El Gobierno se escuda en sus informes jur¨ªdicos para abonar la extra navide?a

El s¨ª o el no definitivo llegar¨¢ hoy en la reuni¨®n semanal del Consejo de Gobierno, despu¨¦s de sopesar los pros y los contras de una decisi¨®n que cuesta 208 millones de euros. Pero los consejeros y el lehendakari en funciones, Patxi L¨®pez, acuden a la cita en la que debatir¨¢n sobre el abono de la paga extra de Navidad a los casi 70.000 funcionarios y empleados del Ejecutivo, sin pr¨¢cticamente ning¨²n argumento en contra de su abono.

Los informes jur¨ªdicos encargados por el Ejecutivo resultan concluyentes y van m¨¢s all¨¢ de la duda razonable sobre la posibilidad de regatear un contenido determinado de un decreto Ley del Gobierno popular. Estos estudios no solo avalan el pago, sino que concluyen que el Ejecutivo debe afrontarlo para cumplir con sus obligaciones, en evidente contradicci¨®n con los que ha manejado la Diputaci¨®n de Bizkaia. La instituci¨®n foral no har¨¢ lo propio con sus 4.800 funcionarios y lo compensar¨¢ adelantando la paga de junio de 2013.

Tras el anuncio que hizo Bizkaia adelantando que ¡°por imperativo de Espa?a¡± no iba a abonar la extra, llegaron las declaraciones del PNV en el mismo sentido. Su presidente vizca¨ªno, Andoni Ortuzar, explic¨® que adelantando la paga de junio del pr¨®ximo a?o a enero ¡°solo se retrasa unos d¨ªas¡± el abono y se evitan los indeseados efectos jur¨ªdicos que puede acarrear la decisi¨®n.

Ese es el principal punto de fricci¨®n a la hora de tomar la decisi¨®n en el Consejo de Gobierno de hoy. El Ejecutivo sopesa que el recorte viene empaquetado en un Real Decreto Ley y que la Administraci¨®n central, a trav¨¦s del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, est¨¢ presionando por carta a todas las instituciones con advertencias claras de las consecuencias legales que tendr¨ªa vulnerar su contenido. Unas consecuencias que, seg¨²n el PNV, podr¨ªan llegar incluso a la inhabilitaci¨®n de quienes firmasen la orden librando la partida para los 70.000 funcionarios de la Administraci¨®n vasca.

Los informes jur¨ªdicos que maneja el Gobierno avalan, sin embargo, la tesis de que la disposici¨®n que proh¨ªbe el abono de la extra excede de las competencias del Estado, y, por tanto, puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, precisamente aduciendo esa invasi¨®n de competencias.

Es una decisi¨®n que, por otra parte, el Gobierno vasco ha tomado ya en varias ocasiones. La ¨²ltima de ellas, que ver¨¢ tambi¨¦n hoy el Gabinete, es el caso del Real Decreto que fija las bases para establecer el importe m¨¢ximo de financiaci¨®n de las ortopr¨®tesis, que ser¨¢ el mismo para todo el territorio nacional y supondr¨¢ una reducci¨®n del coste sanitario de unos 53 millones.

Ese contencioso se sumar¨¢ a los ya abiertos entre ambos Ejecutivos, como el del copago farmac¨¦utico y la atenci¨®n a los inmigrantes, as¨ª como los relativos a otros recortes en Sanidad y Educaci¨®n. Tambi¨¦n litigan las dos Administraciones en torno a las aportaciones a los fondos de pensiones Itzarri (de trabajadores dependientes del Gobierno vasco) y Elkarkidetza (para empleados de otras instituciones y sociedades p¨²blicas), adem¨¢s de las leyes que regulan los derechos de los transexuales.