El Ararteko reclama al Gobierno que anule los recortes en ayudas sociales

En uno de los momentos m¨¢s duros de la crisis, con unas 114.000 personas en situaci¨®n de pobreza real, seg¨²n datos oficiales, el Ararteko se pronuncia sobre los cambios realizado en la herramienta m¨¢s potente de que dispone Euskadi para combatir la pobreza: el sistema de ayudas sociales, el m¨¢s relevante de toda Espa?a. El Defensor del Pueblo vasco considera, tras realizar un an¨¢lisis de oficio, que el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales debe desandar el camino iniciado hace ahora dos a?os por la entonces consejera Gemma Zabaleta sobre las Ayudas de Emergencia Social (AES), modificaciones que ¡°han dejado fuera de la cobertura a numerosas personas en una situaci¨®n precaria¡±, seg¨²n el Ararteko.

En su recomendaci¨®n, la instituci¨®n que encabeza I?igo Lamarca pide a los responsables del departamento, que ahora encabeza Juan Mar¨ªa Aburto, que no apliquen en 2013 unas medidas, que, a su juicio, suponen un ¡°endurecimiento de los requisitos patrimoniales¡± con la intenci¨®n de ¡°restringir el acceso¡± a las ayudas.

Eudel, la asociaci¨®n que agrupa a los 251 Ayuntamientos vascos, ya advirti¨® en 2011 que los cambios aprobados por el Gobierno socialista dejar¨ªan fuera al 35% de las personas que hab¨ªan pedido la ayuda en a?os anteriores, en torno a 6.700 personas, seg¨²n datos de 2010.

Fuentes de la consejer¨ªa explicaron que hasta que no haya nuevos presupuestos o una pr¨®rroga de los actuales no podr¨¢n aprobar otra orden distinta.

Zabaleta rebaj¨® el patrimonio m¨¢ximo para poder pedir las AES

El Ararteko plantea una dura cr¨ªtica a la orden publicada en 2011 por el Gobierno socialista ¡ªun calco de la orden del a?o anterior¡ª, que fijaba la concesi¨®n de las AES para 2012. Estas ayudas puntuales para familias que no pueden afrontar un gasto concreto, como la factura de la luz o la compra de un frigor¨ªfico, son gestionadas por los Ayuntamientos con dinero del Gobierno, que fija a?o a a?o las cantidades que destina a las mismas a trav¨¦s de una orden de la consejer¨ªa.

Las otras dos principales ayudas sociales que se conceden en Euskadi ¡ªla Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) y la Prestaci¨®n Complementaria de Vivienda (PCV), de mayores cuant¨ªas¡ª se hallan en manos de Lanbide desde hace un a?o.

Lamarca considera que el departamento de Zabaleta solo pod¨ªa en su orden hacer cambios en los presupuestos globales y en las cantidades m¨¢ximas por cada concepto. Por ejemplo, en 2012 el m¨¢ximo para pagar facturas del hogar, como el agua, el alcantarillado o el IBI, baj¨® de los 1.110 euros del a?o anterior a 555.

En cambio, Zabaleta cambi¨® los requisitos de acceso, lo que el Defensor considera que no pod¨ªa hacer. La raz¨®n que esgrime el Ararteko es que variarlos requisitos de patrimonio para acceder a las ayudas supone modificar lo establecido por una ley, con la de Garant¨ªa de Ingresos y la Inclusi¨®n Social, de 2008, usando una norma de rango menor, algo prohibido por la Constituci¨®n. La ley de ayudas sociales establece criterios m¨¢s amplios de acceso y a los que se podr¨ªan acoger m¨¢s personas que la orden que ha estado en vigor todo el ¨²ltimo a?o.

La normativa ¡°no le facultar¨ªa [al departamento] para modificar, de manera adem¨¢s restrictiva, los criterios de acceso¡± a las ayudas, insiste el Ararteko. De hecho, la consejer¨ªa socialista pact¨® con el PP en 2011 restricciones en el acceso a la Renta de Garant¨ªa y a la prestaci¨®n de vivienda, pero esta vez s¨ª reform¨® la ley.

Lamarca indica que muchas personas han quedado en ¡°situaci¨®n precaria¡±

Los cambios son de calado. Los l¨ªmites m¨¢ximos de patrimonio que fija la ley para pedir una de estas ayudas se sit¨²an entre 29.400 y 41.700 euros en funci¨®n del n¨²mero de miembros de la familia. Sin embargo, para 2011 y 2012 Zabaleta orden¨® que solo pudiesen pedir las AES quienes tuviesen un patrimonio m¨¢ximo de 8.000 euros. Adem¨¢s, se elimin¨® la variable del tipo de familia, detalla el Defensor en su informe.

La consecuencia es que ¡°no se asegurar¨ªa la libre concurrencia de las personas que efectivamente re¨²nen los requisitos establecidos por la normativa reguladora, impidiendo as¨ª el acceso a las mencionadas ayudas en un plano de igualdad¡±, razona el Ararteko. El cambio ha motivado ¡°numerosas quejas¡± a su instituci¨®n.

El departamento de Zabaleta replic¨® al Defensor que ten¨ªa que tomar medidas para que los 17,3 millones destinados a esta partida se emplearan para ¡°hacer frente a las necesidades m¨¢s acuciantes¡±. Las AES no son un derecho subjetivo, como la Renta de Garant¨ªa o la Prestaci¨®n de Vivienda. Estas dos ¨²ltimas ayudas obligan al Gobierno a ampliar el dinero destinado a las mismas siempre que haya personas que las soliciten y cumplan los requisitos, aunque el presupuesto inicial se hubiese acabado. De hecho, en diciembre se ampli¨® en casi 60 millones de euros m¨¢s. En cambio, las AES cuentan con un presupuesto fijo que se reparte entre los Ayuntamientos.

Los consistorios deciden qu¨¦ hacer cuando se acaba el dinero: en algunos casos se dejan de conceder las AES; en otros, los Ayuntamientos echan mano de fondos propios.

La falta de dinero oblig¨® en 2010 al Gobierno socialista a ampliar la partida. Al finales de ese a?o, plante¨® su soluci¨®n: en lugar de destinar m¨¢s recursos, entrecerr¨® la puerta de entrada a las ayudas a trav¨¦s de la orden que ahora critica el Ararteko. La medida funcion¨®: en diciembre de 2011, de los 17,3 millones previstos solo se hab¨ªan gastado 13,4.