La gesti¨®n de los 128 millones investigados desat¨® cuatro ceses
Agricultura concedi¨® 1,4 millones a AVA-ASAJA en una subvenci¨®n
La exconsejera de Agricultura Maritina Hern¨¢ndez, que estaba al frente del departamento cuando se pusieron en marcha las l¨ªneas de ayudas por importe de 128 millones de euros investigadas ahora por la secci¨®n de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa de Valencia, limit¨® ayer los graves hechos denunciados por una funcionaria a ¡°errores¡± o ¡°irregularidades¡± aisladas en el marco de procedimientos ¡°muy complejos¡±. Hern¨¢ndez neg¨® que la gesti¨®n de esas dos l¨ªneas de ayudas para el desarrollo local, una de ellas cofinanciada por la UE, generase problemas en la consejer¨ªa. Otras fuentes aseguran, sin embargo, que el muy deficiente modo en que se manejaron las ayudas, que se conceden en un ejercicio pero se abonan en varias anualidades, convirti¨® el departamento en una olla a presi¨®n.
El hecho es que en poco m¨¢s de un a?o cuatro personas que trabajaban en el departamento encargado de las millonarias subvenciones lo abandonaron. Tres de ellos, una subdirectora general y dos jefes de servicio, por voluntad propia y, seg¨²n la versi¨®n oficial, motivos personales. La cuarta, la funcionaria que ha denunciado la existencia de irregularidades masivas en el reparto y control de los fondos, se ha visto expulsada de la Administraci¨®n valenciana al no renovar la Consejer¨ªa de Presidencia de la Generalitat (en la que ha quedado incluida Agricultura desde diciembre) su comisi¨®n de servicios.
Las salidas del departamento de altos cargos correspondieron a Mar¨ªa Jos¨¦ Bayarri, en enero de 2012. A Alfonso Carbonell, que fue nombrado jefe de servicio a principios de 2012 y dimit¨® en noviembre del mismo a?o. Y a Pau Avi?o, que sustituy¨® a Carbonell y dej¨® el cargo menos de dos meses despu¨¦s.
Los fondos de la UE para estimular la econom¨ªa acab¨® en los Ayuntamientos
A diferencia de la versi¨®n oficial, reiterada ayer por la exconsejera Hern¨¢ndez, las fuentes consultadas enmarcan los hechos en la tensi¨®n generada por la urgencia de cerrar a toda prisa expedientes t¨¦cnicamente complejos, que hab¨ªan sido aprobados y en buena medida pagados en ejercicios anteriores, y que en un n¨²mero significativo de casos presentaban irregularidades de casi imposible subsanaci¨®n. El problema de origen, siguen las fuentes, consisti¨® en que el departamento dedicado a gestionar los 128 millones de euros de ayudas no contaba con el el personal necesario, especialmente ingenieros y otros t¨¦cnicos capaces de supervisar adecuadamente las obras e infraestructuras, establecimientos industriales, talleres y actuaciones patrimoniales que concentraron buena parte de las subvenciones.
Las ayudas de la l¨ªnea cofinanciada al 50% por Bruselas, Ruralter-Leader, se crearon para estimular la econom¨ªa de las zonas rurales, pero en cerca de un 80% de los casos acabaron siendo copados por Ayuntamientos, y seg¨²n la denuncia y la documentaci¨®n aportada por la funcionaria, incumpliendo requisitos b¨¢sicos del procedimiento, por destinarse, por ejemplo, a fines que estaban vetados, como ocurri¨® con el Ayuntamiento de Benlloch (Castell¨®n) en una ayuda concedida en 2009.
La exconsejera Hern¨¢ndez justific¨® que el dinero acabase muy mayoritariamente en manos de Ayuntamientos, afirmando que ¡°el problema era encontrar iniciativas econ¨®micas en zonas rurales¡± debido a la escasez de las mismas.
La exconsejera lo justifica afirmando que apenas hab¨ªa iniciativa privada
Siendo potencialmente graves las irregularidades denunciadas respecto a las ayudas cofinanciadas por Europa, estas estuvieron muy repartidas, con cerca de 1.000 proyectos financiados con 64 millones de euros. La otra l¨ªnea puesta en marcha por la Generalitat, llamada Ruralter-Paisaje, tuvo en cambio la misma dotaci¨®n, 64 millones de euros, pero financi¨® muchos menos proyectos.
El motivo es que parte de ellos recibieron grandes cantidades de dinero. Es el caso del proyecto RP-11-04-032, presentado y ganado por la Asociaci¨®n Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ligada familiarmente a la consejera Hern¨¢ndez, que obtuvo 1,4 millones para la ¡°adecuaci¨®n de una finca experimental¡± en 2011. AVA se benefici¨® de un cambio en la normativa, introducido por Hern¨¢ndez en 2009, que elev¨® del 37% al 100% la financiaci¨®n que aportaba la Generalitat a los proyectos presentados por ese tipo de entidades.
La funcionaria que denunci¨® afirma sufrir represalias
La funcionaria que denunci¨® las supuestas irregularidades masivas en la gesti¨®n de los 128 millones de ayudas para el desarrollo local, P. C., afirma sentirse represaliada como consecuencia de haber puesto los hechos en conocimiento de la fiscal¨ªa de Valencia. P. C. present¨® la primera denuncia en septiembre de 2012 y hace solo unas semanas le comunicaron que la Consejer¨ªa de Presidencia no renovar¨ªa su comisi¨®n de servicios.
Los problemas de la funcionaria empezaron, seg¨²n su relato, sin embargo, tiempo antes. A mediados de 2011 detect¨® lo que consider¨® graves irregularidades en las subvenciones a una Sociedad de Transformaci¨®n Agraria, a la que la Generalitat hab¨ªa concedido 3,8 millones de euros para inversiones en Huelva. Seg¨²n la denuncia, en septiembre de 2011 la funcionaria explic¨® el caso a su jefe quien ¡°reaccion¨® mal¡± cuestionando su categor¨ªa profesional, pese a tratarse de una funcionaria de carrera del cuerpo superior de Ingenieros Agr¨®nomos. ¡°Dije que no firmar¨ªa nada sin la documentaci¨®n preceptiva y estar segura de la legalidad¡±, recoge en su denuncia; y ¡°al d¨ªa siguiente me relev¨® sin m¨¢s de mis funciones¡± de control de expedientes y la envi¨® a registro.
En julio de 2012, la funcionaria volvi¨® a ser cambiada de destino, seg¨²n la denuncia que tambi¨¦n ha formulado ante la Inspecci¨®n de Trabajo, ¡°sin documentaci¨®n alguna que respaldase tal decisi¨®n¡±. Su nuevo puesto result¨® ser la subdirecci¨®n de Desarrollo Rural, donde entr¨® en contacto con los expedientes que ahora ha denunciado. La funcionaria se ve abocada ahora a regresar a la Junta de Andaluc¨ªa, desde donde lleg¨® a Valencia tras sufrir acoso laboral, reconocido en una sentencia firme de 2010.
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