La falta de cr¨¦dito de la Generalitat paraliza el canal Segarra-Garrigues

La construcci¨®n pendiente del canal Segarra-Garrigues se paralizar¨¢ en cuesti¨®n de dos meses. El conglomerado empresarial encargado de ejecutar y explotar el proyecto ha recibido la orden de la empresa auton¨®mica Infraestructures.cat de ir finalizando las obras que se estaban llevando a cabo y de no iniciar, por el momento, ninguna m¨¢s. El motivo no es otro que la negativa de los bancos encargados de financiar la macroinversi¨®n a aportar m¨¢s dinero, despu¨¦s de que el ratingcrediticio de la Generalitat quedara por debajo de las garant¨ªas que figuraban en el cr¨¦dito sindicado que se firm¨® en 2005, y que ascend¨ªa a unos 900 millones de euros.

Hace m¨¢s de un a?o y medio que no se cumpl¨ªa esa garant¨ªa, si bien los bancos implicados en el marco de financiaci¨®n, liderado por Bankia, no expresaron su intenci¨®n de cortar el grifo del cr¨¦dito hasta hace unos meses. En mayo, Moody¡¯s rebaj¨® la calificaci¨®n de la deuda catalana a niveles de bono basura y Standars and Poor¡¯s sigui¨® los mismos pasos en septiembre.

¡°Vamos a pararlo todo¡±, se?alan desde dos de las empresas que forman parte del accionariado de Aig¨¹es del Segarra-Garrigues (ASG), la sociedad an¨®nima de capital privado encargada de la construcci¨®n, y que mantendr¨¢ la explotaci¨®n de la infraestructura durante 30 a?os. El par¨®n de las obras afecta a la creaci¨®n de la red secundaria, que deb¨ªa permitir que el agua transportada por el eje troncal del canal, construido por el Estado, regara 70.000 hect¨¢reas de tierras de secano en las comarcas de Urgell, Pla d¡¯Urgell, Segarra, Noguera, Garrigues y Segri¨¤.

Fuentes de ASG aseguran que, por el momento, solo se han cubierto 20.000 hect¨¢reas del total previsto por el contrato adjudicado en 2002, tras haber invertido 750 millones de los 1.069 millones de euros estimados inicialmente. Seg¨²n las mismas fuentes, la Generalitat, a trav¨¦s de Infraestructures.cat, habr¨ªa trasladado a las empresas implicadas en el proyecto que si quieren seguir las obras deber¨¢n buscarse su propio modo de financiarse, posibilidad que las empresas descartan por la complicada situaci¨®n econ¨®mica y financiera.

Con las nuevas ¨®rdenes llegadas desde la Generalitat y obligadas por la banca, la transformaci¨®n social pretendida por el Canal Segarra-Garrigues se queda en el aire, al menos por el momento. El Departamento de Econom¨ªa admite que las obras quedan paralizadas, pero niega que los motivos tengan que ver con la situaci¨®n financiera de la Administraci¨®n auton¨®mica y de las calificaciones de deuda asignadas por las agencias de rating,que consideran que invertir en la Generalitat tiene ya un alto componente especulativo.

Una portavoz de Econom¨ªa, departamento del que depende Infraestructures.cat, asegur¨® que el par¨®n se debe a una modificaci¨®n introducida en una de las leyes ¨®mnibus que ha aprobado el Gobierno catal¨¢n en esta corta legislatura. Hasta entonces, todo el proyecto se ejecutaba y despu¨¦s eran los regantes los que solicitaban beneficiarse y pagar por agua del canal. A partir de ahora, solo se sacar¨¢n adelante las obras cuando un grupo de agricultores muestre su inter¨¦s en que el agua llegue a sus terrenos. As¨ª, aseguraron las mismas fuentes, se pretende optimizar las obras y acabar con la situaci¨®n actual, en la que ¡°solo se aprovechan 2.000 hect¨¢reas de las que est¨¢n preparadas¡±.

El cr¨¦dito sindicado ¡ªdel que formaban parte Bankia, Dexia, La Caixa, BBVA y Banco Sabadell¡ª ha funcionado perfectamente hasta ahora y las Aguas Segarra-Garrigues ha cobrado diligentemente los diferentes proyectos que se iban realizando. Tan solo era necesario certificar el fin de obra, que la Generalitat aprobara esa certificaci¨®n e, inmediatamente, se presentaba ante la banca la documentaci¨®n para poder liquidar los recursos establecidos.

As¨ª, poco a poco, el canal ha ido cumpliendo sus ambiciosos objetivos, que deb¨ªan beneficiar a 16.000 regantes de 66 municipios diferentes, para convertir 70.150 hect¨¢reas de cultivos de secano en regad¨ªo. A la complejidad del proyecto se le han sumado los problemas medioambientales, que provoc¨® la actuaci¨®n de la Comisi¨®n Europea y la modificaci¨®n del proyecto inicial para cumplir las exigencias comunitarias bajo la amenaza de duras sanciones econ¨®micas.

En 2007, el Tribunal de Luxemburgo oblig¨® a ampliar el per¨ªmetro de algunas zonas de especial protecci¨®n de aves (ZEPA) para satisfacer las exigencias europeas. Inicialmente, tanto el Gobierno espa?ol como el catal¨¢n hicieron o¨ªdos sordos a esas peticiones, pero la sombra de las multas les hizo ceder hasta el punto de modificar el plan y proteger m¨¢s de 40.000 hect¨¢reas de las 70.150 que inicialmente ten¨ªa previsto regar el canal.

Esas modificaciones no son gratuitas. Al menos, eso entienden las constructoras de la sociedad que tiene que ejecutar las obras, que considera que la modificaci¨®n del plan inicial supone un desembolso adicional en obras de 200 millones de euros, una cuesti¨®n que se ha puesto encima de la mesa en los ¨²ltimos meses, a ra¨ªz de la parada de obras decretada por Infraestructures.cat. El grupo constructor FCC (con el 25% del capital), el grupo de servicios Agbar (23%) y las constructoras catalanas Copcisa y Copisa (ambas con el 15%) est¨¢n a la cabeza del consorcio que lidera el proyecto, del que tambi¨¦n forman parte otras empresas locales: Benito Arn¨®, Romero Polo, M. y J. Gr¨²as, ?ridos Rom¨¤, Calaf, Aqualia (de FCC) y Sorea (de Agbar).