¡°Tuvimos muchas facturas retenidas, muy superiores a un importe normal¡±
Funcionarias de la Consejer¨ªa de Empleo desvelan las irregularidades en los recibos
Los ¨²ltimos interrogatorios llevados a cabo en diciembre por el magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tienen que ver con la adjudicaci¨®n de cientos de contratos a dedo, sin un m¨ªnimo expediente, a las empresas de la trama G¨¹rtel para organizar actos de autobombo en los que interven¨ªa la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Cientos de contratos ilegales de la Comunidad por un valor, seg¨²n el sumario del caso, que pod¨ªa superar los cuatro millones de euros.
Las declaraciones de los t¨¦cnicos auton¨®micos ante el juez cierran el c¨ªrculo en torno al mismo culpable: Alberto L¨®pez Viejo, exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos institucionales. En concreto, las dos ¨²ltimas funcionarias que declararon como testigos, Rosario Jim¨¦nez y Lourdes Barreda, de la Consejer¨ªa de Empleo y Mujer, indicaron que apenas ten¨ªan conocimiento de los actos que se realizaban en la Puerta del Sol, pero que pagaba su departamento: ¡°Nos ven¨ªa la factura dada de Sol [la Consejer¨ªa de Presidencia] y no particip¨¢bamos. Me la pon¨ªan en un sobre encima de la mesa con un post-it que dec¨ªa: ¡°Tram¨ªtese¡±. Esa era toda la informaci¨®n que ten¨ªa¡±, declar¨® ante el magistrado Lourdes Barreda, cuyo cargo en los a?os en los que oper¨® la red G¨¹rtel era el de subsecretaria de Gesti¨®n Econ¨®mica Presupuestaria y de An¨¢lisis de la Gesti¨®n de la Consejer¨ªa de Empleo y Mujer de la Comunidad.
Se trata de cientos de contratos ilegales por valor de cuatro millones de euros
Seg¨²n el testimonio de esta funcionaria, las empresas cuyas facturas proced¨ªan ¡°de la Puerta del Sol eran cuatro o cinco, que se repet¨ªan en 2004 y 2005. Y luego aparecieron las del Grupo Rafael y Tecnoimagen¡±.
Lourdes Barreda rese?¨® tambi¨¦n que una mujer, Alicia, en nombre de Servimadrid y Good and Bette ¡ªdos de las empresas del presunto cerebro de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa¡ª llamaba de forma ¡°persistente¡± para interesarse por las facturas que no se hab¨ªan pagado: ¡°Fue la propia Alicia la que me dijo que las personas que estaban detr¨¢s de los actos eran de Presidencia, concretamente me nombr¨® a Alberto L¨®pez Viejo y Pedro Rodr¨ªguez Pend¨¢s [exasesor del exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad L¨®pez Viejo]¡±. Precisamente Rodr¨ªguez Pend¨¢s fue objeto de un informe policial en el que se solicitaba su detenci¨®n. Pero el entonces instructor del caso, el magistrado Antonio Pedreira, no accedi¨® a la petici¨®n policial.
Hab¨ªa empresas que facturaban distintas partes del mismo evento
Por su parte, la funcionaria Lourdes Barreda, seg¨²n su versi¨®n, trat¨® de ponerse en contacto con Rodr¨ªguez Pend¨¢s tras poner en conocimiento de la empleada de Francisco Correa que las facturas estaban paradas porque no ten¨ªa informaci¨®n acerca de si el acto se hab¨ªa hecho, y si hab¨ªa existido un m¨ªnimo procedimiento.?
¡°Le envi¨¦ varios correos y al final hable con ¨¦l, pero no me solucion¨® nada¡±, record¨® la n¨²mero dos del Departamento de Gesti¨®n Econ¨®mica de la Consejer¨ªa de Empleo y Mujer. Y como no obtuvo informaci¨®n, la funcionaria se vio obligada a comprobar de forma improvisada si el evento se hab¨ªa publicado en la p¨¢gina web de la Comunidad de Madrid: ¡°Nadie me daba informaci¨®n de si se hab¨ªa hecho, de si esa era la empresa que lo hab¨ªa hecho y de si se hab¨ªa hecho bien. Por eso yo ve¨ªa m¨ªnimamente si el acto se hab¨ªa desarrollado¡±, complet¨® Lourdes Barreda en su declaraci¨®n.
