El juez procesa a dos exdirectivos del Instituto de Finanzas por prevaricaci¨®n

El juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Requena (Valencia) ha procesado a 10 personas, entre ellas a dos exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por presunta prevaricaci¨®n y otros delitos relacionados con la tramitaci¨®n para la construcci¨®n y gesti¨®n de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance, seg¨²n consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el magistrado ha dictado un auto de incoaci¨®n de procedimiento abreviado, en el que describe los hechos, los posibles delitos y las personas a las que decide procesar. El siguiente paso es que las partes presenten sus respectivos escritos de calificaci¨®n o pidan el archivo, y que se inicie el juicio oral. Con esta resoluci¨®n, se dar¨ªa por concluida la instrucci¨®n.

En el auto constan como procesados dos exdirectivos del IVF, Enrique P¨¦rez Boada y Jos¨¦ Manuel Uncio, adem¨¢s del que fuera director del ¨¢rea de Inversiones Crediticias de esta entidad, Enrique Benede; el exalcalde de Jalance ?ngel Abad Navarro Navarro; el expresidente del consejo de administraci¨®n, Joaqu¨ªn Boil, y el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance, SL, Pedro L¨®pez, entre otros.

Los hechos investigados est¨¢n relacionados con la gesti¨®n y la concesi¨®n de un pr¨¦stamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunci¨®n Bosc¨¢ y Jos¨¦ Rafael Mart¨ªnez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, estiman que han producido irregularidades con la ejecuci¨®n del pr¨¦stamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensi¨®n de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalizaci¨®n e insolvencia de la mercantil.

De esta forma, se dej¨® de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, cr¨¦ditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.

Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 lleg¨® a presentar solicitud de quiebra voluntaria.

Como consecuencia de esta gesti¨®n, en marzo de 2005, Asunci¨®n Bosc¨¢ y Jos¨¦ Rafael Mart¨ªnez -representados por el letrado Ignacio Torres- interpusieron una querella contra tres miembros del consejo de la mercantil por presuntos delitos cometidos dentro del ¨¢mbito societario. El juzgado de Requena abri¨® diligencias por estos hechos en julio.

Transcurridos dos a?os, en marzo de 2007, los dos empresarios ampliaron la querella y acusaron a un total de 10 personas, entre ellas, los exdirectores del IVF, por unos supuestos delitos societarios, insolvencia punible, prevaricaci¨®n administrativa, falsificaci¨®n de documentos, apropiaci¨®n indebida, delito fiscal, contra la Hacienda P¨²blica y Seguridad Social, estafa y omisi¨®n del deber de perseguir delitos y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Los querellantes mantienen que el entonces alcalde de Jalance "consinti¨®" estas irregularidades societarias, contables, fiscales y financieras de la sociedad, m¨¢xime cuando fue designado como secretario del consejo de administraci¨®n una persona que actuaba en representaci¨®n del consistorio.

Adem¨¢s, los empresarios aseguran que Enrique P¨¦rez Boada, en su etapa de director general del IVF, supuestamente dej¨® de ejecutar la garant¨ªa hipotecaria del pr¨¦stamo concedido al hotel, de importe de 1.312.610,44 euros, dejando actuar al otro acreedor, el banco, que inst¨® ejecuci¨®n y subasta del inmueble donde radicaba el hotel y posteriormente cedi¨® el remate del 41,935% de la propiedad del IVF.

Adem¨¢s, afirman que tanto a Jos¨¦ Manuel Uncio, tambi¨¦n director de esta entidad en octubre de 2003, y a Enrique Benede, entonces director del ¨¢rea de Inversiones Crediticias de la entidad, el empresario Jos¨¦ Rafael Mart¨ªnez les advirti¨® de la situaci¨®n de la sociedad y les inst¨® a tomar medidas. Al no hacerlo, los empresarios sostienen que estas tres ¨²ltimas personas, relacionadas con el IVF, pudieron cometer supuestos delitos de prevaricaci¨®n administrativa, falsedad documental y omisi¨®n del deber de perseguir delitos.