Pol¨ªticos con poca fe en lo p¨²blico

No es cierto que los pol¨ªticos vayan por detr¨¢s de la sociedad. A veces, cuando alg¨²n problema afecta a un miembro de su gremio, van por delante y mucho. El Congreso de los Diputados, por ejemplo, rechaz¨® la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la daci¨®n en pago, avalada por un mill¨®n y medio de firmas, y, a las pocas semanas, la Associaci¨® Catalana de Municipis (ACM) hizo de esa reivindicaci¨®n su bandera. Al menos para uno de los suyos. Esa es una de las lecturas que se desprenden de la decisi¨®n de la ejecutiva de la ACM, que el pasado martes acept¨® una vivienda a cuenta de lo que el convergente Josep Maria Matas desvi¨®, presuntamente, a su bolsillo mientras ocup¨® la secretar¨ªa general de la asociaci¨®n, a la que factur¨® m¨¢s de un mill¨®n de euros. Matas est¨¢ imputado judicialmente y Converg¨¨ncia i Uni¨®, Partit dels Socialistes (PSC) y Esquerra Republicana ¡ªcon la oposici¨®n de Iniciativa per Catalunya¡ª decidieron aceptar a cuenta del expolio una casa de su propiedad, valorada en 400.000 euros en Centelles (Osona), y sobre la que pende una hipoteca de 160.000 euros.

Es decir, el presunto expoliador y los supuestos expoliados llegaron a un acuerdo y con descuento. Desde 2005 a 2009, Matas factur¨® a la ACM 849.042 euros por diversos servicios: revistas de prensa; encuadernaci¨®n de directorios; publicaci¨®n de libros y manuales. Su empresa, en realidad, no hizo ninguno de estos trabajos. Matas ped¨ªa a los proveedores que girasen las facturas a su firma, Par¨¦s i Sol¨¦. Despu¨¦s, ¡°incrementaba il¨ªcitamente el precio¡± a la ACM y se lucraba personalmente con ¡°la diferencia¡± entre ambas cantidades, seg¨²n la fiscal¨ªa. Con ese m¨¦todo se apropi¨® de 476.000 euros de la ACM, seg¨²n el ministerio p¨²blico, que reprocha que la entidad ¡°no conserve la documentaci¨®n¡± de 2005 y 2006. Pero ?qu¨¦ se le puede pedir a una asociaci¨®n que movida por la buena voluntad es capaz de aceptar en plena crisis una casa con el valor de tasaci¨®n de plena burbuja inmobiliaria? Los alardes de generosidad tambi¨¦n se han hecho extensivos a Xavier Sol¨¤, que fue jefe de los servicios jur¨ªdicos de la entidad y que presuntamente desvi¨® unos 190.000 euros a su bolsillo procedentes del mismo saco: la ACM. La asociaci¨®n no ha logrado llegar a ning¨²n acuerdo con Sol¨¤, que fue n¨²mero dos de Ferran Mascarell en la primera legislatura de la CiU pospujolista. Sol¨¤ considera que su trabajo lo val¨ªa ¡ªno importa que en ese cat¨¢logo de mas¨ªas haya 22 fichas repetidas¡ª y la ACM ha decidido que ¡°reclamar¨¢ perjuicios¡± si se demuestra su culpabilidad.

A eso se le llama, en clave buenista de progre trasnochado, tener un gran coraz¨®n. Porque esa es la interpretaci¨®n rousseauniana. Otra lectura muy distinta ser¨ªa pensar cuan generosos son algunos pol¨ªticos ante un episodio de presunta malversaci¨®n de fondos que afecta a dinero procedente de las administraciones y que pagan los ciudadanos. Y es que estamos sobre la cresta de una ola de relativismo moral en lo que afecta a lo p¨²blico: se le da un car¨¢cter tan sacro como puramente ret¨®rico al t¨¦rmino. En la pr¨¢ctica ya se minimizar¨¢, sobre todo cuando el expoliador es un compa?ero de bancada pol¨ªtica. No puede explicarse de otra manera esa dejadez de la ACM en la defensa de lo p¨²blico, al no personarse como acusaci¨®n contra los presuntos malversadores.

Todav¨ªa no recuperados de tanto expolio, ah¨ª est¨¢n 14 ex concejales del Ayuntamiento de Reus ¡ªPSC, Iniciativa y Esquerra, la anterior mayor¨ªa de gobierno municipal¡ª imputados por haber avalado con tres millones de euros de dinero p¨²blico a una empresa mixta, Shirota, con mayor¨ªa privada. Reus ha podido comprobar en sus carnes las bondades de las privatizaciones de servicios, asumiendo una deuda de 202 millones de euros, procedentes del holding Innova, del que muchos concejales cobraban sobresueldos. Esa corrupci¨®n sist¨¦mica y transversal est¨¢ siendo investigada por la justicia y por la oficina antifraude europea.

Al parecer, no importa la magnitud del fraude, porque cuando se vulnera la legalidad, el sindicato de intereses de los partidos busca en el ropero todo tipo de disfraces por ins¨®litos y rid¨ªculos que resulten a los ojos de la ciudadan¨ªa.

La cosa empeora cuando hay conductas que matan la ¨¦tica pero respetan la legalidad. Xavier Pom¨¦s, por ejemplo, compatibiliza la presidencia de dos de los mayores hospitales p¨²blicos de Catalu?a ¡ªSant Pau y Cl¨ªnic¡ª con su pertenencia a los consejos de administraci¨®n de dos grupos sanitarios privados. Cuando este diario desvel¨® esa informaci¨®n, el Gobierno catal¨¢n respondi¨® que se cumple la legalidad.

Y es que, a veces, cuando las leyes permiten chocar con la ¨¦tica, alguien deber¨ªa en cambiar las normas. Para eso est¨¢n o deber¨ªan estar los pol¨ªticos que han sido democr¨¢ticamente elegidos.