El Tribunal Superior tumba la privatizaci¨®n de ATLL a Acciona
Un auto da la raz¨®n al organismo de control de la Generalitat que hab¨ªa cuestionado el proceso La Generalitat decidir¨¢ hoy si recurre o adjudica el concurso directamente a Agbar
La mayor privatizaci¨®n aprobada por la Generalitat est¨¢ m¨¢s cerca que nunca de convertirse en un fracaso estrepitoso. Tanto que, por primera vez, el Gobierno catal¨¢n sopesa cancelar un contrato por un importe de casi 1.000 millones de euros y una vigencia de 50 a?os. Cada vez est¨¢ menos claro que Acciona mantenga la explotaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la empresa p¨²blica que se encarga de gestionar el agua en alta ¡ªdesde la captaci¨®n de las cuencas fluviales hasta los dep¨®sitos municipales¡ª que acaban consumiendo casi cinco millones de catalanes.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha propinado este mi¨¦rcoles un fuerte varapalo al Gobierno de Artur Mas al dar la raz¨®n al ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) ¡ªque depende tambi¨¦n de la Generalitat¡ª y validar la resoluci¨®n que dict¨® el pasado mes de enero. Esta, consideraba que la oferta de Acciona no cumpl¨ªa los requisitos de inversiones fijados en el pliego de condiciones del concurso y exig¨ªa retrotraer todo el proceso hasta la invalidaci¨®n de esa oferta. Eso, en s¨ªntesis, quer¨ªa decir que el concurso deb¨ªa adjudic¨¢rsele a Agbar, la otra compa?¨ªa que particip¨® en el concurso.
Ni el recurso presentado por la Generalitat ni los otros dos planteados por Acciona han convencido a la Secci¨®n Quinta de la Sala Contencioso-administrativo del TSJC, que rechaza la ejecuci¨®n de las medidas cautelares que demandaban: la no ejecuci¨®n del dictamen del OARCC hasta que hubiera sentencia firme. El alto tribunal es claro en el auto de respuesta al recurso planteado por el Departamento de Territorio, responsable de la adjudicaci¨®n del concurso: ¡°No haber lugar a suspender la efectividad de la resoluci¨®n impugnada del ?rgano Administrativo de Recursos Contractuales¡±.
La decisi¨®n judicial ha pillado al consejero de Territorio, Santi Vila, y al de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, en el Parlament, justamente para explicar por qu¨¦ y c¨®mo se adjudic¨® la empresa p¨²blica. Ha sido all¨ª donde han abierto las puertas a traspasar el contrato a Agbar, aunque no se las cerraban todav¨ªa a un posible recurso. Todo apunta a esta segunda opci¨®n. Tienen cinco d¨ªas.
El auto del TSJC fija sus bases de defensa en la jurisdicci¨®n europea, que pretende imponer mecanismos que faciliten y agilicen la suspensi¨®n de contratos p¨²blicos. Seg¨²n reza el texto, de esa forma se pretende evitar que el largo tiempo que discurre entre los recursos y las sentencias judiciales definitivas haga ¡°inviable revertir una situaci¨®n ilegal¡±. De ah¨ª que se establezcan mecanismos que permitan ¡°la paralizaci¨®n inicial de los acuerdos de adjudicaci¨®n de los contratos p¨²blicos¡±, como en este caso demand¨® la OARCC.
Asimismo, y tras escuchar los argumentos de la Generalitat para evitar la suspensi¨®n del contrato ¡ªpor el coste que podr¨ªa acarrear una indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios y los efectos sobre el d¨¦ficit¡ª, los tres magistrados que firman el auto consideran que ¡°la Administraci¨®n de la Generalitat formaliz¨® el contrato de autos antes de que se emitiera la resoluci¨®n del OARCC, de modo que asumi¨® voluntariamente el riesgo de que esta dejara sin efecto el acuerdo de adjudicaci¨®n¡±.
Acciona ha comunicado que sigue siendo la titular del servicio, si bien recurrir¨¢ ante el Tribunal Supremo. Agbar, por su parte, ha se?alado que si la Generalitat solicita la suspensi¨®n del auto, la compa?¨ªa solicitar¨¢ al TSJC ¡°la inmediata ejecuci¨®n de la resoluci¨®n¡± de la OARC. Existen todav¨ªa muchas dudas sobre el proceso.
