La ¡®l¨ªnea roja¡¯ del Estado del bienestar
Sanidad afronta al reto de garantizar su sostenibilidad en una de las sociedades m¨¢s envejecidas del mundo evitando recortes y eludiendo las medidas de Rajoy
Parec¨ªa intocable, pero en los ¨²ltimos meses ha demostrado que no lo es. La sanidad, uno de los pilares determinantes del Estado del bienestar, afronta una legislatura en la que Euskadi sabr¨¢ si puede evitar aplicar el copago farmac¨¦utico ¡ªse espera una primera respuesta del Constitucional antes de que finalice enero¡ª y en la que el servicio p¨²blico corre el riesgo de ser adelgazado con nuevas medidas del Gobierno central.
Los principales partidos repiten pr¨¢cticamente con los mismos lemas su intenci¨®n de salvaguardar la sanidad p¨²blica vasca y mantener su universalidad. Unos, como el PSE, lo hacen echando mano de la gesti¨®n realizada en los ¨²ltimos meses, en los que el Ejecutivo aut¨®nomo se ha convertido en un insumiso ante las ¨®rdenes del Ministerio de Sanidad. Otros, como el PNV, que no menciona el copago farmac¨¦utico en su programa, subrayando que Osakidetza ¡°ha retrocedido muchas posiciones¡± en los ¨²ltimos tres a?os.
Gestionar el enfrentamiento con el Gobierno central en las bases del sistema sanitario p¨²blico seguir¨¢ siendo uno de los principales cometidos del Gabinete que surja de las urnas del 21-O. Al tiempo, deber¨¢ decidir si mantiene la senda iniciada por el equipo de Rafael Bengoa de enfocar el funcionamiento de Osakidetza a los pacientes cr¨®nicos y a quienes padecen varias enfermedades, en una de las sociedades m¨¢s envejecidas del mundo, una tendencia demogr¨¢fica que va a ir a m¨¢s en los pr¨®ximos a?os.
El PNV plantea informar al paciente del coste de su atenci¨®n
Otras comunidades aut¨®nomas ya han empezado a seguir la senda de Euskadi para mejorar la calidad asistencial y hacer que el sistema sea sostenible a medio y largo plazo.
En casa, de entrada, algunos de los proyectos de la estrategia de cr¨®nicos, como la extensi¨®n de la telemedicina, el servicio de atenci¨®n a distancia o la apuesta por formar pacientes cr¨®nicos, se repiten en la mayor¨ªa de los programas electorales. Adem¨¢s, los partidos coinciden en que debe reforzarse el centro de salud ¡ªEH Bildu propone que solo se acceda al hospital a trav¨¦s de un volante del Punto de Atenci¨®n Continuada¡ª, y el papel de las enfermeras.
Pol¨¦mica por las ayudas sociales
M¨¢s de 61.000 ciudadanos que viven en Euskadi reciben ya la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI), la m¨¢s importante de unas ayudas sociales envueltas los tres ¨²ltimos a?os en la pol¨¦mica. Con la sostenibilidad del mejor sistema de ayudas sociales de Espa?a entre interrogantes, las cifras de perceptores no paran de crecer. El Ejecutivo de Patxi L¨®pez ya ha anunciado que no plantea mantener el 7% de recorte mensual en las cuant¨ªas, que estableci¨® de forma temporal en los presupuestos de este a?o. El resto de partidos no hace referencia a este recorte en sus programas.
El PNV, que ha mantenido un perfil bajo ante los cambios legales que han sufrido las ayudas merced al extinto pacto entre socialistas y populares, se esfuerza por no mencionar a Lanbide, que ahora gestiona la Renta de Garant¨ªa y el complemento de vivienda.
El partido m¨¢s beligerante en materia de ayudas sociales es, sin duda, el PP, que ha retomado la exigencia de cinco a?os de empadronamiento para solicitarlas y que plantea un rosario de medidas para endurecer el acceso a ellas, apuntando constantemente al fraude. Javier Maroto, alcalde de Vitoria y n¨²mero dos en la lista popular alavesa, est¨¢ siendo uno de los pol¨ªticos m¨¢s activos en reclamar cambios en las prestaciones, con declaraciones que apuntan directamente a los inmigrantes que las reciben.
A los cambios legales que reclama el PP se suma otro de los socialistas centrado en modificar la estructura de las prestaciones. Su intenci¨®n es que el complemento de vivienda, considerado como la Renta de Garant¨ªa un derecho subjetivo y, por tanto, exigible por ley, se suprima y pase a ser una ayuda concedida por el Departamento de Vivienda.
Todo ello en un momento en que se han reducido dr¨¢sticamente las derivaciones a la sanidad privada ¡ªun 40% menos de derivaciones quir¨²rgicas en 2011 frente a 2010¡ª, lo que ha obligado a realizar muchas m¨¢s actuaciones en el seno del Servicio Vasco de Salud. Es una Osakidetza con fuertes restricciones en la sustituci¨®n del personal, pero que, pese a todo, ha logrado que el inevitable aumento de las listas de espera no sea desbocado: de media se espera 48 d¨ªas para ser operado, uno m¨¢s que en 2011. Los socialistas se comprometen a ¡°mantener¡± los niveles actuales, el PNV plantea que los especialistas pasen consulta tambi¨¦n en horario de tarde y establecer un ¡°sistema de prioridades¡± en la gesti¨®n de estas listas en funci¨®n de la gravedad y el PP anuncia un plan espec¨ªfico de listas de espera.
Si se cumplen los resultados de las encuestas y el PNV vuelve a Ajuria Enea, asumir¨¢n la cartera de Sanidad en una situaci¨®n que desconocieron durante las d¨¦cadas seguidas en que la gestionaron: el presupuesto de este a?o, 3.403 millones de euros, un 0,5% menos que el ejercicio precedente, contrasta con los incrementos de hasta un 10% anual vividos en ¨¦pocas de gesti¨®n nacionalista. El PNV busca hacer part¨ªcipe al paciente del coste que tiene su atenci¨®n y plantea en su programa establecer sistemas para informarle de esas cantidades, lo que coloquialmente se denomina factura sombra.
Pese al escaso margen de maniobra, la necesidad de mejoras sigue aflorando: por un lado, los partidos hoy en la oposici¨®n apuestan por desarrollar m¨¢s el sistema de receta electr¨®nica implantado por los socialistas. EH Bildu y PNV defienden impulsar la euskaldunizaci¨®n de los profesionales, mientras el PP plantea flexibilizar esta cuesti¨®n en las oposiciones. Por otro lado, todos aprecian carencias en la atenci¨®n al final de la vida. Las cuatro formaciones ofrecen mejoras en cuidados paliativos y los socialistas piden una ley de derechos al final de la vida.
El Gobierno vasco afrontar¨¢ adem¨¢s una nueva etapa en la definici¨®n de los servicios sociales, con el desarrollo de la ley que los regula, aprobada en 2008, pero a¨²n sin aplicar en toda su extensi¨®n.
La normativa recoge servicios que afectan a los 150.000 dependientes que viven en Euskadi, un colectivo sumido en la incertidumbre ante los recortes del Ejecutivo popular. Por el momento, las Diputaciones tratan de paliarlos con recursos propios, pero el PSE ya ha propuesto medidas fiscales para garantizar que la dependencia no se queda sin recursos. El resto de partidos se limitan a defender una financiaci¨®n ¡°suficiente¡±.
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