El juez investiga un fraude millonario del IVA en los comedores escolares

La justicia investiga un posible fraude millonario del IVA relacionado con empresas y fundaciones que ofrecen el servicio de comedor escolar y de monitores de los mismos. Las diligencias, abiertas en los Juzgados de Instrucci¨®n n¨²mero 1 del Prat de Llobregat y n¨²mero 7 de Martorell, deben determinar si existen responsabilidades por un presunto delito econ¨®mico de estafa contra la Hacienda P¨²blica que, seg¨²n diversas fuentes, podr¨ªa superar los 10 millones de euros.

Pedro Ariche, fiscal de delitos econ¨®micos, ha reconocido a EL PA?S que la investigaci¨®n se encuentra en su tramo final. La instrucci¨®n de El Prat de Llobregat se centra en la Fundaci¨®n Catalana del Esplai ¡ªentidad sin ¨¢nimo de lucro dedicada a actividades para la infancia y la juventud¡ª y en dos asociaciones (Asociaci¨®n Catalana de Casas de Colonias y Asociaci¨®n de Recursos de Servicios de Esplai) que forman parte de su entramado. Por otra parte, en Martorell investigan a 7 i Tria SA, empresa de Sant Andreu de la Barca, propiedad de Josep Oriol Carbonell, fundador y expresidente de la Associaci¨® Catalana d¡¯Empreses de Lleure, Educaci¨® i Cultura (ACELLEC), patronal del sector. Actualmente, Carbonell es vicepresidente de ACELLEC y presidente de la Federaci¨®n Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Animaci¨®n Sociocultural (FOESC).

Las dos investigaciones judiciales est¨¢n relacionadas con una consulta vinculante de la Direcci¨®n General de Tributos del Ministerio de Hacienda, realizada a petici¨®n de la FOESC, seg¨²n la cual se debe aplicar el 21% de IVA en el servicio de monitores de comedores escolares. En plena crisis, la noticia preocupa en escuelas y asociaciones de padres que temen un aumento en la factura.

Sin embargo, la informaci¨®n en torno a esta noticia es incompleta. Por una parte, se ha dado por hecho que todas las empresas del sector facturan sin IVA cuando no es as¨ª, lo que explica la indignaci¨®n de varios empresarios consultados por EL PA?S y que siempre han aplicado el impuesto. No en vano, la investigaci¨®n se centra en algunos de los que llevan a?os facturando sin IVA. Por otra parte, tampoco se ha hablado de las investigaciones en curso ni se ha dicho que Carbonell es uno de los imputados.

Hacienda considera que las fundaciones distorsionan el mercado si no pagan IVA

El debate en torno a la exenci¨®n del IVA en el servicio de comedor escolar lleva a?os coleando. A grandes rasgos, hay dos posturas. Por un lado est¨¢n las empresas del sector de la restauraci¨®n que aplican el impuesto y, por el otro, las empresas ¡ªno todas¡ª y las fundaciones sin ¨¢nimo de lucro que facturan sin IVA. Seg¨²n estos ¨²ltimos, est¨¢n exentos del impuesto por cumplir una funci¨®n educativa. Ante este argumento, las empresas de restauraci¨®n recuerdan que la ley es igual para todos, que el servicio es exactamente el mismo y se quejan de competencia desleal. ¡°Durante estos a?os nos han perjudicado mucho¡±, admite una empresaria.

El conflicto empez¨® la senda judicial el 27 de marzo 2009, cuando el empresario Marcos Perea denunci¨® a la Fundaci¨®n Catalana del Esplai. En el documento expon¨ªa una consulta vinculante de la Direcci¨®n General de Tributos, donde se expon¨ªa que las fundaciones ¡°compiten directamente con sociedades mercantiles que prestan los mismos servicios, pero pagando todos los impuestos, y que esta situaci¨®n presenta graves distorsiones del mercado¡±. La resoluci¨®n conclu¨ªa que ¡°en ning¨²n caso los servicios de comedor escolar y de monitores pueden entenderse como complementarios de los servicios de asistencia social, sino que cada uno constituye una prestaci¨®n de servicios independientes, siguiendo cada uno su propio r¨¦gimen tributario¡±. La ¨²nica excepci¨®n, aclara Hacienda, es cuando las entidades sociales prestan servicios a menores de seis a?os.

Sin embargo, la Fundaci¨®n Catalana del Esplai no era la ¨²nica en acogerse a la exenci¨®n, tambi¨¦n lo hac¨ªan empresas como 7 i Tria SA. Ante tal situaci¨®n, el 3 de junio de aquel 2009, Juan Ignacio Xiberta, abogado del denunciante, envi¨® un burofax a la ACELLEC advirti¨¦ndoles de las irregularidades detectadas y de la consulta vinculante. Pero ni la demanda, ni la advertencia a la patronal, ni otras consultas vinculantes que resolv¨ªan en contra de la exenci¨®n hicieron que los defensores de la misma cambiaran de postura. Y el proceso judicial sigui¨® su curso. As¨ª, en El Prat de Llobregat abrieron las diligencias previas a la Fundaci¨®n Catalana del Esplai y a las dos asociaciones dependientes mientras que en Martorell hicieron lo propio con 7 i Tria, despu¨¦s que Perea tambi¨¦n los denunciara.

En la actualidad, tal y como reconoce el fiscal Ariche, ambas investigaciones est¨¢n en su tramo final y acumulan abundante documentaci¨®n. Entre la del Prat de Llobregat hay un informe de peritaje sobre la Asociaci¨®n de Recursos de Servicios de Esplai, entidad que gestiona el servicio de comedor escolar de la Fundaci¨®n. El informe, fechado el 4 de noviembre del 2011 y realizado por dos inspectores de la Agencia Tributaria a petici¨®n del juzgado, se centra en el per¨ªodo 2006-2009 ¡ªambos a?os incluidos¡ª, pues eran los ejercicios concluidos y no prescritos hasta el momento de la denuncia. El informe se?ala que la exenci¨®n del IVA no incluye el servicio de comedor escolar, un ¨¢mbito que para la Fundaci¨®n no es balad¨ª pues solo en el 2008 sirvi¨® casi 600.000 comidas a 38.000 alumnos.

Los afectados est¨¢n convencidos de que el caso acabar¨¢ archivado. Josep Oriol Carbonell afirma que est¨¢n ¡°tranquilos a nivel judicial¡±, aunque inquietos por las consecuencias de la imposici¨®n del IVA en el servicio. Tambi¨¦n remarca que las anteriores consultas vinculantes no eran tan clarificadoras y critica el af¨¢n recaudatorio de la medida. Por su parte, Josep Gass¨®, presidente de la Fundaci¨®n ¡ªy que, como Carbonell, est¨¢ imputado¡ª asegura que defienden ¡°el derecho de fundaciones y asociaciones de car¨¢cter social a facturar sin IVA estos servicios educativos y sociales, as¨ª como el derecho de las familias a no tener que soportar el coste adicional que supondr¨ªa la aplicaci¨®n de este impuesto¡±. Gass¨® insiste en diferenciar entre asociaciones sin ¨¢nimo de lucro ¡ªy por tanto sin intenci¨®n de enriquecerse¡ª y empresas privadas. Tambi¨¦n advierte que se mantendr¨¢n firmes en su postura, pues cuentan con el aval de expertos en derecho tributario y porque est¨¢n ¡°convencidos de la legalidad y coherencia¡± de su actuaci¨®n.