dan por superadas. En cualquier caso, todas las instituciones, los juristas y tambi¨¦n la sociedad civil tienen una gran responsabilidad para trabajar activamente, y con altura de miras, para afrontar los conflictos cuando se plantean, y poner todos de nuestra parte para resolverlos, asumiendo que la soluci¨®n dif¨ªcilmente ser¨¢ definitiva¡±.