La Justicia afronta su mayor malestar

¡°Un nivel tan generalizado de malestar en jueces, fiscales, abogados no lo hab¨ªa visto antes¡±. La frase de un miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior resume la convulsi¨®n que en los ¨²ltimos meses vive la Administraci¨®n de Justicia en Euskadi por un c¨²mulo de circunstancias que, seg¨²n todos los consultados en diferentes estamentos, se resume en la conjunci¨®n, como en una tormenta perfecta, de dos hechos: la crisis y su impacto y, sobre todo, la sucesi¨®n de reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, que han suscitado una alarma y un rechazo global ¡°absolutamente nuevo¡±.

¡°Antes hab¨ªa disconformidades, pero la idea de que habl¨¢bamos el mismo lenguaje. Ahora creemos que el ministerio habla un idioma distinto¡±, razona un magistrado con m¨¢s de 25 a?os en la carrera.

Ese serio malestar tiene una cifra: el 54% de los 187 magistrados titulares que trabajan en Euskadi (la comunidad aut¨®noma suma 227 jueces y magistrados) secundaron el 20 de febrero la huelga convocada en toda Espa?a contra las reformas de Gallard¨®n. ¡°Es much¨ªsimo para el Pa¨ªs Vasco, normalmente menos guerrero¡±, reconoce el juez decano de Bilbao, Alfonso Gonz¨¢lez-Guija.

El seguimiento result¨® muy parecido al registrado en donde el paro, tercero de jueces y fiscales en la democracia, tuvo mayor apoyo: la Primera Instancia y lugares con enorme carga de trabajo, como la cornisa mediterr¨¢nea, Madrid y Barcelona.

Resulta ¡°muy significativo¡±, dice el coordinador de Jueces para la Democracia (JpD) en Euskadi, Edmundo Rodr¨ªguez Ach¨²tegui. Y ello en una comunidad en situaci¨®n objetivamente mejor que el resto, que fue avanzada en muchos aspectos en dotaci¨®n de medios, aunque en cuestiones como la gesti¨®n inform¨¢tica sufre ya graves deficiencias, y cuyos resultados generales figuran entre los mejores de Espa?a. Por ejemplo, la tasa de congesti¨®n en el conjunto de jurisdicciones se situaba en el tercer trimestre del a?o pasado (¨²ltimos datos disponibles del Poder Judicial) en un 2,10, solo por detr¨¢s de Navarra, frente al 2,49 nacional.

?Cu¨¢l es la cr¨®nica de este descontento? Fuentes judiciales coinciden en que arranca ya en 2011, cuando al final de la legislatura de Zapatero colapsa el pacto de Estado que PP y PSOE hab¨ªan cerrado una d¨¦cada antes, con Aznar en La Moncloa, para modernizar la Justicia.

La viceconsejer¨ªa recortar¨¢ este a?o unos 6,3 millones en gasto corriente

Ya con Gallard¨®n de ministro, no solo el proceso se para, sino que ¡°parece que el objetivo ya no es modernizar, sino aplicar a la Justicia los recortes generales¡±, a?aden esas fuentes. Con el acceso a la carrera absolutamente paralizado ¡ªde febrero de 2011 a enero pasado no se convoc¨® ni una plaza en la Escuela Judicial¡ª, el primer anuncio del cambio de par¨¢metro llega cuando en julio pasado el recorte en sueldos y permisos a los funcionarios que decreta Rajoy se extiende de manera expl¨ªcita a los jueces.

¡°El juez, integrante de un poder del Estado, pasa a ser considerado un funcionario ?al servicio de qui¨¦n? Porque los funcionarios, por definici¨®n, est¨¢n al servicio de alguien¡±, razona un magistrado. Este desconcierto llega adem¨¢s cuando el Consejo del Poder Judicial vive su peor crisis por el esc¨¢ndalo del caso D¨ªvar.

La siguiente suspicacia la genera la modificaci¨®n de la ley de Tasas, una de las mayores pol¨¦micas de la legislatura, para elevarlas, que Gallard¨®n anunci¨® a mediados de febrero que cambiar¨¢ de nuevo. Para arreglar la saturaci¨®n de la justicia se opta por restringir la entrada de asuntos al circuito elevando las tasas. La impresi¨®n que cunde entre jueces, fiscales y abogados es que su fin es solo recaudatorio.

¡°Ahora mismo prestamos un buen servicio a los bancos, las aseguradoras, el propio Estado o la comunidad aut¨®noma, los grandes litigantes en la mayor¨ªa de asuntos y, en cambio, al ciudadano que de vez en cuando ha de ir al juzgado con un problema se le han puesto much¨ªsimas barreras econ¨®micas¡±, lamenta Rodr¨ªguez Ach¨²tegui.

¡°Exigir tasas en esas cuant¨ªas y con car¨¢cter universal est¨¢ suponiendo ya un detrimento del derecho al servicio p¨²blico de la justicia¡±, apostilla el fiscal superior del Pa¨ªs Vasco, Juan Calparsoro, quien cifra entre un 20% y un 30% la reducci¨®n de las demandas que llegan a los juzgados desde su entrada en vigor a mediados de diciembre.

Aunque a¨²n es pronto para respaldarlo con datos, se est¨¢ notando un aumento de denuncias en la jurisdicci¨®n penal, exenta de tasas, para evitar pagarlas donde han subido: la civil y la contencioso-administrativa. El retraimiento en estas dos ¨²ltimas es evidente y menor en la social, en que la correspondiente Sala del Superior decidi¨® que la condici¨®n de trabajador exim¨ªa de pago.

