Las responsabilidades de Alberto Fabra

Hacer enfadar a la Justicia tiene consecuencias muy negativas para aquellos que se creen por encima de todo. Sin embargo, cuando estas consecuencias afectan al inter¨¦s general ya es necesario pedir responsabilidades pol¨ªticas de envergadura.

En la capital de La Plana los diferentes alcaldes y concejales de Urbanismo de los ¨²ltimos a?os se han posicionado, conscientemente y de forma reiterada, por encima de todos los juzgados y tribunales. Y una vez tras otra se han estado carcajeando en silencio de los diferentes autos y sentencias que repet¨ªan una y otra vez que el PGOU de 1998 era radicalmente nulo.

En 2009, hace tres a?os, el Tribunal Supremo, es decir, la m¨¢s alta magistratura de nuestro pa¨ªs, declar¨® nulo el PGOU de Castell¨®n, y unos pocos le pedimos al Ayuntamiento de Castell¨®n que iniciara un procedimiento de revisi¨®n del planeamiento para ajustarlo a las nuevas circunstancias que 10 a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n era evidente que necesitaban de un cambio importante.

Les dijimos que era necesario ajustar el caduco plan a la normativa estatal y auton¨®mica en materia de urbanismo. Que era necesario proponer a los castellonenses una ciudad para el siglo XXI y abandonar una ciudad construida a base de pegotes de intereses econ¨®micos de amigos y conocidos. Que entre todos, los partidos pol¨ªticos, los agentes sociales y la ciudadan¨ªa en general, pod¨ªamos acometer el trabajo de elaborar un instrumento en el que nos encontr¨¢ramos todos a gusto, f¨¢cil de gestionar y econ¨®micamente sostenible.

Sin embargo, el hoy presidente de la Generalitat y entonces Alcalde de Castell¨®n y anteriormente concejal responsable de Urbanismo, opt¨® por enfrentarse a la Justicia. Someti¨® a informaci¨®n p¨²blica en 2009, con el benepl¨¢cito, complicidad y connivencia de la Generalitat Valenciana, el mismo documento que en 1998 ya hab¨ªa expuesto al p¨²blico. Como si el tiempo no hubiese pasado. Como si durante una d¨¦cada no hubi¨¦semos cambiado todos, la ciudad, sus habitantes, las circunstancias econ¨®micas, el ciclo econ¨®mico en s¨ª.

Hoy, tres a?os perdidos despu¨¦s, el Tribunal Supremo se siente enga?ado y al TSJ de la Comunidad Valenciana le ha entrado la verg¨¹enza torera. Y ambos le han dicho, por activa y por pasiva, que no caben m¨¢s enga?os a la ciudadan¨ªa y a la Justicia. Que hay que redactar un PGOU nuevo, adecuado a las circunstancias f¨ªsicas, jur¨ªdicas y legales de la segunda d¨¦cada del siglo XXI. Ya no vale disfrazar al plan de 1998 con tapas nuevas y someterlo a informaci¨®n p¨²blica otra vez. Y van tres.

A los representantes de los promotores que tan amargamente se quejaban de que el ¨²ltimo auto del TSJ nos dejaba sin planeamiento, quisiera tranquilizarlos, Todav¨ªa nos queda el extra?o r¨¦gimen transitorio que se ha sacado de la manga la Generalitat dirigida por Alberto Fabra. Y mientras no lo impugne ning¨²n afectado por alguna licencia mal dada pueden estar tranquilos por cuatro a?os.

El problema es m¨¢s grave. Si empezamos ahora la tramitaci¨®n de un nuevo PGOU, con su proceso de participaci¨®n p¨²blica, su documento de referencia previo de la Generalitat, y su justificaci¨®n de viabilidad econ¨®mica, y su proceso de redacci¨®n, tenemos entre un lustro y una d¨¦cada por delante. Y no exagero. Cr¨¦anme.

Ya no caben trampas. No pueden enga?ar m¨¢s a la Justicia

Y ya no caben trampas. No pueden enga?ar m¨¢s a la Justicia. Por cierto, el art¨ªculo 118 de la Constituci¨®n espa?ola establece, entre otras cosas, que es obligado cumplir las sentencias y dem¨¢s resoluciones firmes de los jueces y tribunales, y el art¨ªculo 18.2 de la LOPJ dispone que las sentencias deben ejecutarse ¡°en sus propios t¨¦rminos¡±. Y nuestros dirigentes de Castell¨®n no lo han hecho. Lo dice el TSJ.

Hay que recordar, pues, el art¨ªculo 404 de nuestro C¨®digo Penal, para el cual la autoridad o funcionario p¨²blico que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resoluci¨®n arbitraria en un asunto administrativo se le castigar¨¢ con la pena de inhabilitaci¨®n especial para empleo o cargo p¨²blico por tiempo de siete a diez a?os. Y en el Ayuntamiento de Castell¨®n se tiene toda la pinta de que se han dictado muchas resoluciones arbitrarias, a sabiendas.

Los hay que est¨¢n pidiendo ahora la dimisi¨®n de Miguel ?ngel Mulet, actual concejal de Urbanismo. Otros, m¨¢s atrevidos piden la del alcalde actual, Alfonso Bataller. Todo ello sin darse cuenta que el aut¨¦ntico responsable de todo este desatino y del da?o tan profundo que le est¨¢n causando a la ciudad es Alberto Fabra. Y es ¨¦l el primer y ¨²ltimo responsable pol¨ªtico de esta situaci¨®n y, por lo tanto, el que debe dimitir inmediatamente.

Vicente J. Garc¨ªa Nebot es abogado urbanista.