El Tribunal de Cuentas desmonta la defensa de Barber¨¢ en el ¡®caso N¨®os¡¯
La fundaci¨®n que contrat¨® a Urdangar¨ªn forma parte del sector p¨²blico local
El Tribunal de Cuentas ha desmontado la defensa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, ante el caso Urdangarin. Barber¨¢ ha intentado mantener alejado el esc¨¢ndalo de los cerca de dos millones de euros que la fundaci¨®n municipal Turismo Valencia Convention Bureau concedi¨® al Instituto N¨®os del yerno del Rey, sosteniendo que se trata de una entidad privada separada del Ayuntamiento, a pesar de que la preside su n¨²mero dos, el vicealcalde Alfonso Grau.
El Tribunal de Cuentas, ¨®rgano fiscalizador del sector p¨²blico, echa por tierra esa teor¨ªa al se?alar en un informe fechado el 23 de febrero de 2012 que la ¡°dependencia econ¨®mica¡± de la fundaci¨®n respecto al Gobierno de Barber¨¢, ¡°deber¨ªa llevar a considerarla como integrante de ese sector p¨²blico local¡±. Su actividad deber¨ªa ajustarse, a?ade, a las limitaciones que afectan al sector p¨²blico, incluidos los requisitos para contratar.
Valencia suscribi¨® con el Instituto N¨®os convenios para organizar el Valencia Summit, un encuentro de expertos deportivos por el que la entidad de Urdangarin cobr¨® importes fabulosos, en los a?os 2004, 2005 y 2006. Pero el Ayuntamiento no lo hizo directamente, sino a trav¨¦s de la fundaci¨®n Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), que pag¨® cerca de dos millones de euros por los eventos. La investigaci¨®n del juez de Palma Jos¨¦ Castro ha revelado que del dinero que destin¨® por esta v¨ªa el Ayuntamiento ¡ªy la Generalitat, que cofinanciaba el Valencia Summit¡ª, menos de una quinta parte est¨¢ justificado con facturas, mientras que el resto se lo habr¨ªa quedado el instituto del yerno del Rey.
La alcaldesa ha insistido en que la fundaci¨®n es privada e independiente
El juez tambi¨¦n ha censurado a la fundaci¨®n municipal y al Consell, ambos controlados por el PP, por haber firmado los convenios ¡°sin que fuera precedido de ning¨²n proceso de an¨¢lisis de mercado¡±, lo que llev¨® a que N¨®os ¡°ni tan siquiera se molest¨® en tratar de esbozar para convencer a quienes tendr¨ªan que pagarlo¡±. Los acuerdos, a?adi¨® el juez en el auto que estableci¨® una fianza de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su socio Diego Torres, violaron ¡°de manera descarada los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del amiguismo y la oficiosidad¡±.
La estrategia de Barber¨¢ ha consistido en mantener que la fundaci¨®n TVCB no depende del Ayuntamiento. Al ser privada, no tendr¨ªa que ajustarse a estrictos criterios legales en la contrataci¨®n. El Tribunal de Cuentas opina, sin embargo, lo contrario. El organismo solicit¨® datos de m¨¢s de 400 fundaciones municipales espa?olas. De siete de ellas concluye que, pese a estar constituidas formalmente como privadas, deben ser consideradas parte del sector p¨²blico. La primera de esa lista es Turismo Valencia Convention Bureau.
El Tribunal de Cuentas la enmarca en un grupo de cinco fundaciones que cuentan ¡°con una aportaci¨®n dotacional, si bien no mayoritaria s¨ª significativa por parte de Ayuntamientos y/o diputaciones que, adem¨¢s, subvencionan anualmente sus actividades en un porcentaje considerable frente a otro tipo de ingresos¡±. A continuaci¨®n, detalla que la fundaci¨®n VTCB ¡°no se constituye mayoritariamente por el Ayuntamiento de Valencia (aporta el 25%), siendo junto con ¨¦l socios fundadores la C¨¢mara de Comercio, la Confederaci¨®n Empresarial y Feria Valencia, esta ¨²ltima participada a su vez por el Ayuntamiento. Si bien m¨¢s del 80% de los ingresos anuales se aportan por el Consistorio de Valencia¡±.