"Ahora creemos que el ministerio habla un idioma distinto", dice un magistrado

Est¨¢ por ver si esa reducci¨®n compensar¨¢ el notabil¨ªsimo crecimiento del n¨²mero de causas por la crisis y todas sus derivaciones, con un correlativo aumento de la carga de trabajo que en el Pa¨ªs Vasco, por ejemplo, ha desbordado a los juzgados de lo Social.

En el conjunto de Espa?a se ha pasado de gestionar desde el inicio de la crisis unos ocho millones de asuntos al a?o a 10 millones. En Euskadi, la tasa de litigiosidad (asuntos ingresados por mil habitantes) creci¨® un 3,5% del tercer trimestre de 2011 al del a?o pasado, aunque a¨²n est¨¢ 12 puntos por debajo de la media nacional.

La reforma del C¨®digo Penal y la modificaci¨®n del tratamiento de las faltas, con gran incidencia en los Juzgados de Instrucci¨®n, tambi¨¦n enciende las luces rojas, mientras se va agriando la relaci¨®n del ministerio con todas las asociaciones profesionales.

El ¨²ltimo elemento de desconcierto llega el 28 de diciembre pasado, cuando se aprueba la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Permisos y licencias se reducen y gravan y se equipar¨¢n a los del com¨²n de los funcionarios. ¡°Sentimos que el ministerio y las Cortes no saben en qu¨¦ consiste nuestro trabajo, que no es de dedicaci¨®n sujeta a horarios, sino de resultados¡±, deplora un juez vizca¨ªno.

La reforma reduce a la m¨ªnima expresi¨®n el recurso a jueces sustitutos y magistrados suplentes, que en Euskadi resuelven m¨¢s del 20% de los asuntos. La inmediatez y gravedad de los problemas organizativos que se avecinan lleva a la Sala de Gobierno del Superior a reunirse ese mismo d¨ªa para decidir medidas.

Los planes de sustituci¨®n voluntaria (jueces que por un complemento retributivo asuman trabajo de otro juzgado) han sido un fracaso: solo se han apuntado dos de los 227 jueces y magistrados vascos. Las sustituciones ordinarias (cubrir por turno una ausencia inferior a 15 d¨ªas) y las registradas por plazas vacantes, excedencias o comisi¨®n de servicios estaban salvadas. El problema llega con las bajas superiores a 15 d¨ªas o los permisos de maternidad y estudios.

Y aqu¨ª el Superior ve c¨®mo el ministerio reduce la partida para sustitutos de 1,1 millones a 400.000 euros y, adem¨¢s, comunica que hasta el 25 de enero ya se hab¨ªa gastado el 44% de esta ¨²ltima cifra. Esta misma semana, el ministerio ha reconocido, ante el recurso de alzada del Superior, que hizo mal las cuentas: aunque no modifica la cuant¨ªa total, asume que hab¨ªa imputado a este a?o gastos de noviembre y diciembre pasados. Ello permitir¨¢ contratar seis sustitutos m¨¢s al mes.

¡°Los jueces nos sentimos con un mayor grado de presi¨®n y no sabemos hacia d¨®nde se legisla. Hablas con todos los compa?eros y coinciden: cada vez vamos a peor¡±, opina Gonz¨¢lez Guija.

A ese escenario de fondo, que afecta tambi¨¦n a fiscales y abogados, a un panorama de ¡°recortes muy importantes de un servicio p¨²blico que hasta ahora no funcionaba del todo mal¡±, seg¨²n el coordinador de JpD, se ha sumado otro conflicto m¨¢s centrado en Euskadi. La consejer¨ªa de Justicia logr¨® la pasada semana desactivar las protestas que hab¨ªan convocado los Colegios de Abogados de Bizkaia y Gipuzkoa, que en el primer caso inclu¨ªan el cierre indefinido del Servicio de Orientaci¨®n Jur¨ªdica y el cese en las designaciones de letrados de guardia y del turno de oficio, al comprometerse a ampliar en los presupuestos de este a?o la financiaci¨®n de la asistencia jur¨ªdica gratuita y a simplificar su concesi¨®n.

La consejer¨ªa ha heredado este conflicto del Gobierno de Patxi L¨®pez, cuyo decreto de justicia gratuita tiene recurrido ante el Superior el Colegio vizca¨ªno. Ese decreto tendr¨¢ que ser adem¨¢s modificado ahora al cambiar la legislaci¨®n estatal en esta materia y la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, quiere abordar la cuesti¨®n con todas las partes afectadas.

¡°Confiamos que las negociaciones que se inician den los frutos deseados y no nos veamos obligados a retomar en el futuro medidas similares¡± de protesta, trasladaba el decano vizca¨ªno, Nazario de Oleaga, a los colegiados en este territorio el mismo d¨ªa que la consejer¨ªa hac¨ªa su anuncio.

¡°En general, creo que la Justicia en este pa¨ªs est¨¢ muy sana¡±, pese a los problemas. sostiene Agirre. Del Gobierno vasco dependen los medios materiales de la Administraci¨®n de Justicia, que ahora deber¨¢n afrontar un ajuste. El recorte en el presupuesto de la viceconsejer¨ªa rondar¨¢ los 6,3 millones de euros, sin contar con el cap¨ªtulo de gastos de personal, donde ¡°no va a haber recorte alguno¡±, garantiza su titular.

¡°Intentaremos controlar lo m¨¢ximo posible el gasto corriente y el gasto de inversi¨®n, mirando hasta el ¨²ltimo euro¡±, a?ade Agirre, adem¨¢s, de negociar las posibilidades que ofrece la vinculaci¨®n de las nuevas tasas a la financiaci¨®n de la asistencia jur¨ªdica gratuita. ¡°Tenemos que procurar que los medios materiales y personales sean adecuados¡±, remata la viceconsejera.