Interior deja en manos de Llera la renovaci¨®n de la asistencia a presos

El Ministerio del Interior deja en manos de la Consejer¨ªa de Justicia la reactivaci¨®n del servicio de asistencia jur¨ªdica en las c¨¢rceles andaluzas, suspendida hace un a?o. Fue la Junta la que decidi¨® dejar de pagar a los abogados que prestaban este servicio porque Interior no hab¨ªa renovado el convenio a tres bandas (entre la Junta, el Gobierno central y el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados) que sustentaba su funcionamiento. Pero Interior, en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo estatal sostiene que no hace falta este convenio y que es suficiente con el acuerdo bilateral que Instituciones Penitenciarias tiene con los colegios de abogados de las ocho provincias.

Este es el argumento que han defendido en el ¨²ltimo a?o los letrados que prestaban este servicio y asociaciones como Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa, que han instado a la Junta a reactivar la asistencia jur¨ªdica para los 16.200 reclusos que cumplen condenas en las c¨¢rceles de la comunidad. Los abogados que participan en este servicio ayudan a los presos a tramitar sus solicitudes de permisos, libertad condicional, visitas o asuntos m¨¦dicos. En 2011, el ¨²ltimo a?o de vigencia del convenio, los 1.077 letrados adscritos en Andaluc¨ªa a esta asesor¨ªa prestaron 10.404 asistencias. Ese a?o la Junta gast¨® 422.800 euros en asistencia jur¨ªdica. Para 2012 presupuest¨® 397.000 euros, pero no los lleg¨® a gastar porque suspendi¨® el servicio en mayo.

La Junta insiste en que es ¡°necesario¡± un acuerdo con el Ejecutivo central

El servicio se puso en marcha en 2001 y hasta 2008 se apoy¨® en convenios bilaterales: unos firmados entre Interior y los colegios de abogados provinciales para regular la entrada de los letrados en las prisiones y las condiciones de la asistencia; y otro entre la Junta y los abogados para fijar la financiaci¨®n. As¨ª funciona tambi¨¦n la asistencia a los presos en otras comunidades aut¨®nomas donde este servicio no se ha suspendido.

Pero en 2008, cuando el Gobierno central y la Junta compart¨ªan color pol¨ªtico (PSOE), las dos administraciones optaron por firmar un acuerdo a tres bandas. Este es el que est¨¢ caducado y en el que la Junta basa su decisi¨®n de dejar de pagar la asistencia. Pero en el escrito remitido a la defensora del Pueblo, Interior asegura que considera vigente sus acuerdos con los abogados y da v¨ªa libre al departamento dirigido por Emilio Llera para recuperar el servicio. ¡°Es a la Junta de Andaluc¨ªa, en todo caso, a la que corresponde decidir si desea o no contribuir a la financiaci¨®n de esta actividad¡±, se?ala el ministerio en respuesta remitida a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a una pregunta que formul¨® la asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA). En su escrito, Interior pone en manos de la Consejer¨ªa de Justicia la decisi¨®n de suscribir los acuerdos con los colegios de abogados.

¡°La suspensi¨®n es una decisi¨®n pol¨ªtica de la consejer¨ªa¡±, dice APDHA

Tras conocer la reacci¨®n del ministerio, la Consejer¨ªa de Justicia difundi¨® una nota en la que insiste en que la participaci¨®n del Gobierno central es ¡°necesaria¡±. ¡°La Consejer¨ªa considera indispensable este convenio tripartito (...) con el objetivo de dar cobertura legal a la prestaci¨®n de este servicio en el interior de las prisiones¡±, sostiene la Junta, que justifica su postura en que estos acuerdos regulan tr¨¢mites ¡°indispensables¡± que son competencia de Instituciones Penitenciarias. Prisiones, sin embargo, considera que estos tr¨¢mites est¨¢n regulados en el convenio bilateral que tiene firmado con los abogados.

La coordinadora de APDHA, Maribel Mora, compareci¨® ayer con el defensor del Pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, y la coordinadora del servicio de asistencia jur¨ªdica a los presos de Sevilla, Mar¨ªa Jos¨¦ Gonz¨¢lez, para instar a la Junta a la reactivaci¨®n del servicio. ¡°A d¨ªa de hoy nos queda claro que la suspensi¨®n es solo una de decisi¨®n pol¨ªtica de la Consejer¨ªa de Justicia¡±, zanj¨® Mora. ¡°Lo que se hace es privar a los presos de un derecho fundamental como es el derecho a la defensa¡±, a?adi¨®.