La Audiencia imputa a dos altos cargos por el ERE del hospital de Sant Pau
El tribunal reabre diligencias por una denuncia archivada presentada por una empleada
Pese a estar paralizado, el expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE) del hospital de Sant Pau sigue trayendo cola judicial. La Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir diligencias penales e imputar a dos altos cargos de la Generalitat por un presunto caso de prevaricaci¨®n denunciado por una trabajadora del centro. A finales del a?o pasado Carmen P¨¦rez los acus¨® de haber aprobado una suspensi¨®n temporal de empleo a 1.369 trabajadores sin que hubiera motivos econ¨®micos amparados por la ley que avalaran esa reducci¨®n de plantilla.
Aquella denuncia fue inicialmente archivada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona, pero ahora la Audiencia considera que tanto el director de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Ocupaci¨®n de la Generalitat, Eliseo Oriol, como el jefe de servicio de relaciones laborales, Joan Palet, deber¨¢n prestar ¡°declaraci¨®n¡± en calidad de imputados. El auto considera que el juzgado no efectu¨® investigaci¨®n alguna sobre la denuncia por lo que impidi¨® que ¡°de entrada pudiera descartarse la posible significaci¨®n delictiva¡± de los hechos, por lo dicta la reapertura del caso.
El fallo de la Audiencia de Barcelona evita valorar cu¨¢l puede ser el fallo definitivo de la denuncia aunque s¨ª parece restar posibilidades a que la sentencia determine un caso de prevaricaci¨®n por parte de los altos cargos de la Generalitat denunciados. ¡°Para que pueda perpetrarse el delito de prevaricaci¨®n administrativa no bastar¨¢ la mera irregularidad administrativa o la discordancia interpretativa de las normas, siendo preciso por el contrario que la injusticia de la resoluci¨®n ha de ser evidente, flagrante y clamorosa, dict¨¢ndose a sabiendas de eso¡±, subraya el auto.
No obstante, los magistrados censuran el sobreseimiento de la denuncia en el Juzgado de instrucci¨®n sin que se hubiera producido ¡°el m¨¢s m¨ªnimo razonamiento tendente a justificar que no se hab¨ªa acreditado debidamente la presencia de los elementos configuradores del delito de prevaricaci¨®n¡±. Es por ello que reclaman reabrir las diligencias de la denuncia penal y la imputaci¨®n de Oriol y Palet tras el recurso presentado por Carmen P¨¦rez, porque el archivo de la denuncia fue ¡°prematuro¡±.
Uno de los elementos que la Secci¨®n Segunda de la Audiencia considera importante para seguir la investigaci¨®n es la parte de la denuncia que alega que, pese a haber presentado una regulaci¨®n de empleo, la direcci¨®n del hospital de Sant Pau hac¨ªa uso de ¡°horas extraordinarias¡± y la ¡°contrataci¨®n temporal e indefinida¡± de personal m¨¦dico durante el mismo a?o 2011.
El expediente de regulaci¨®n presentado supon¨ªa la suspensi¨®n temporal durante 15 d¨ªas de 1.369 trabajadores y de 15 meses para otros 36 empleados. La decisi¨®n del patronato que gestiona el centro, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona, argument¨® la necesidad de aplicar los recortes laborales por la decisi¨®n del Gobierno auton¨®mico de poner en marcha un agresivo plan de choque para reducir el gasto de la sanidad catalana. El tijeretazo, de 706 millones de euros en el Departamento de Salud en 2011, provoc¨® una oleada de protestas entre el personal y los usuarios de los servicios sanitarios p¨²blicos que todav¨ªa hoy est¨¢ viva.
La denuncia penal alega que la ¡°inexistencia de las causas legalmente exigibles¡± para poder llevar a cabo las citadas suspensiones, despu¨¦s de que la direcci¨®n del centro sustentara la decisi¨®n por causas productivas y econ¨®micas. El texto criticaba la pretensi¨®n del hospital de suspender contratos de trabajo de facultativos de los mismos servicios en que se realizaban horas extraordinarias y llegando incluso a pretender la suspensi¨®n de los contratos de las mismas personas que realizan de forma habitual y continuada esas horas extraordinarias.
El expediente de regulaci¨®n fue aprobado en noviembre de 2011 y acab¨® siendo suspendido el pasado mes de febrero a trav¨¦s de un certificado acreditativo de silencio administrativo. ?Por qu¨¦? Justamente por la interposici¨®n de la demanda penal que ahora se reabre. La paralizaci¨®n se produjo justo cuando parte de la plantilla hab¨ªa acabado de firmar su entrada en el ERE.
La denunciante, la radi¨®loga Carmen P¨¦rez explic¨® a este diario que tiene intenci¨®n de ampliar la denuncia para que incluya tambi¨¦n al actual director de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre.
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