Ni indulto ni reindulto

Sin que conste en la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno ha vuelto a indultar a cuatro mossos d'esquadra condenados por torturas. Previamente, hab¨ªa conmutado la pena carcelaria de 4 a?os por otra de dos, en la creencia de que el tribunal sentenciador acordar¨ªa su suspensi¨®n. El Gobierno quiso nadar y guardar la ropa.

La Audiencia de Barcelona, disconforme con la potestad regia de saltarse a la torera las condenas penales (no las civiles, como las de los desahucios, por ejemplo), orden¨® el ingreso en prisi¨®n de los condenados. Pese a que estos recurrieron, nulo efecto surtieron sus alegatos, pues carec¨ªan de suficiente base legal. En efecto, no acordar el ingreso en prisi¨®n de los condenados a penas inferiores a dos a?os es una potestad del tribunal, que por lo general se acuerda, pero los ahora reindultados hab¨ªan sido condenados por torturas, un serio delito policial, a cuatro a?os.

Sin que consten nuevos informes de la Audiencia ni de la Fiscal¨ªa ni, como ser¨ªa preceptivo del Consejo de Estado por trocar una pena carcelaria en otra de multa, el Ejecutivo, que no el Jefe del Estado, se convierte en tercera instancia y decide reinterpretar las pruebas al margen de toda garant¨ªa. Todo queda en un tir¨®n de orejas¡­ al bolsillo de los polic¨ªas. Cabe inferir que ese es el precio de la indemnidad moral y f¨ªsica de los ciudadanos.

El indulto es el no-derecho; es un resabio de la arbitrariedad regia del antiguo r¨¦gimen, donde los castigos judiciales eran igualmente arbitrarios. En un Estado de Derecho, cuando los polic¨ªas torturan, se les condena y se les aparta de la funci¨®n p¨²blica. En un Estado de Derecho, ausentes razones de equidad y justicia (retrasos inauditos, penas desproporcionadas¡­) no cabe que el Ejecutivo se inmiscuya en la exclusiva y excluyente funci¨®n jurisdiccional (eso dice la tan cacareada Constituci¨®n) y revise a su antojo las penas judiciales para congraciarse con amigos o con exigencias corporativas. No olvidemos que el anterior gobierno del PP ya indult¨® a otro alto funcionario, el ex magistrado G¨®mez de Lia?o, por prevaricar.

De seguir por esta senda de indultar a quebrantadores de derechos, se afirma una clara pol¨ªtica: delinquir desde lo m¨¢s sensible de la funci¨®n p¨²blica no solo es rentable, sino que resulta bien valorado pol¨ªticamente; y as¨ª se desanima a jueces y fiscales a ejercer la acci¨®n de la justicia, pues, a fin de cuentas, total, ?para qu¨¦?

Joan J. Queralt es catedr¨¢tico de Derecho Penal. Universidad de Barcelona