Qui¨¦n dijo que hab¨ªa que pagarlas?¡±, ¡°Juan Jos¨¦ G¨¹emes
Con los contratos menores se elud¨ªa el procedimiento de contrataci¨®n: ¡°Lo que nos llegaba al final era la factura, nosotros nos enter¨¢bamos ya a posteriori. Se realizaba el acto y despu¨¦s se presentaba una factura con la justificaci¨®n documental. Y la elecci¨®n de la empresa la realizaba la gente que ten¨ªa Alberto L¨®pez Viejo, que era Pedro Rodr¨ªguez Pend¨¢s, directamente en Presidencia. Era el que se lo daba a protocolo de la Consejer¨ªa [de Empleo y Mujer]¡±, destac¨® por su parte Rosario Jim¨¦nez, responsable de la Secretar¨ªa General T¨¦cnica de la Consejer¨ªa de Empleo y Mujer, y por tanto la que entonces era la superior de Lourdes Barreda, que fue interpelada por una de las fiscales del caso: ¡°?Y eso pasaba siempre que los actos se hac¨ªan en Sol, siempre que estaba la presidenta [Esperanza Aguirre]?¡±. ¡°S¨ª¡±, contest¨®. Posteriormente, la fiscal se interes¨® en si en todos esos eventos estaba presente la expresidenta de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid: ¡°Hombre, normalmente, eran en Sol. La elecci¨®n de la empresa no proced¨ªa del ¨®rgano gestor sino que proced¨ªa de Sol, de la gente de Alberto L¨®pez Viejo, de Pedro Rodr¨ªguez Pendas, me parece que se llamaba, el que nos daba directamente la empresa que ten¨ªa que hacer el acto¡±. Precisamente, a preguntas de Jaime Gonz¨¢lez, el abogado de L¨®pez Viejo, Rosario Jim¨¦nez, explic¨® que los eventos de la Puerta del Sol se celebraban en fechas concretas. ¡°Los que se hac¨ªan en Sol eran los m¨¢s importantes y ten¨ªan fecha concreta, y eran actos a los que iba la presidenta. Y como iba la presidenta hab¨ªa que incluirlos en la agenda con m¨¢s antelaci¨®n¡±.
Se trataba en todos los casos de facturas con un coste inferior a los 12.000 euros. Y si costaban m¨¢s, se fraccionaban, con la intenci¨®n de burlar la normativa. Por eso, en la Secretar¨ªa General T¨¦cnica de la Consejer¨ªa de Empleo y Mujer no pod¨ªan fiscalizar el procedimiento administrativo, que al ser de un contrato menor no requer¨ªa un concurso: ¡°Mir¨¢bamos la correspondencia entre el gasto y lo que nos parec¨ªa a nosotros que era el precio de mercado. Ten¨ªamos una planilla de lo que costaban los plasmas, las sillas, e intent¨¢bamos buscar una racionalidad en la correspondencia del gasto¡±, explic¨® por su parte Rosario Jim¨¦nez, la jefa de Lourdes Barreda. ¡°Recuerdo que tuvimos retenidas muchas facturas, porque revis¨¢bamos el gasto y ve¨ªamos que eran muy superiores a un importe normal¡±, resalt¨® esta funcionaria, que reconoci¨® que no ten¨ªa conocimiento de que hab¨ªa un fraccionamiento real: ¡°Hab¨ªa unas empresas que facturaban diferentes partes de lo que hab¨ªa sido el evento, pero lo que no comprob¨¢bamos, porque no se nos ocurri¨® comprobarlo en aquel momento era que hab¨ªa administradores conjuntos, o que hab¨ªa alg¨²n tipo de vinculaci¨®n jur¨ªdica con las empresas. Lo que s¨ª mir¨¢bamos era que fuese un importe razonable, y si no la paraliz¨¢bamos para discutirlas¡±, sostuvo Rosario Jim¨¦nez, que record¨® que las empresas del Grupo Rafael eran algunas de las que se llevaban los contratos de la Consejer¨ªa de Presidencia. ¡°Me suenan el Grupo Rafael, Servimadrid y Kilda Producciones. Siempre eran las mismas empresas las que hac¨ªan este tipo de facturaciones¡±. Precisamente una de las facturas, concretamente de Kilda Producciones, no fue abonada por la Consejer¨ªa de Empleo: ¡°Pues era un importe exagerado, e incluso llamamos a los tel¨¦fonos y no contest¨® nadie. Por esta factura, que se refer¨ªa a un reportaje fotogr¨¢fico, nadie pregunt¨®¡±, especific¨® Lourdes Barreda.