?Qui¨¦n va a gestionar ATLL? Es la gran pregunta. La Generalitat se ha planteado por primera vez rescindir el contrato y pas¨¢rselo a Agbar, pero no contempla la posibilidad de que ATLL vuelva a tener gesti¨®n p¨²blica. Si recurre ser¨¢ su en¨¦sima apuesta por que Acciona sea la encargada de gestionar la compa?¨ªa, para as¨ª intentar librarse de una indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios.
?Por qu¨¦ se mantienen la apuesta por la privatizaci¨®n? La concesi¨®n de ATLL era clave para reducir el d¨¦ficit de la Generalitat. Sin embargo, el consejero Mas-Colell ha afirmado que la Administraci¨®n catalana era incapaz de ¡°atender las necesidades generadas por las p¨¦rdidas de la empresa¡±, que en los ¨²ltimos cinco a?os sumaron 128 millones de euros. Mas-Colell ha dicho que la sociedad, que acumulaba una deuda de 850 millones que se ha quedado la Administraci¨®n, se financiaba de los mercados, los fondos europeos y la disposici¨®n adicional tercera del Estatut. Y ahora, ha recordado, ya no puede acceder ni a la financiaci¨®n ajena ni a la de las inversiones del Estado, por lo que resulta imposible seguir el plan de viabilidad a diez a?os que hab¨ªa trazado el tripartito. Todo ello, sostuvo el consejero, complica la gesti¨®n p¨²blica de la sociedad sin abultar todav¨ªa m¨¢s el ¡°d¨¦ficit tarifario¡± que, ha a?adido, crecer¨¢ de forma m¨¢s moderada en manos privadas.
?Que conllevar¨ªa cambiar el operador? Las ¨²nicas consecuencias directas afectar¨ªan a las tarifas del agua, ya que la oferta de Agbar contemplaba un precio de 0,79 euros por metro c¨²bico de agua, mientras que Agbar fij¨® su oferta en 0,7088 euros. La subrogaci¨®n de la plantilla no est¨¢ asegurada durante tanto tiempo.
?C¨®mo modificar¨¢ el d¨¦ficit de 2012? La Generalitat se anot¨® en 2012 la totalidad de los 995,5 millones de euros en los que est¨¢ valorada la operaci¨®n, aunque solo ingresara 298 millones de euros que fueron a la tesorer¨ªa. La operaci¨®n equival¨ªa a reducir el d¨¦ficit de la Generalitat en 0,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). ?La decisi¨®n supone que el d¨¦ficit podr¨ªa volver a aumentar? "Esta no es la preocupaci¨®n del Gobierno", ha dicho Andreu Mas-Colell. En principio, el fallo deber¨ªa ser neutral en t¨¦rminos de d¨¦ficit de 2012: si Acciona no se queda con la ATLL, lo har¨ªa Agbar, que es quien deber¨ªa aportar esa cantidad, por lo que el desfase de 2012 quedar¨ªa igual, en el 1,96%. Otra cosa es si al final la privatizaci¨®n acaba frustr¨¢ndose, lo cual s¨ª supondr¨ªa un aumento de 995 millones de euros en el boquete del a?o pasado.
?Qui¨¦nes son los responsables? La privatizaci¨®n de Aguas Ter-Llobregat se remonta a la pasada legislatura. El principal responsable de la operaci¨®n es el ex consejero de Territorio, Llu¨ªs Recoder, que decidi¨® abandonar el Gobierno y el Parlament para incorporarse al sector privado. Otro de los responsables de lo que ha sucedido es el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Leonard Carcol¨¦, que dise?¨® la operaci¨®n, si bien ¨¦l no particip¨® en la mesa de contrataci¨®n. ERC, PSC y ICV-EUiA pidieron ayer responsabilidades pol¨ªticas por el varapalo que supone el texto del TSJC dentro de la batalla judicial que est¨¢n librando la Generalitat, Acciona y Agbar. El diputado ecosocialista Salvador Mil¨¤ ha criticado que el proceso se haya llevado ¡°de una forma muy irregular e irresponsable¡±, mientras que el republicano Marc Sanglas ha tachado la adjudicaci¨®n de ¡°expr¨¦s¡±. Jordi Ca?as, de Ciutadans, ha se?alado como responsable tambi¨¦n al consejero Andreu Mas-Colell.
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