La fiscal¨ªa investiga irregularidades en la gesti¨®n de 128 millones del Consell
Los fondos, financiados en parte por la UE, estaban destinados al desarrollo rural La Generalitat ha prescindido de la funcionaria que denunci¨® los hechos
La secci¨®n de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa de Valencia investiga irregularidades masivas en la gesti¨®n por parte de la Generalitat de dos l¨ªneas de ayudas, financiadas en parte con fondos europeos, que han ascendido a 128 millones de euros en el periodo 2008-2013. Seg¨²n la denuncia, acompa?ada por muy abundante documentaci¨®n, presentada por una funcionaria de la extinta Consejer¨ªa de Agricultura, la Generalitat abon¨® con fondos cofinanciados por la UE el cambio de suelo, la instalaci¨®n de calefacci¨®n o de ordenadores en parroquias cuando las normas reguladoras de los fondos para desarrollo rural solo hubieran permitido, por ejemplo, acciones como rehabilitar la fachada de la Iglesia, y ello justificando que pod¨ªa servir para potenciar el turismo.
El dinero de Bruselas para generar oportunidades econ¨®micas en las ¨¢reas valencianas de interior ha terminado, seg¨²n la documentaci¨®n aportada por la funcionaria, en todo tipo de fines impropios. Compras de vestuario para clubes deportivos. Adquisiciones de veh¨ªculos para la Cruz Roja. Construcci¨®n de dotaciones que son competencia de otras administraciones (como Educaci¨®n) que est¨¢n igualmente vetadas por la legislaci¨®n europea para evitar el riesgo de duplicidad en los pagos.
Las ayudas europeas para el impulso econ¨®mico se usaron para fines impropios
La Generalitat habr¨ªa financiado con la l¨ªnea de 64 millones de la l¨ªnea Ruralter-Leader ¡ªen la que el 50% de los fondos son europeos¡ª y con otra l¨ªnea propia, dotada tambi¨¦n con 64 millones y llamada Ruralter-Paisaje, multitud de construcciones sin aplicar los controles que establece la legislaci¨®n comunitaria, espa?ola y valenciana.
No se solicitaba el proyecto de la obra antes de empezar a financiar el proyecto. Al no comunicar con antelaci¨®n los precios previstos ni ser estos revisados por la Administraci¨®n, ello impide saber si en la pr¨¢ctica el dinero p¨²blico financi¨® el porcentaje adecuado de la obra (el l¨ªmite en gran parte de los casos era el 35%), el 100% del coste de los trabajos, o incluso m¨¢s. El Consell, seg¨²n la denuncia, tampoco solicit¨® como es pertinente los certificados de obra que justificaban los gastos de los receptores de las ayudas, conform¨¢ndose con montones de facturas de, por ejemplo, grandes superficies y almacenes. La pr¨¢ctica, adem¨¢s, seg¨²n los datos aportados por la funcionaria, era que nadie de la consejer¨ªa se personase para contrastar que las obras subvencionadas realmente se hab¨ªan realizado.
La denuncia fue presentada por la funcionaria en septiembre de 2012, y el ministerio p¨²blico abri¨® a ra¨ªz de ello diligencias penales de investigaci¨®n y nombr¨® a un fiscal instructor. Agricultura prescindi¨® de la funcionaria, seg¨²n consta en la denuncia, mediante la no renovaci¨®n de la comisi¨®n de servicios con la que estaba trabajando en la Administraci¨®n auton¨®mica, despu¨¦s de que esta pusiera los hechos en conocimiento de la justicia.
Los fondos pagaron? obras en parroquias y vestuarios para clubes de f¨²tbol
Entre ellos, por ejemplo, el expediente RTL-10-05-004, solicitado por una asociaci¨®n de Chiva. El t¨ªtulo del proyecto es ¡°Centro¡± pero las facturas aportadas para justificar el cobro son ¡°instrumentos musicales¡±, algo que seg¨²n la denunciante no permit¨ªa la ayuda. Pero hay m¨¢s: ¡°Ciertas facturas presentadas con el mismo n¨²mero acreditan distintas cosas: una factura (justifica la compra) de un piano y la misma factura (la compra de) tres chelos¡±. Y aunque la ayuda se solicita mediante una figura administrativa llamada Grupo de Acci¨®n Local (GAL), ¡°el receptor legal¡± de los fondos resulta ser una asociaci¨®n. El asunto es relevante porque una asociaci¨®n musical puede solicitar subvenciones que cubran hasta el 35% del coste de un proyecto. Solicit¨¢ndolo a trav¨¦s del GAL logr¨®, en cambio, el 100%.
