El hermano de Crespo proyect¨® una mansi¨®n en un ¨¢rea protegida de Lloret

La sombra del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, tambi¨¦n se extiende sobre la mansi¨®n de Can Juncadella, una de las obras m¨¢s controvertidas de las realizadas en esta localidad de la Costa Brava en los ¨²ltimos a?os. El arquitecto Josep Maria Crespo, hermano del pol¨ªtico ¡ªa quien la Audiencia Nacional vincula con el blanqueo de dinero de la mafia rusa¡ª ha participado directamente en el proyecto y ejecuci¨®n de la lujosa edificaci¨®n, construida en espacio natural protegido, seg¨²n ha podido saber EL PA?S. La propietaria del terreno es la familia del presidente de la principal petrolera de Kazajist¨¢n.

El caso est¨¢ en los tribunales despu¨¦s de que el Fiscal de Medio Ambiente de Girona encontrase indicios de un delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica. Los investigadores de los Mossos d'Esquadra pidieron la imputaci¨®n de Crespo, que fue rechazada por el fiscal, aunque s¨ª han sido imputados la arquitecta municipal de Lloret y su colega en la Comisi¨®n de Urbanismo de Girona. Los dos funcionarios avalaron la gigantesca obra, que el fiscal considera ilegal.

Seg¨²n han confirmado a este diario fuentes conocedoras del caso, Josep Maria Crespo proyect¨® Can Juncadella aunque su nombre no conste en los documentos oficiales para evitar que se le relacionase con su hermano, que ocup¨® la alcald¨ªa entre 2003 y 2011. En su lugar figura Miquel Bantul¨¢, amigo y compa?ero de facultad de Josep Maria Crespo. Los dos arquitectos tambi¨¦n han compartido todos estos a?os despacho en un piso situado en el n¨²mero 226 de la calle de Val¨¨ncia de Barcelona. El hermano del diputado de CiU tambi¨¦n figura en el registro mercantil como administrador de dos empresas radicadas en esa direcci¨®n: Arco en Gola y Juntos Organitzem Promocions.

Josep Maria Crespo ha declinado atender a los repetidos intentos de este diario de obtener su versi¨®n de los hechos. Tampoco Bantul¨¤ ha contestado a los mensajes dejados en su entorno.

En Can Juncadella ya exist¨ªa un chalet construido en los a?os 40 por una familia de industriales del textil. Las obras denunciadas ahora por el fiscal corresponden a una mansi¨®n de invitados de lujo con 13 suites y 19 ba?os en el macizo de Cadiretes, frente a la playa. La finca est¨¢ inscrita a nombre de una sociedad, Flinder Data, administrada por Assylbek Karibayev, cuyo nombre coincide con el del presidente de la compa?¨ªa petrolera de Kazajist¨¢n.

Fuentes municipales de Lloret confirman tambi¨¦n que fue Josep Maria Crespo qui¨¦n se encarg¨® de inscribir la finca en el catastro municipal cuando la adquiri¨® Flinder Data. Adem¨¢s, tambi¨¦n visit¨® con frecuencia las obras para supervisar su marcha.

El hermano de Xavier Crespo fue, hasta 2005, consejero delegado de la empresa Estaciones de Servicio de Kazajist¨¢n, dedicada a la intermediaci¨®n en el comercio de combustibles y materias primas, seg¨²n los datos que figuran en el registro mercantil. La vinculaci¨®n del hermano del ex alcalde con la finca de Can Juncadella ya fue sugerida en el pasado por el Millor, el principal partido de la oposici¨®n de Lloret y cuyo l¨ªder, Marc Fuertes, ha denunciado en los ¨²ltimos a?os los hechos que han acabado desembocando en la operaci¨®n Clotilde, que relaciona a Crespo con la mafia rusa.

