Rigau desoy¨® los avisos de fraude del IVA en comedores escolares

Irene Rigau hizo caso omiso de los avisos que en los ¨²ltimos a?os le llegaron sobre posibles irregularidades en el servicio de comedor escolar y de monitores. Hasta en cuatro ocasiones recibi¨® informaci¨®n sobre los problemas que, a d¨ªa de hoy, la justicia investiga, pero en su departamento siempre han alegado que las competencias de contrataci¨®n recaen en los consejos comarcales y que el asunto depende de Hacienda y de los tribunales.

Tal y como inform¨® ayer EL PA?S, las diligencias abiertas en los Juzgados de Instrucci¨®n n¨²mero 1 del Prat de Llobregat y n¨²mero 7 de Martorell deben determinar si existen responsabilidades por un presunto delito econ¨®mico de estafa contra la Hacienda p¨²blica. En el centro de la pol¨¦mica est¨¢n la Fundaci¨®n Catalana del Esplai ¡ªadem¨¢s de dos sociedades de su entramado¡ª y la empresa 7 i Tria, SA, propiedad de Josep Oriol Carbonell, fundador y expresidente de la Associaci¨® Catalana d¡¯Empreses de Lleure, Educaci¨® i Cultura (ACELLEC), patronal del sector. Tanto unos como otros, desde naturalezas jur¨ªdicas distintas, defienden que la labor que realizan es educativa y que, por tanto, est¨¢n exentos del IVA. Por otra parte, diferentes resoluciones vinculantes de Hacienda apuntan lo contrario mientras que desde el sector de la restauraci¨®n se les acusa de competencia desleal.

El empresario Marcos Perea, que en su momento denunci¨® tanto a la Fundaci¨®n como a 7 i Tria, tambi¨¦n entr¨® en el registro del departamento hasta tres cartas dirigidas a Rigau.

La primera de las cartas fue entrada en el registro el 26 de septiembre del 2011 y consist¨ªa de 26 p¨¢ginas con informaci¨®n detallada. Ante la falta de respuesta, el 27 de enero entr¨® un segundo escrito redundando en dicha informaci¨®n. Finalmente, y de nuevo ante el silencio de la Administraci¨®n, el 22 de marzo del pasado a?o escribi¨® una tercera carta en la misma l¨ªnea.

Finalmente, diez meses despu¨¦s del primero de los escritos, el empresario recibi¨® una escueta respuesta de Mar¨ªa Jes¨²s Mier, secretaria general del Departamento, inform¨¢ndole que el organismo competente sobre el presunto fraude era Hacienda y que, al ser los hechos objeto de investigaci¨®n, ¡°no procede ninguna manifestaci¨®n al respecto, a la espera de la oportuna resoluci¨®n judicial¡±.

Entre la segunda y tercera de las cartas dirigidas a Rigau, el 16 de febrero del pasado a?o dos diputados del PP (Pere Chumillas y Jos¨¦ Antonio Coto) preguntaron por escrito al Gobierno sobre la cantidad de escuelas p¨²blicas que tienen contratados servicios de comedor escolar, sobre los criterios utilizados para prestar este servicio y sobre si el Gobierno ten¨ªa constancia de alg¨²n incumplimiento de las obligaciones tributarias en la prestaci¨®n de este servicio o de alguna imputaci¨®n por un presunto delito contra la Hacienda P¨²blica en la prestaci¨®n de servicios de comedor escolar en alguna escuela p¨²blica catalana.

En su respuesta, con fecha del 3 de mayo, Rigau asegur¨® que el servicio se presta en 1.632 escuelas p¨²blicas, les recordaba que los consejos comarcales tienen las competencias en la contrataci¨®n y aseguraba que ¡°el Departamento no ha recibido ninguna notificaci¨®n judicial o de la Hacienda P¨²blica sobre el presunto delito¡±. En ning¨²n momento cit¨® la informaci¨®n que le hab¨ªa remitido el empresario.

Rigau tampoco cit¨® un informe de la Oficina Antifraude de Catalu?a que a finales de 2010 ya advert¨ªa sobre "la gravedad de las posibles irregularidades cometidas" en algunos comedores escolares por parte de empresas privadas que facturaban sin IVA los servicios de prestaci¨®n de alimentaci¨®n y monitores.

El informe en cuesti¨®n se centraba en tres empresas privadas (7 i Tria SA, Teno SL y Educapoli SLU). Previamente, Antifraude hab¨ªa archivado otra denuncia contra la Fundaci¨®n Catalana del Esplai al encontrarse ¨¦sta ya incluida en el procedimiento en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 del Prat de Llobregat.

Antifraude record¨® a Ense?anza que el impago del IVA es ¡°competencia desleal¡±

Seg¨²n el informe de Antifraude ¡ªfechado el 3 de diciembre de 2010 y firmado por Josep Maria Agull¨®, t¨¦cnico de an¨¢lisis particularizado del Gasto P¨²blico, y Carles Quilez, director de an¨¢lisis¡ª no exist¨ªa duda alguna sobre las irregularidades detectadas. ¡°Queda pues acreditado que estas empresas, de car¨¢cter mercantil, han de repercutir el IVA y han de ingresarlo a la Hacienda P¨²blica en los servicios indicados. La no repercusi¨®n del IVA supone no s¨®lo un fraude para la Hacienda P¨²blica sino que tambi¨¦n una competencia desleal por parte de las empresas infractoras que al no repercutir este IVA resultan m¨¢s competitivas que las empresas que declaran correctamente este impuesto¡±, a juicio de la Direcci¨®n de An¨¢lisis,.

A pesar de ello, Antifraude concluy¨® que la denuncia no entraba en su ¨¢mbito de actuaci¨®n -el sector p¨²blico de Catalunya- y que, por tanto, no pod¨ªa investigar los presuntos hechos denunciados ni proponer actuaciones de investigaci¨®n. As¨ª, se archivaron las actuaciones aunque, debido a la gravedad de los hechos analizados, la Direcci¨®n de An¨¢lisis consider¨® oportuno tramitar la denuncia presentada a la Agencia Tributaria para que pudiera "determinar la posible comisi¨®n de delitos contra la Hacienda P¨²blica, o al menos, de infracciones administrativas en la declaraci¨®n de impuestos", y al Departamento de Ense?anza de la Generalitat "para que sea conocedor de las irregularidades denunciadas".

Unos meses antes del informe de Antifraude, Rafael Rib¨®, S¨ªndic de Greuges, hab¨ªa llegado a conclusiones similares ante una denuncia sobre las posibles irregularidades en los comedores escolares. As¨ª, en una carta del 7 de junio de 2010, Rib¨® concluy¨® que la citada informaci¨®n no estaba "dentro de sus funciones" aunque aseguraba "que se deben adoptar medidas" para evitar la situaci¨®n denunciada.

Ante la informaci¨®n publicada ayer por EL PA?S sobre las investigaciones en curso, desde Ense?anza han recordado, de nuevo, que la competencia de contrataci¨®n no es suya sin¨® de los consejos comarcales y que, ante el posible fraude, quien debe actuar son los tribunales.