La denunciante tambi¨¦n aport¨® documentaci¨®n sobre un expediente del Ayuntamiento de Tu¨¦jar, en el que el t¨ªtulo del proyecto no ten¨ªa ¡°nada que ver con la documentaci¨®n justificativa para el pago¡±; y ¡°la actuaci¨®n trata de suministros de material y equipamiento deportivo cuando estas subvenciones son para peque?as infraestructuras¡±, declar¨® la funcionaria ante el fiscal al ampliar la denuncia el 30 de abril. Adem¨¢s, agreg¨®, se produjo un ¡°desglose en tres partes del expediente de contrataci¨®n del Ayuntamiento, de forma que se hace como tres contratos menores¡±.
Los proyectos fueron admitidos durante la etapa del expresidente valenciano Francisco Camps, pero el pago de los mismos se ha ido realizando por anualidades hasta este mismo ejercicio. En total, se han financiado cerca de 1.000 proyectos solo en la l¨ªnea Ruralter-Leader cofinanciada por Europa.
Una portavoz de la Consejer¨ªa de Presidencia, en la que desde el a?o pasado est¨¢ integrada Agricultura, asegur¨® ayer no tener constancia de la investigaci¨®n abierta por la Fiscal¨ªa. Pero agreg¨® que el departamento ofrecer¨¢ su ¡°plena colaboraci¨®n¡± con la justicia si es requerida para ello.
La denuncia alcanza a la producci¨®n de c¨ªtricos
La primera denuncia que present¨® la funcionaria adscrita a Agricultura, en septiembre de 2012, ante la fiscal¨ªa no trataba de subvenciones para desarrollo local. Sino sobre los 3,8 millones de euros en ayudas europeas concedidas a una Organizaci¨®n de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), llamada SAT Ginero y Asociados, con sede en Benifl¨¤ (Valencia). La funcionaria, seg¨²n consta en la denuncia ahora investigada, hall¨® abundantes irregularidades en la concesi¨®n de los fondos, de los que inicialmente se hab¨ªan encargado otros t¨¦cnicos de la consejer¨ªa.
A pesar de que las ayudas de la Generalitat se destinaban a la construcci¨®n de infraestructuras de regad¨ªo, ¡°en el expediente no constaban proyectos t¨¦cnicos, ni certificaciones para su aprobaci¨®n, ejecuci¨®n, certificaci¨®n final y pago¡±. Algo, continuaba, ¡°que no ten¨ªa l¨®gica pues de todas maneras el titular necesariamente deb¨ªa contar con proyectos para ejecutar las obras¡±.
La funcionaria constat¨®, siempre seg¨²n su denuncia, que en el expediente no constaba ¡°informaci¨®n del estado de socios de la SAT (Sociedad Agraria de Transformaci¨®n) y de sus entidades jur¨ªdicas miembros¡±, pese a que la obligatoriedad de dichos datos ¡°viene regulada de forma exhaustiva en los reglamentos comunitarios¡±. Y que la sociedad habr¨ªa hecho o¨ªdos sordos a los requerimientos de informaci¨®n por parte de los servicios centrales de la consejer¨ªa. La Generalitat, prosigui¨® la denunciante, ¡°parec¨ªa estar pagando las infraestructuras con simples facturas y certificaciones de empresa instaladora de riego, en lugar de las realizadas por t¨¦cnico competente seg¨²n proyecto de obra¡±.
Los trabajos financiados por el Consell eran, adem¨¢s, en Huelva, y utilizaba para ello fondos europeos Feaga, destinados primordialmente ¡°a la regulaci¨®n de mercados¡±, en vez de con fondos Feader, cuyo objetivo es el desarrollo rural. La funcionaria, seg¨²n su declaraci¨®n, advirti¨® de los hechos a su jefe de secci¨®n quien, en vez de indagar, al d¨ªa siguiente la ¡°relev¨®¡± de sus funciones y la envi¨® a registro.
El portavoz jur¨ªdico de la empresa citr¨ªcola Vicente Giner, socio de la SAT receptora de las ayudas, neg¨® ayer cualquier irregularidad, defendi¨® el ¡°escrupuloso¡± cumplimiento de la normativa y destac¨® los beneficios econ¨®micos para la zona de Huelva donde se han invertido las ayudas.
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