Acogi¨¦ndose a ese supuesto car¨¢cter privado, Barber¨¢ y su equipo de Gobierno han rechazado informar incluso de cu¨¢nto dinero municipal acab¨® en manos de Urdangarin y Torres. Y ello a pesar de que en 2005, por ejemplo, 95 de cada 100 euros que manej¨® la fundaci¨®n TVCB le fueron proporcionados por el Ayuntamiento. En ese mismo ejercicio, de un presupuesto total de 5,25 millones de euros, la fundaci¨®n dedic¨® 739.965 a gastos del Valencia Summit.
Ser un ente privado permite eludir estrictos controles en la contrataci¨®n
El Tribunal de Cuentas se?ala en las conclusiones de su informe que las entidades ¡°constituidas como fundaciones, bien con aportaci¨®n dotacional mayoritaria de los entes locales y/o con representaci¨®n mayoritaria de estos en sus patronatos y/o cuando las aportaciones posteriores a su constituci¨®n devengan esencialmente de subvenciones concedidas por las entidades locales participantes en esta, aunque dicha participaci¨®n resulte minoritaria, debieran ser consideradas como parte del sector p¨²blico local y, por tanto, con igual sujeci¨®n al control previsto para este¡±.
Que una Administraci¨®n pretenda servirse del derecho privado creando y financiando entidades que persiguen fines p¨²blicos ¡ªel fin de la fundaci¨®n del Ayuntamiento es ¡°la gesti¨®n estrat¨¦gica y la promoci¨®n de la ciudad de Valencia en el ¨¢mbito tur¨ªstico¡±¡ª no es raro. El sumario del caso G¨¹rtel revela que la Generalitat intent¨® hacer lo mismo sin ¨¦xito con su Agencia Valenciana de Turismo, que contrat¨® de forma presuntamente ilegal a empresas de la red corrupta por cinco millones de euros.
Existen, en cambio, pocos supuestos en que un Ayuntamiento se resista a aceptar el car¨¢cter p¨²blico de sus fundaciones. Y menos cuando, como sucede con TVCB administra tanto dinero (en 2004, 8,9 millones). Entre los pocos casos similares que recoge el Tribunal de Cuentas se incluyen la fundaci¨®n Feria Ap¨ªcola de Castilla-La Mancha (del Ayuntamiento de Pastrana y la Diputaci¨®n de Guadalajara) y la del Museo del Calzado de Elda (del consistorio eldense y de la Diputaci¨®n de Alicante).
Un precedente en el sumario de G¨¹rtel
El sumario del caso G¨¹rtel contiene un intento similar, en este caso de la Generalitat, de eludir las restricciones que pesan sobre las Administraciones a la hora de contratar sosteniendo que uno de sus entes, la Agencia Valenciana de Turismo, se reg¨ªa por derecho privado. Un informe de la Intervenci¨®n General del Estado de 2012, sobre la contrataci¨®n de dicha agencia con empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa, concluye lo contrario, reproduciendo para ello un dictamen de la Sindicatura de Comptes de 2005.
¡°La Agencia Valenciana de Turismo, como ya se ha venido indicando en los informes de fiscalizaci¨®n de ejercicios anteriores, es una entidad de derecho p¨²blico dependiente de la Generalitat valenciana, financiada en su pr¨¢ctica totalidad por la misma y creada para satisfacer necesidades de inter¨¦s general que son competencia de esa Administraci¨®n auton¨®mica, como son el fomento y la promoci¨®n del turismo valenciano¡±.
De ese modo, prosigue la Sindicatura, ¡°concurren los dos requisitos establecidos¡± en la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas para que la agencia ¡°ajuste su actividad contractual a lo dispuesto en esta ley¡±.
El art¨ªculo 3 de esa norma recoge los entes que estar¨¢n sujetas a la regulaci¨®n. Y, a modo de red de seguridad para evitar que bajo distintas denominaciones las Administraciones burlen el control, establece que deber¨¢n ce?irse al modo de contratar del sector p¨²blico: ¡°Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jur¨ªdica propia, que hayan sido creados espec¨ªficamente para satisfacer necesidades de inter¨¦s general que no tengan car¨¢cter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector p¨²blico financien mayoritariamente su actividad¡±. Como ocurre con la fundaci¨®n del Ayuntamiento de Valencia.
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