El ¡®caso N¨®os¡¯ a?ade un informe que ve ilegales los contratos de trato privilegiado

El Tribunal de Cuentas, mediante un informe que ha sido incorporado a las actuaciones del caso N¨®os y no considera ajustados al ordenamiento jur¨ªdico, sin un adecuado respaldo legal, los convenios de las Administraciones p¨²blicas con particulares que impliquen la concesi¨®n de ayudas "singulares" o un "trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos, por cuanto su propia naturaleza excepcionan el principio de igualdad ante la Ley".

A trav¨¦s de una moci¨®n elevada a finales de 2010 a las Cortes Generales con el objetivo de completar y sistematizar el marco legal de lo convenios de colaboraci¨®n como los suscritos entre los gobiernos balear y valenciano con el Instituto N¨®os, el organismo fiscalizador apunta a la frecuente falta de justificaci¨®n de los gastos en el que la entidad privada firmante ha incurrido, lo que "no ofrece garant¨ªas de un correcto empleo de los fondos".

Se trata de una de las problem¨¢ticas a las que el Tribunal de Cuentas alude en su extenso informe, al aseverar asimismo c¨®mo, "por regla general", no se realizan actuaciones tendentes a dar publicidad o a promover la participaci¨®n de otras entidades en estos procesos, mientras que, "bajo la apariencia formal de convenios de colaboraci¨®n", se han tramitado "aut¨¦nticos" contratos administrativos, eludi¨¦ndose de este modo la aplicaci¨®n de la legislaci¨®n contractual.

Tal y como pone de manifiesto el informe, pese al creciente empleo del convenio en la Administraci¨®n y pese a que canaliza "importantes" cantidades de recursos p¨²blicos -en el marco de los hechos investigados en el caso N¨®os fueron destinados hasta 5,8 millones de euros procedentes de las Administraciones-, esta figura jur¨ªdica "no ha sido objeto de una regulaci¨®n sistem¨¢tica en nuestro pa¨ªs" y se encuentra "dispersa en una multiplicidad de normas".

En esta l¨ªnea, subraya la repercusi¨®n que todo ello tiene sobre la gesti¨®n econ¨®mico-financiera pues "no siempre la que se realiza a trav¨¦s de este instrumento se adecua a los principios de legalidad, eficiencia y econom¨ªa", de modo que "se hace necesario (...) subrayar las lagunas e insuficiencias legislativas" al respecto, "con particular atenci¨®n a las de ¨ªndole financiera".

Asimismo, indica que la aportaci¨®n por parte de las instituciones p¨²blicas deber¨¢ perseguir "un fin com¨²n" a los firmantes y que deber¨¢ ser "de inter¨¦s p¨²blico". El informe apela a la necesidad de especificar el objeto y las prestaciones del convenio y de cuantificar con "criterios rigurosos" la aportaci¨®n de recursos por parte de la Administraci¨®n, e incide en la obligatoriedad de "cumplir con los compromisos asumidos" y de justificar o acreditar la realizaci¨®n de la actividad y del gasto.

Cumplir los convenios "es obligatorio"

"Como quiera que los convenios son negocios jur¨ªdicos que nacen de un acuerdo de voluntades, su cumplimiento es obligatorio para todos los sujetos que los suscriben", subraya el Tribunal de Cuentas, que recalca c¨®mo la primera de las obligaciones del beneficiario debe pasar por "cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesi¨®n de las subvenciones" y, por parte de la Administraci¨®n, "el pago de la cantidad concedida".

Asimismo, el organismo destaca que los convenios, por regla general, se celebran "sin una norma habilitante espec¨ªfica, es decir, sin la previa aprobaci¨®n de las normas espec¨ªficas que los regulan", mientras que, en otros casos, no constan en los expedientes los criterios para determinar la cifra de la cantidad exacta a aportar por la Administraci¨®n y es "escasa" la especificaci¨®n del objeto de los convenios.

En el caso del Instituto N¨®os, mediante la firma de diversos convenios la entidad percibi¨® 1,2 millones de euros del Govern balear para la celebraci¨®n del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones por el segundo (2006); 1.044.000 millones por cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y 382.000 euros en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Comunidad Valenciana, para la celebraci¨®n de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.