Condena a dos ciudadanos que se opusieron a derribos en El Cabanyal

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10 de Valencia conden¨® este lunes como autores de faltas de lesiones a dos ciudadanos que participaron en el intento de evitar derribos en el barrio de El Cabanyal en abril de 2010, ordenados por el Ayuntamiento de Valencia, que fue reprimido por agentes de la polic¨ªa local y nacional. El juez absolvi¨®, en cambio, a la diputada de Comprom¨ªs M¨°nica Oltra y al hist¨®rico dirigente de Salvem El Cabanyal Faustino Villora, as¨ª como a otros dos vecinos y a tres polic¨ªas municipales. Salvem, la plataforma ciudadana que lleva defendiendo la conservaci¨®n del barrio frente a la ampliaci¨®n de la avenida de Blasco Ib¨¢?ez desde finales de los noventa, anunci¨® que recurrir¨¢ la sentencia. Oltra manifest¨® tener un sabor ¡°agridulce¡± por la condena de los dos vecinos por agredir a dos polic¨ªas, pero agreg¨® que, a¨²n as¨ª, se hab¨ªa ¡°producido un triunfo del movimiento ciudadano que desde hace a?os est¨¢ defendiendo el barrio¡±.

El juez admite en el fallo que ha quedado acreditada la existencia ¡°de una p¨²blica controversia social y pol¨ªtica en relaci¨®n con las actuaciones urban¨ªsticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Valencia en la zona¡±. Pero considera que el procedimiento seguido en su juzgado no puede entrar a juzgar ¡°la adecuaci¨®n o no a la legalidad de la actuaci¨®n¡± del Gobierno local que dirige Rita Barber¨¢, que deber¨ªa resolverse, afirma, no en el orden penal sino en el contencioso-administrativo.

El enfrentamiento que se produjo el 6 de abril de 2010 en El Cabanyal estuvo rodeado, como da a entender el magistrado, de un gran embrollo jur¨ªdico. De forma resumida, el Gobierno, dirigido entonces por los socialistas, emiti¨® una orden en la que ordenaba la paralizaci¨®n inmediata de los derribos ¡ªel plan de Barber¨¢ prev¨¦ m¨¢s de 400¡ª porque constitu¨ªan un ¡°expolio del patrimonio hist¨®rico¡±. La Generalitat, presidida en aquel momento por Francisco Camps, reaccion¨® aprobando un decreto con el que pretendi¨® burlar la orden ministerial y continuar con las demoliciones.

El Gobierno recurri¨® al Constitucional, que paraliz¨® cautelarmente el decreto del Consell. Camps sigui¨®, sin embargo, adelante y convirti¨® dicho decreto en ley. Con tal argucia, y en el tiempo que medi¨® hasta que el Constitucional volvi¨® a suspender la aplicaci¨®n de esa ley a petici¨®n del Gobierno, el Ayuntamiento aprovech¨® el vac¨ªo legal para tirar abajo varias casas. Una de esas actuaciones fue la que dio lugar al juicio de faltas cuyo resultado se conoci¨® ayer. Apenas ocho d¨ªas m¨¢s tarde, el 14 de abril de 2010, el Constitucional volvi¨® a dictar la paralizaci¨®n de los derribos, que se ha mantenido hasta ahora.

El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10 de Valencia asumi¨® en el fallo publicado ayer las declaraciones de los polic¨ªas que sufrieron lesiones, convirti¨¦ndolas en pr¨¢cticamente la ¨²nica prueba en que se sostiene la condena. As¨ª, el magistrado considera que la agresi¨®n al agente 24.104 por parte de J. C. ¡°qued¨® suficientemente probada por la declaraci¨®n testifical del polic¨ªa¡±. Seg¨²n la misma, este recibi¨® ¡°de una persona manifestante una patada fuerte en su zona genital retorci¨¦ndose de dolor, cayendo al suelo y posteriormente fue atendido por una ambulancia¡±. El agente, que no pudo trabajar durante nueve d¨ªas, afirm¨® que vio ¡°perfectamente¡± al autor de la patada y que al d¨ªa siguiente lo reconoci¨® en fotograf¨ªas publicadas por la prensa.

En la otra condena, el juez se?ala que el agente 21.771 recibi¨® ¡°una patada en la rodilla cuando estaba de espaldas¡±. Y agrega que el polic¨ªa ¡°dijo que el autor era el denunciado (I. P) pese a no verlo, pero realizando una deducci¨®n directa que no permite al testigo dudas ni confusiones, porque al girarse¡± pudo ver al vecino.

Ambos ciudadanos fueron condenados a una multa de 300 euros y a pagar sendas indemnizaciones: 720 euros al agente 24.104 y 270 euros al 21.771.