La hora de las demoliciones

Ocurri¨® en abril. Un mismo juzgado salv¨® las casas de Manuela y Kanako. Manuela hab¨ªa construido su casa ilegal en Chipiona; Kanako, en Sanl¨²car de Barrameda. Y aunque el mismo juzgado conden¨® a ambas por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio, por haber levantado su vivienda en suelo no urbanizable, se les conced¨ªa la oportunidad de mantener en pie sus residencias. La Fiscal¨ªa recurri¨®. Su esfuerzo es convencer a los jueces de que solo con los derribos se evita la impunidad de los ataques contra el urbanismo legal. Y, ahora en octubre, la Audiencia Provincial de C¨¢diz acaba de dar la raz¨®n al Ministerio P¨²blico. Las casas de Manuela y Kanako tendr¨¢n que ser demolidas.

La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de C¨¢diz, con Patricia Navarro al frente, ha saludado estas dos sentencias como un paso important¨ªsimo en su lucha contra este tipo de edificaciones ilegales, que han proliferado en los ¨²ltimos a?os en toda Andaluc¨ªa. Pero no siempre los jueces han respondido. Uno de los argumentos m¨¢s habituales es que derribar una sola casa, cuando alrededor hay cientos en similar situaci¨®n, no arregla el problema. Los nuevos fallos judiciales de la Audiencia Provincial de C¨¢diz asumen el criterio del Tribunal Supremo de que la ¨²nica manera de responder a un delito es reparar el da?o causado.

Manuela fue condenada en abril por el juzgado de lo penal n¨²mero cuatro de C¨¢diz por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio a seis meses de prisi¨®n y una multa de 1.440 euros. Pero el fallo a?ad¨ªa: ¡°No ha lugar a la demolici¨®n interesada por el Ministerio P¨²blico¡±. Es exactamente la misma pena que el mismo juzgado dict¨® en el mismo mes a Kanako. Se salvaban del derribo. Ambas, tal y como recogen las sentencias, levantaron sus casas ¡°en zona donde existen numerosas viviendas¡±.

La Fiscal¨ªa sostiene que tirar casas es la forma de luchar contra la impunidad

Adem¨¢s, sus ayuntamientos hab¨ªan anunciado planes de regularizaci¨®n de esas ¨¢reas. El juzgado n¨²mero cuatro consideraba que las demoliciones no servir¨ªan para reponer el da?o causado puesto que formaban parte de un n¨²cleo de poblaci¨®n donde otros hab¨ªan hecho lo mismo que ellas. Y donde los ayuntamientos, que ya organizaban recogida de basuras, parada de autobuses o mejoras en el alcantarillado, ten¨ªa planes para legalizar esas casas. Acabar con una o dos no solucionaba el problema.

La Fiscal¨ªa no estaba de acuerdo y recurri¨®. En ambas sentencias, la Audiencia Provincial echa por tierra los criterios del juzgado n¨²mero cuatro. Y lo hace en t¨¦rminos duros. ¡°Incurre en graves errores¡± al presuponer intenciones de regularizaci¨®n, que todav¨ªa no se han producido. ¡°A d¨ªa de hoy esa casa sigue en suelo no urbanizable¡±, dice en la sentencia de Chipiona. Tambi¨¦n echa por tierra el criterio de que la casa est¨¦ situada junto a otras en similar situaci¨®n. ¡°No se ha podido acreditar¡±. La Audiencia Provincial, al igual que la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo, cree que se pueden hacer excepciones, pero que la norma general debe ser el derribo, tal y como marca el art¨ªculo 319 del C¨®digo Penal.

Este respaldo a la Fiscal¨ªa llega de un momento clave para el futuro de este tipo de sentencias en Andaluc¨ªa. Lo advert¨ªa la memoria de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de 2011, donde ya se se?alaba la preocupaci¨®n del efecto que tendr¨¢ en pr¨®ximas decisiones judiciales la aplicaci¨®n del decreto de la Junta de Andaluc¨ªa por la que se va a regular las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables de la comunidad. En ese informe, los fiscales especializados en la materia ya resaltaban la complejidad que se sumaba a su labor el hecho de tener un decreto que hac¨ªa depender de los ayuntamientos y sus planes generales la viabilidad o no de futuras demoliciones.

Unas 300.000 viviendas ilegales podr¨ªan salvarse y ser regularizadas

El Consejo de Gobierno andaluz sacaba adelante este decreto que, en la pr¨¢ctica, serv¨ªa para dar soluci¨®n global a las alrededor 300.000 viviendas ilegales que hay en la comunidad. El decreto instaba a salvar del derribo a un 90% de ellas, salvo las construidas junto a Bienes de Inter¨¦s Cultural, zonas inundables o cuando el delito urban¨ªstico no hubiese prescrito. El resto, est¨¢n construidas en suelos no urbanizables, como las de Manuela o Kanako, y los ayuntamientos les pueden otorgar un reconocimiento jur¨ªdico.

El decreto es de enero y la Fiscal¨ªa mostraba su preocupaci¨®n por la dificultad a?adida que supon¨ªa tener esta normativa sobre casos conocidos antes de esa fecha pero no resueltos todav¨ªa. ¡°Esto puede dar lugar a diversidad de interpretaciones judiciales, lo que puede resultar lamentable tras conseguir criterios uniformes favorables a la demolici¨®n salvo supuestos muy excepcionales¡±, explicaba en esa memoria la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Sevilla. En t¨¦rminos generales, los fiscales acordaron seguir reclamando la demolici¨®n y no retirar esta petici¨®n, salvo que se haya aprobado la modificaci¨®n del plan general que recalifique los suelos quieran no urbanizables en urbanos no consolidados.

Los fiscales tambi¨¦n han mostrado su inquietud por la forma en la que los ayuntamientos vayan a asumir este decreto. Para que su esfuerzo de muchos a?os para reparar la legalidad urban¨ªstica no sea demolido en poco tiempo.