El juez investiga los congresos del PP de Rajoy y Camps en Feria Valencia
El instructor del ¡®caso G¨¹rtel¡¯ requiere los contratos con El Bigotes a cuatro consejer¨ªas de la Generalitat y reclama que identifiquen a los responsables
El juez Jos¨¦ Ceres, que instruye el caso G¨¹rtel en Valencia, contin¨²a ahondando en las adjudicaciones que Orange Market, la empresa que administraba ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, recibi¨® de la Generalitat y sus organismos hasta que la trama fue desarticulada en 2009. El magistrado, que acaba de imputar en la causa al alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller, dirige ahora su atenci¨®n a los trabajos que la firma de El Bigotes realiz¨® en Feria Valencia en 2008 y, a petici¨®n de la fiscal¨ªa, ha requerido a la instituci¨®n ¡°la documentaci¨®n relativa a la contrataci¨®n de Orange Market¡± en aquel ejercicio.
Entre los trabajos realizados aquel a?o por la empresa en el recinto ferial se cont¨® el 16? congreso nacional del PP, en el que el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se impuso a los cr¨ªticos que ped¨ªan su relevo despu¨¦s de su segunda derrota electoral ante el socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Y tambi¨¦n el 12? congreso del PP valenciano, que consagr¨® el poder del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras haber liquidado a los ¨²ltimos partidarios de su antecesor Eduardo Zaplana.
El requerimiento del juez puede aclarar un misterio pendiente de aquella ¨¦poca. Feria Valencia anot¨® a final de 2008 que el PP de Camps le adeudaba 568.511 euros del congreso. Pese a pertenecer al sector p¨²blico, el recinto ferial se ha negado hasta ahora a explicar si le fue abonado alegando que es ¡°confidencial¡±.
La investigaci¨®n
-La Generalitat concedi¨® a Orange Market y otras empresas de G¨¹rtel 85 contratos por 7,2 millones de euros entre 2004 y 2009.
-Solo nueve fueron por concurso p¨²blico, que obligan a exigentes procedimientos administrativos. Cinco de esos concursos fueron, sin embargo, ama?ados, seg¨²n Anticorrupci¨®n, dando lugar a la llamada pieza de Fitur, en la que el juez est¨¢ a punto de abrir juicio oral. En el banquillo se sentar¨¢ probablemente, entre otros, la expresidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, diputada y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Mart¨ªnez.
-El resto de contratos (76) fueron supuestamente troceados para que no superasen un determinado l¨ªmite econ¨®mico
-El descrito como Acto Open de Tenis de 2007, por ejemplo, cost¨® 57.040 euros. Pero la Consejer¨ªa de Educaci¨®n lo dividi¨® en cinco peque?os contratos a otras tantas empresas de la trama para poder, supuestamente, adjudicarlos a dedo.
El juez Ceres investiga en la causa la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, pero tambi¨¦n 76 contratos que la Generalitat adjudic¨® a dedo a Orange Market y a otras empresas de la trama. Los objetos del contrato habr¨ªan sido fragmentados para que no superasen los l¨ªmites econ¨®micos que hubieran forzado a emplear procedimientos m¨¢s estrictos por parte de la Administraci¨®n. Con ese proceder, el Gobierno de Camps habr¨ªa violado los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia que deben cumplir las Administraciones. Se tratar¨ªa de un proceder similar al que, seg¨²n la fiscal¨ªa, practic¨® el Gobierno balear en las adjudicaciones al Instituto N¨®os de I?aki Urdangarin.
Dentro de la pieza separada que investiga esas decenas de contratos con Orange Market, el magistrado Ceres ha requerido documentaci¨®n sobre las adjudicaciones realizadas a cuatro consejer¨ªas: Vicepresidencia de la Generalitat, Sanidad, Bienestar Social y Educaci¨®n. El motivo, la contrataci¨®n supuestamente troceada a favor de El Bigotes con motivo del Congreso de Software libre realizado en 2005. El IV Open de Tenis que se celebr¨® en Valencia en 2007. El acto descrito como ¡°Balance general¡± que hizo la Consejer¨ªa de Bienestar Social tambi¨¦n en 2007. As¨ª como distintos trabajos de organizaci¨®n y montajes que las empresas de la trama realizaron para el Hospital Cl¨ªnico de Valencia en el a?o 2008.
El juez instructor reclama, adem¨¢s, a las consejer¨ªas que ¡°certifique sobre la persona que autoriz¨® las contrataciones, remitiendo copia aut¨¦ntica de la documentaci¨®n relacionada con dichas declaraciones¡±.
La muy extensa contrataci¨®n troceada de Orange Market con la Generalitat es conocida desde 2009. Y los indicios de delito ya fueron advertidos por la Intervenci¨®n General del Estado (IGAE) en un informe que remiti¨® a los jueces en 2010. El accidentado discurrir procesal del caso G¨¹rtel, con varios cambios de jueces competentes, ha hecho, sin embargo, que hasta febrero de este a?o el juez del Tribunal Superior valenciano no haya abierto una pieza espec¨ªfica para investigar estas contrataciones.
El instructor tambi¨¦n se ha visto obligado a reclamar m¨¢s documentaci¨®n a Bienestar Social y Sanidad. En la informaci¨®n remitida hasta ahora faltan, seg¨²n el juez, contratos que las consejer¨ªas habr¨ªan firmado con Servimadrid y Easy Concept, dos de las muchas empresas del entramado de Francisco Correa.
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