Los farmac¨¦uticos acusan al Consell de reducir un 35% sus ingresos

Los farmac¨¦uticos valencianos han denunciado hoy que el decreto ley aprobado por el Consell supondr¨¢ la "cubanizaci¨®n" del modelo actual y una disminuci¨®n de hasta el 35% de sus beneficios. El sector presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Constitucional.

"?El decreto es un castigo porque nos defendimos cuando era imposible mantener las farmacias?", se ha preguntado la presidenta del Colegio de Farmac¨¦uticos de Valencia, Mar¨ªa Teresa Guardiola, en una rueda de prensa junto a los presidentes de la empresarial Farval, Vicente Pay¨¢, y del Sindicato Libre de Farmac¨¦uticos, Jos¨¦ Antonio Puchades.

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, ha replicado que el decreto ley es "absolutamente v¨¢lido desde el punto de vista legal", ya que tiene un informe favorable de la Abogac¨ªa de la Generalitat, y se ha mostrado convencido de que se llegar¨¢ a un "punto de consenso y di¨¢logo" con los colectivos farmac¨¦uticos.

"Lo ¨²nico que ha movido al Gobierno valenciano a llevar a cabo este decreto es la necesidad de ser eficiente en el uso de los recursos de que disponemos" y "sin afectar a la prestaci¨®n al ciudadano", ha defendido Llombart tras asistir a un acto.

El decreto aprobado hace dos semanas por el pleno del Consell prev¨¦ el suministro directo de los f¨¢rmacos a los pacientes cr¨®nicos, un mayor control de las recetas m¨¦dicas y la revisi¨®n de los historiales de los que toman varios medicamentos cada d¨ªa. Con las medidas, el Consell pretende ahorrar unos 300 millones de euros en gasto farmac¨¦utico. Adem¨¢s, el Gobierno valenciano introdujo incentivos a los profesionales sanitarios que contribuyan a reducir la factura farmac¨¦utica.

El decreto pretende la dispensaci¨®n y administraci¨®n ¡°directa y eficiente¡± de f¨¢rmacos a los enfermos cr¨®nicos, as¨ª como a las personas mayores ingresadas en las 22.000 plazas de las residencias de tercera edad.

La opini¨®n de las farmacias sobre el decreto ha quedado clara esta ma?ana. Guardiola ha destacado que todos los colectivos farmac¨¦uticos de la Comunidad Valenciana se han unido para mostrar su "rechazo y consternaci¨®n". A su juicio, este decreto es un "castigo" porque los farmac¨¦uticos se defendieron cuando era "imposible" mantener las farmacias, 2.400 en toda la Comunidad Valenciana, y ha recordado que la Generalitat a¨²n les adeuda cerca de 300 millones de euros.

"De un plumazo nos han quitado las competencias alegando un ahorro econ¨®mico que nosotros no vemos", ha destacado Guardioa. Para los farmac¨¦uticos, el decreto supone la "cubanizaci¨®n del modelo mediterr¨¢neo de farmacia", ya que si la Administraci¨®n crea una red paralela para el suministro de medicamentos se podr¨ªa llegar a que, como en Cuba, las boticas fueran controladas por el Estado.

"Hemos pasado del modelo liberalizador que propon¨ªa el Ministerio de Hacienda al intervencionismo salvaje porque nos quitan las competencias", ha afirmado Guardiola.

Seg¨²n ha indicado, el gasto anual en la receta electr¨®nica supera los dos millones de euros solo en la provincia de Valencia, una cantidad que ahora asumen las farmacias; si interviene la Administraci¨®n la tendr¨¢n que pagar los ciudadanos.

Por ello, ha anunciado la creaci¨®n de un "Observatorio de transparencia" con el objetivo de controlar que efectivamente las medidas aprobadas suponen un ahorro de gasto a la Administraci¨®n y "denunciar las irregularidades jur¨ªdicas y judiciales que vulneren" los derechos de los boticarios.

Adem¨¢s, al considerar que se trata de una norma "ilegal" e "inconstitucional" presentar¨¢n un recurso.

Vicente Pay¨¢ ha criticado que este decreto supondr¨¢ un 25% menos de actividad de las farmacias y con ello una disminuci¨®n de beneficios de hasta el 35% en las farmacias que m¨¢s medicamentos venden de la Seguridad Social, adem¨¢s de "medidas dr¨¢sticas" en el empleo, ya que habr¨¢ que prescindir de trabajadores. "Al ser un decreto inconstitucional introduce elementos indeseables en la Administraci¨®n central", ha se?alado Pay¨¢.

El presidente del Sindicato Libre de Farmac¨¦uticos ha considerado el decreto ley como una "aut¨¦ntica basura normativa propia de pa¨ªses antidemocr¨¢ticos y totalitaristas" y supondr¨¢, adem¨¢s, un aumento de los gastos en la Administraci¨®n.