El Ayuntamiento de Alcanar, obligado a demoler 32 viviendas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha confirmado una sentencia de un juzgado de Tarragona que ordena al Ayuntamiento de Alcanar (Montsi¨¤) demoler 32 viviendas de manera inminente. Las casas forman parte de un complejo en el n¨²mero 3 de la calle Bugambilla, en la urbanizaci¨®n Serramar, y seg¨²n el fallo se construyeron a partir de una licencia urban¨ªstica nula porque el proyecto no se adecua con la legalidad. El 20 de noviembre el juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona anunci¨® al Ayuntamiento que dispon¨ªa de 10 d¨ªas h¨¢biles para iniciar el derribo del complejo.

La mayor¨ªa de viviendas son propiedad de particulares, pero est¨¢n deshabitadas y solo acceden a ellas en per¨ªodos vacacionales. Ocho de las casas son propiedad de la empresa promotora, Turov S.L., de Badalona. Con todo, los tribunales han comprobado la existencia en Alcanar de al menos unas 50 licencias urban¨ªsticas m¨¢s aprobadas irregularmente entre los a?os 1997 y 2005. Se interpretaron las densidades de las construcciones como plurifamiliares, pero en realidad lo ¨²nico permitido eran viviendas unifamiliares. Ello podr¨ªa dar lugar a nuevas reclamaciones judiciales.

El ¡°caso Turov¡± se remonta a julio del 2003, cuando tras acceder a la alcald¨ªa de la poblaci¨®n Ricard Bort (PSC), se aprob¨® en la primera junta de gobierno una licencia urban¨ªstica para construir las 32 viviendas y sus aparcamientos. El proyecto sali¨® adelante aunque el Plan Urban¨ªstico de la poblaci¨®n solo permit¨ªa la construcci¨®n de 9 hogares unifamiliares bajo los planteamientos de ¡°ciudad jard¨ªn¡±.

En concreto, las 32 viviendas incrementaban en la densidad urban¨ªstica en m¨¢s de un 250% respecto a lo permitido, y formaban parte de la primera fase de un proyecto que planificaba construir m¨¢s de 100 casas. Una asociaci¨®n y una vecina de Alcanar, Maria Antonia Gonz¨¢lez, denunciaron los inmuebles y el juzgado de lo contencioso administrativo de Tarragona fall¨® a su favor en 2006 declarando nula las licencias de obras. El Ayuntamiento recurri¨® el fall¨®, pero en 2009 el TSJC desestim¨® el recurso de apelaci¨®n y confirm¨® la nulidad de la sentencia.

A¨²n as¨ª, el Consistorio hab¨ªa reformulado las normas urban¨ªsticas: La Comisi¨®n de Urbanismo de las Tierras del Ebro ratific¨® el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), el cual equilibraba las dos parcelas propiedad de la promotora. Gonz¨¢lez, a finales del a?o pasado, al comprobar que las viviendas no estaban derribadas, volvi¨® a los juzgados para pedir que se ejecutase la sentencia.

En la actualidad la promotora Turov S.L. Se encuentra en pleno concurso de acreedores. La empresa, intuyendo posibles reclamaciones por parte de los propietarios de las viviendas, denunci¨® al Ayuntamiento en 2010, pidiendo una indemnizaci¨®n de 6,8 millones de euros, en concepto de da?os y perjuicios. A pesar de ello, el juzgado de lo contenciosos administrativo de Tarragona n¨²mero 2 desestim¨® la petici¨®n y libr¨® al Consistorio de cualquier pago.