Fue la asociaci¨®n ecologista SOS Lloret, sin embargo, la primera que denunci¨® a la fiscal¨ªa las obras de la mansi¨®n, que tiene acceso directo a la playa, un gran sal¨®n de te, bodega de licores, piscina con solarium....

Los ecologistas argumentaron que la finca forma parte de la Xarxa Natura 2000 y est¨¢ catalogada como Espacio de Inter¨¦s Natural, lo que proh¨ªbe cualquier construcci¨®n que no sea para usos agr¨ªcolas, forestales o ganaderos. Sin embargo, el arquitecto de la Comisi¨®n Territorial de Urbanismo de Girona, primero, y la del Ayuntamiento de Lloret, despu¨¦s, avalaron con sendos informes la legalidad de las obras en 2010.

Para ello se basaron en dos art¨ªculos de la ley de Urbanismo, referidos el primero a actuaciones ¡°en suelo no urbanizable¡± y el segundo a proyectos de reconstrucci¨®n de mas¨ªas. Pero el fiscal de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, considera que no se puede defenderse el ¡°inter¨¦s p¨²blico¡± de la obra ni tampoco se puede aplicar el segundo art¨ªculo porque, aunque en Can Juncadella hab¨ªa un gallinero y una casa de campo, las obras de la mansi¨®n se est¨¢n haciendo en un espacio diferente y sin preservar las construcciones antiguas, que se echaron abajo y estaban en situaci¨®n ruinosa.

Los dos arquitectos est¨¢n imputados en un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Blanes por prevaricaci¨®n urban¨ªstica al informar favorablemente de licencias ilegales, en contra de lo que hab¨ªan establecido varios informes previos del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. Sus declaraciones, previstas para el pasado jueves, han sido postergadadas.

La denuncia de los ecologistas propici¨® la investigaci¨®n de la Unidad Central de Delitos Urban¨ªsticos y Contra el Medio Ambiente de los Mossos d?Esquadra. La polic¨ªa catalana se quej¨® de dificultades para realizar la investigaci¨®n como, por ejemplo, que los agentes no pudieron entrar en la finca porque los guardianes de la propiedad se lo impidieron. Los Mossos acabaron solicitando la imputaci¨®n en el caso del exalcalde, Xavier Crespo, de los miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron otorgar la licencia y de los responsables de la Comisi¨®n de Urbanismo de Girona. El fiscal, sin embargo, no lo consider¨® adecuado en ese momento al carecer de indicios que involucrasen a ning¨²n responsable pol¨ªtico.

La finca de Can Juncadella es un tema recurrente en los plenos del ayuntamiento de Lloret de Mar. En 2008 la Junta de Gobierno aprob¨® permitir a los propietarios rehabilitar una casa a pie de playa ¡ªsituada en terreno de m¨¢xima protecci¨®n y afectada por la Ley de Costas¡ª a cambio de que estos cediesen el uso del inmueble al Ayuntamiento entre los meses de octubre y marzo durante 10 a?os. La oposici¨®n de ERC critic¨® la medida, defendida por el entonces concejal de Urbanismo, Josep Valls ¡ªimputado en la operaci¨®n Clotilde¡ª, como una forma ¨²til de ¡°echar a unos okupas¡± que viv¨ªan en la propiedad. Valls, teniente de alcalde en el gobierno actual, se ha apartado del cargo.

El Ministerio de Medio Ambiente denunci¨® al Departamento de Territorio de la Generalitat por haber autorizado las obras. Ese mismo a?o, los propietarios de la finca cerraron el acceso al camino de ronda que atravesaba el macizo. El Ayuntamiento les permiti¨® hacerlo a cambio de que estos rehabilitasen el antiguo camino de ronda en un proyecto con un coste de 400.000 euros, pero la obra no se ha empezado porque la Generalitat ha rechazado el proyecto presentado y ha exigido una nuevo. En 2009 el Consistorio puso una multa de 10.000 a los propietarios por echar abajo una antigua construcci¨®n sin tener licencia de obras.