Algunas de estas facturas estuvieron paradas durante m¨¢s de un a?o, pero al final se abonaron todas, excepto dos. Por eso la fiscal se interes¨® sobre las posibles presiones procedentes de la Consejer¨ªa de Presidencia: ¡°?En alg¨²n momento usted recuerda que desde la Consejer¨ªa de Presidencia les dijeran que tendr¨ªan que pagar esas facturas?¡±, a lo que la funcionaria contest¨®: ¡°No, a nosotros directamente no, pero es cierto que estuvieron retenidas muchas facturas por parte de la Consejer¨ªa de Empleo y, en un momento determinado, se dijo que ten¨ªamos que pagarlas¡±, contest¨® la empleada regional.
¡ª?Qui¨¦n dijo que hab¨ªa que pagarlas?
¡ªA m¨ª me lo indic¨® mi superior¡ el consejero¡
¡ª?El consejero? ?qui¨¦n era en aquel momento?
¡ªJuan Jos¨¦ G¨¹emes.
¡ª?Le dijo el motivo por el que ten¨ªa que pagarla si ustedes las estaban reteniendo desde tanto tiempo?
¡ªFue con el cambio de legislatura, y normalmente en todos los cambios de legislatura lo que se hace es hacer toda la tramitaci¨®n pendiente porque el acto estaba realizado.
Pero a preguntas del abogado de la acusaci¨®n Wilfredo Jurado, la funcionaria complet¨® su respuesta: ¡°Yo inform¨¦ al consejero, que sab¨ªa que estaban paradas. Se dijo que el gasto estaba realizado, y creo que por parte de L¨®pez Viejo hubo presi¨®n porque hubo muchas llamadas a la consejer¨ªa de las empresas. Y en un momento se dio la orden de pago¡±.
La 'cabezoner¨ªa' del juez Ruz
La negativa del magistrado Pablo Ruz a archivar el caso G¨¹rtel, tal y como solicitaba Ignacio Pel¨¢ez, abogado del empresario Jos¨¦ Luis Ulibarri, ha evitado que uno de los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica m¨¢s importantes de la democracia espa?ola resultara impune.
Gracias a la decisi¨®n de continuar con el caso, el magistrado le ha dado alas y ha hecho efectivos los embargos de varios de los 70 imputados, entre los que destacan el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo Gonz¨¢lez Panero, o el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco.
El sumario que sigue investigando Ruz mantiene al menos cuatro l¨ªneas de investigaci¨®n: la primera est¨¢ relacionada con las adjudicaciones a dedo en AENA. La segunda engloba la corrupci¨®n en los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La tercera se centra en el presunto expolio en relaci¨®n con la visita del PP a Valencia. Y la cuarta se refiere a la adjudicaci¨®n a dedo de cientos de facturas por parte de la Comunidad de Madrid a empresas de G¨¹rtel.
Este ¨²ltimo punto es uno de los que est¨¢ m¨¢s avanzado, seg¨²n demuestra una providencia firmada el 23 de noviembre por el juez en la que solicitaba una ampliaci¨®n de los informes ya existentes sobre ¡°los eventuales cobros del imputado Alberto L¨®pez Viejo¡±. Adem¨¢s, el magistrado ha solicitado a la Intervenci¨®n General del Estado la ampliaci¨®n de un informe sobre la regularidad de la contrataci¨®n de la Comunidad con el Grupo Rafael, uno de los intermediarios entre Correa y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para evitar que los funcionarios se percataran de que los beneficiarios de los contratos eran miembros de la red corrupta.
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