La juez abre juicio oral a la exalcaldesa de Orihuela por falsedad documental

La ex alcaldesa de Orihuela, M¨®nica Lorente, del PP, imputada en el caso Brugal, desfilar¨¢ otra vez por los juzgados por otro asunto. La titular del Juzgado n¨²mero 1 de Orihuela notificar¨¢ el pr¨®ximo viernes d¨ªa 30 a Lorente, y al exconcejal de Infraestructuras Antonio Rodr¨ªguez Murcia la apertura de juicio oral contra ellos por haber falseado presuntamente el expediente de unas obras municipales que fueron inauguradas antes de ser adjudicadas, seg¨²n confirman fuentes pr¨®ximas al caso.

La juez les imputa un presunto delito de falsedad en documento p¨²blico por autoridad o funcionario p¨²blico por imprudencia grave. La Fiscal¨ªa pide para cada uno de ellos una multa de 4.500 euros y la suspensi¨®n de cargo p¨²blico durante diez meses por un delito de falsedad documental perpetrada por autoridad p¨²blica por imprudencia grave, seg¨²n confirmaron a este diario fuentes del ministerio p¨²blico. Inicialmente ambos pol¨ªticos del Partido Popular estaban imputados tambi¨¦n por un presunto delito de prevaricaci¨®n, aunque esta acusaci¨®n no ha llegado a concretarse al final.

La magistrada del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero uno de Orihuela tras dictar la apertura de juicio oral emplaz¨® a las defensas de los dos imputados a que presenten sus escritos de conclusiones provisionales. Los dos imputados, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia, presentaron un? recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia de Alicante, que est¨¢ pendiente de resoluci¨®n, pero este recurso contra el auto de transformaci¨®n de procedimiento, no es suspensivo y por eso se acuerda abrir juicio oral.

La investigaci¨®n arranca del expediente para adjudicar las obras de reforma de la plaza junto al centro social de El Escorratel. Unas reformas que se inauguraron en julio de 2008 tras haber sido ejecutadas por la mercantil Ronis 2, con un presupuesto de 34.380 euros, en un acto presidido por la entonces alcaldesa y el exedil de Infraestructuras. Sin embargo, la junta de gobierno del Ayuntamiento oriolano no aprob¨® el contrato por el que se adjudicaban los trabajos hasta el 25 de julio de ese a?o. El fiscal considera que este documento fue ¨ªntegramente confeccionado para dar apariencia de legalidad a los trabajos.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela aprob¨® la memoria del proyecto de reforma de la plaza el 28 de diciembre de 2007, que hab¨ªa sido elaborado por la ingeniero t¨¦cnico municipal, que tendr¨¢ que declarar en este juicio como testigo. El sistema elegido para ejecutar las obras era el procedimiento negociado sin publicidad, por el que se facultaba al Rodr¨ªguez Murcia a cursar invitaci¨®n a tres empresas capacitadas para la ejecuci¨®n de los trabajos, a fin de que formularan sus correspondientes proposiciones econ¨®micas. La ingeniero t¨¦cnico era quien deb¨ªa supervisar las ofertas econ¨®micas.

Sin embargo, la Fiscal¨ªa sostiene que la mercantil Ronis 2 comenz¨® las obras sin que se hubiera acordado ning¨²n tipo de adjudicaci¨®n, ni se formalizara el contrato para ejecutar los trabajos. Como consecuencia de esta situaci¨®n, desde el ministerio p¨²blico se concluye que los servicios t¨¦cnicos municipales no tuvieron conocimiento de que las obras se estaban llevando a acabo, por lo que ¨¦stos no pudieron verificar ni el plazo de ejecuci¨®n, ni el estado previo en el que se encontraba la plaza antes del proyecto al no extenderse el acta de replanteo, as¨ª como tampoco pudieron inspeccionarlas, ni se realiz¨® el acto formal de recepci¨®n de los trabajos.

El fiscal asegura en su escrito de acusaci¨®n que el edil Rodr¨ªguez Murcia era consciente de que las obras se estaban ejecutando sin haberse adjudicado, sin que adoptara medida alguna para corregir la irregularidad.

Respecto de la entonces alcaldesa, M¨®nica Lorente, desde el ministerio p¨²blico se subraya que hubiera bastado una simple lectura del contrato para darse cuenta de que se trataba de obras que ya estaban realizadas, ya que fue ella quien presidi¨® la inauguraci¨®n de dicho espacio p¨²blico. En este sentido, tambi¨¦n se incide en el hecho de que cuando el contrato llega a la junta de gobierno del consistorio oriolano, ya se hab¨ªan girado dos facturas por la empresa reclamando parte del pago. Finalmente el contrato de adjudicaci¨®n de las obras se firm¨® entre el Ayuntamiento y el representante de la mercantil el 26 de septiembre, m¨¢s de tres meses despu¨¦s de que las obras ya hubieran sido inauguradas. Adem¨¢s de la ingeniero municipal, para el juicio se ha pedido la declaraci¨®n de otros t¨¦cnicos como testigos, entre ellos el secretario.