Castedo entierra el plan Rabassa y trata de rescatar Ikea para Alicante
El TSJ anula el proyecto urban¨ªstico por poca publicidad y falta de datos sobre la solvencia de Ortiz
El pol¨¦mico plan Rabassa ya es historia. Los tribunales han anulado el principal proyecto urban¨ªstico de Alicante, cuyo promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, preve¨ªa construir m¨¢s de 13.000 viviendas y un ¨¢rea comercial para la implantaci¨®n de Ikea.
?El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha anulado la homologaci¨®n del plan parcial de Las Lagunas de Rabassa, aprobado por la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y Urbanismo, y deja sin efecto el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Alicante por el que se adjudic¨® el plan a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo, SL, propiedad de Ortiz.
Con estas sentencias el marcador se pone a cero, y el proceso vuelve a su origen. Pese a ello, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, intenta minimizar la resoluci¨®n judicial y asegur¨® que las sentencias hac¨ªan referencia a una ¡°cuesti¨®n formal¡±.
La regidora admite que no piensa recurrir al Tribunal Supremo el fallo, y que su prioridad es salvar Ikea al entender que la decisi¨®n del TSJ no afecta a la implantaci¨®n de Ikea. La regidora, tras el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento este jueves, asegur¨® que est¨¢ dispuesta a trabajar para que la instalaci¨®n de la multinacional sueca en Alicante ¡°sea lo antes posible¡±, e incluso pretende buscar otros emplazamientos. Fuentes de la multinacional escandinava confirmaron que ¡°mantienen su apuesta¡± por Rabassa al considerar ¡°ideales¡± estos terrenos, que est¨¢n bien conectados con la autov¨ªa hacia Valencia y Murcia.
M¨¢s recursos judiciales
La sentencia que anula el plan Rabassa no ser¨¢ la ¨²nica. Este proyecto fue recurrido por la v¨ªa contencioso administrativo ante los tribunales por Esquerra Unida, PSPV, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, y sendos recursos de particulares afectados. En total cinco recursos de los que solo se han pronunciado sobre dos de ellos. Algunos abogados personados admiten que estas sentencian posibilitan la v¨ªa penal, ya que el fallo estima que se hizo "un traje a medida" para el promotor Enrique Ortiz.
En paralelo, la Audiencia de Alicante reactiv¨® la semana pasada el proceso penal a ra¨ªz de una nueva denuncia de Esquerra Unida, y ¡°nuevos datos que abundan en presuntas irregularidades que pudieran tener trascendencia penal (tr¨¢fico de influencias, cohecho, prevaricaci¨®n...)¡±.
Y mientras, el vicepresidente y portavoz del Consell, Jos¨¦ Ciscar, admiti¨® cierta ¡°preocupaci¨®n¡± por la paralizaci¨®n de la instalaci¨®n de Ikea en Alicante y admiti¨® que los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat valorar¨¢n si presentan o no un recurso ante el Supremo.
Ante este panorama, seg¨²n varias fuentes consultadas, la ¨²nica v¨ªa es modificar el plan, dejando fuera las 13.500 viviendas previstas, que adem¨¢s tendr¨ªan serias dificultades para venderse en el mercado, y autorizar solo el ¨¢rea comercial. La alcaldesa asegura que ¡°Ikea tiene inter¨¦s en estar en Alicante y nosotros tambi¨¦n, dejen que trabajemos a marchas forzadas para tomar la mejor decisi¨®n¡±.
A ra¨ªz de sendos recursos presentados por propietarios particulares de los terrenos afectados, la Secci¨®n Primera de la Sala de lo Contencioso del TSJCV considera en la sentencia que ¡°no se han cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia¡± en la aplicaci¨®n de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) en cuanto a la adjudicaci¨®n del plan. En concreto, aduce que hubo ¡°falta de publicidad del instrumento de adjudicaci¨®n¡± y no se produjo ¡°una acreditaci¨®n de solvencia econ¨®mica, t¨¦cnica, financiera y profesional de la sociedad que resulta adjudicataria¡±, Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo, SL.
Los magistrados esgrimen la doctrina del Tribunal Supremo en materia de recursos h¨ªdricos al recordar que el informe de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica para nuevos desarrollos urban¨ªsticos es ¡°preceptivo¡± y ¡°vinculante¡±. Y aclara esta cuesti¨®n al a?adir que dicho informe no puede ser sustituido por el de ¡°entidades colaboradoras¡±, pues la adjudicataria acudi¨® a la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad An¨®nima (Emarsa) y a AMEM. El TSJCV considera que los informes emitidos por estas dos entidades no pueden ser tomados como v¨¢lidos.
La mercantil impulsora del recurso sostiene que en el plan hay ¡°un injustificado inter¨¦s general¡± y ¡°una reparcelaci¨®n encubierta¡± que ¡°s¨®lo se persigue el enriquecimiento¡± y beneficio del urbanizador. Dos de los magistrados que ha optado por emitir un voto particular entiende que s¨ª hubo publicidad como demuestra que otras empresas concurrieron a la urbanizaci¨®n y otra magistrada entiende que no era necesario demostrar la solvencia del promotor.
Y en cuanto a las reacciones pol¨ªticas, el portavoz de EU en el Ayuntamiento, Miguel ?ngel Pav¨®n, considera que el plan est¨¢ ¡°herido de muerte¡±. El portavoz socialista Miguel Ull insta a Castedo a ¡°buscar otro sitio adecuado para ubicar Ikea¡± y desde UPyD cuestionan que todos los proyectos est¨¦n vinculados al mismo empresario, Enrique Ortiz.
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