Los bancos han de implicarse

La vivienda es un bien prioritario y un derecho social b¨¢sico, por tanto, la acci¨®n pol¨ªtica en esta materia ha de orientarse a garantizar dichos preceptos.

Resulta lamentable que la mala financiaci¨®n de la vivienda, provoque que las personas pierdan su residencia habitual en manos de los bancos, mientras ¨¦stos reciben miles de millones de euros en concepto de ayudas p¨²blicas. En estos momentos, las entidades financieras acumulan unas reservas de viviendas de renta libre, viviendas que est¨¢n vac¨ªas, mientras miles de ciudadanos pierden su casa por desahucio.

La situaci¨®n es extrema, dram¨¢tica y requiere de medidas extraordinarias y urgentes, con el objetivo irrenunciable de parar la sangr¨ªa de los desahucios, evitar que se repitan en el futuro situaciones de sobreendeudamiento, y dar una respuesta digna y justa a las personas que ya han sido desahuciadas desde que estall¨® la crisis.

Para hacer frente a esta situaci¨®n, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposici¨®n de Ley de medidas contra los desahucios, el sobreendeudamiento, y la insolvencia. El objetivo principal, entre otras medidas, es prever la daci¨®n en pago obligatoria para las entidades financieras que han recibido ayudas p¨²blicas, planteando opciones para permanecer en la vivienda en alquiler social, establecer mecanismos tanto para renegociar las condiciones de las hipotecas y poder pagar con m¨¢s tiempo, y evitar futuras situaciones de insolvencia.

Adem¨¢s de implicar a estas entidades bancarias que han recibido ayudas p¨²blicas en la daci¨®n en pago obligatoria, tambi¨¦n hay que implicarlas en el rescate a las personas que ya han sido desahuciadas. Y dispongan, para ello, las viviendas que tienen libres, en concepto de alquiler social para las personas que han perdido su vivienda por desahucio.

A su vez, tambi¨¦n hay que implicar a otros agentes, como los promotores o particulares que tienen viviendas vac¨ªas en estos tanto protegidas, como de renta libre, previendo en este caso, incentivos, y ayudas p¨²blicas para generar esta bolsa de viviendas en alquiler social. En total, podr¨ªa suponer una bolsa de 150.000 viviendas, en la Comunidad Valenciana, que se podr¨ªan ofrecer a las personas desahuciadas en concepto de alquiler social.

En la Comunidad Valenciana se han producido ya 74.113 ejecuciones hipotecarias, y desde 2008 44.381 desahucios. Alrededor del 20% de todos los desahucios de Espa?a los han sufrido las familias valencianas. Lo cual demuestra la intensidad de la crisis en nuestra autonom¨ªa. Somos el 11% de la poblaci¨®n de Espa?a, y acumulamos el 20% de los desahucios del total del Estado.

Un grupo de magistrados ha elevado al Consejo General del Poder Judicial, aunque el CGPJ no ha hecho suyo el Informe, en el que hacen referencia a la "mala praxis" de los bancos en esta materia. Por otra parte, hemos conocido que la abogada general del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la legislaci¨®n espa?ola en materia de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no protege suficientemente a los consumidores ante cl¨¢usulas abusivas en las hipotecas.

Se requiere una reacci¨®n urgente, siguiendo los par¨¢metros de dignidad y justicia para este drama que afecta a miles de ciudadanos de familias en este pa¨ªs.

Maria Jos¨¦ Salvador Rubert es secretaria de vivienda del PSPV-PSOE y diputada en las Cortes Valencianas