Prisas en el Consell para que el TSJ abra juicio oral a Blasco cuanto antes
El PP conf¨ªa en resolver en julio la situaci¨®n del exconsejero procesado Los plazos procesales pueden retrasar meses el auto de apertura de juicio
La Generalitat tiene un problema con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Y en esta ocasi¨®n no est¨¢ relacionado con el hecho de que los jueces sigan imputando a cargos y excargos del Gobierno auton¨®mico y a parlamentarios del PP, el grupo que sostiene al Ejecutivo de Alberto Fabra. Esta vez, el problema proviene del ritmo muy lento con el que las causas avanzan en el tribunal y, en concreto, con la que afecta al exconsejero y a¨²n popular Rafael Blasco. La negativa de ¨¦ste a dimitir o a abandonar el Grupo Popular en las Cortes, objetivo que Fabra intent¨® sin ¨¦xito la semana pasada, ha llevado al Consell a desear que la apertura de juicio oral contra el incombustible pol¨ªtico se produzca cuanto antes. Pero los plazos con los que se mueve el tribunal, en parte por la falta de medios con los que trabaja, son, en cambio, de meses.
Las fuentes jur¨ªdicas consultadas se?alan que el TSJ no tiene intenci¨®n de acelerar el procedimiento. Ni, aunque formalmente sea posible, de sobrevolar una secuencia de pasos que se ha cumplido escrupulosamente en otras causas, como la pieza separada del caso G¨¹rtel sobre las adjudicaciones de Fitur, en la que tambi¨¦n est¨¢n procesadas, desde diciembre de 2012, dos exconsejeras de la etapa del expresidente Francisco Camps. La tambi¨¦n expresidenta de las Cortes Valencianas, y todav¨ªa diputada auton¨®mica y alcaldesa de Novelda, Milagrosa Mart¨ªnez ¡ªpara quien la Fiscal¨ªa pide 11 a?os de c¨¢rcel¡ª, y la diputada Ang¨¦lica Such ¡ªpara quien el ministerio p¨²blico solicita que sea inhabilitada durante 10 a?os¡ª.
Al tribunal le faltan medios materiales y funcionarios de apoyo a los jueces
Presidencia de la Generalitat conf¨ªa en que la juez que instruye el caso Blasco decrete la apertura de juicio oral en las pr¨®ximas semanas. Ello permitir¨ªa al PP cumplir con las condiciones que fij¨® el presidente Fabra para forzar la expulsi¨®n del exportavoz del Grupo Popular y acabar con el desgaste que ha generado la resistencia de Blasco a retirarse para no perjudicar al partido.
Seg¨²n fuentes populares, si se cumple el escenario, Blasco podr¨ªa ser apartado en el mes de julio del Grupo Popular y sentarse en su nuevo esca?o de diputado no adscrito en el pleno escoba del periodo de sesiones, que est¨¢ previsto para el 24 de julio.
Tanto en el Consell como en el PP se?alan que la decisi¨®n de apartar a Blasco del grupo parlamentario est¨¢ tomada, por lo que el desgaste generado por la rebeld¨ªa del exconsejero quedar¨¢ compensado el d¨ªa que sea separado de sus actuales correligionarios.
Las mismas fuentes recalcan que la situaci¨®n de Blasco no es extrapolable al resto de imputados del Grupo Popular, ya que es el ¨²nico caso en el que se ha personado la Abogac¨ªa de la Generalitat, empujada por una situaci¨®n especialmente reprobable: el saqueo de fondos p¨²blicos destinados al Tercer Mundo.
Ambas cuestiones son competencia de la propia Generalitat
Los c¨¢lculos realizados en el seno del PP parecen, sin embargo, basados en los plazos legales para la presentaci¨®n de recursos de los imputados en el caso Blasco. El ritmo real resulta, sin embargo, mucho m¨¢s lento. En parte por la falta de medios materiales ¡ªel tribunal solo tiene una fotocopiadora que se usa tambi¨¦n para escanear¡ª y humanos ¡ªel n¨²mero de funcionarios es muy bajo para la carga de trabajo del TSJ¡ª que son competencia directa de la Generalitat. De hecho, como record¨® al ser interrogado como imputado, el propio Blasco fue el encargado de negociar el presupuesto del que dispon¨ªa el tribunal hasta junio de 2011, dado que Camps le concedi¨® la competencia de Justicia en el verano de 2010, despu¨¦s de que el Tribunal Supremo reabriera la causa de los trajes en la que estaba imputado el expresidente.
En teor¨ªa, la juez instructora podr¨ªa dictar la apertura de juicio oral sin esperar a que todos los recursos presentados por los imputados¡ªante ella y ante la Sala Civil y Penal del TSJ¡ª sean resueltos. Lo normal, por una cuesti¨®n de econom¨ªa procesal, y lo que todo apunta que har¨¢ la magistrada ser¨¢, sin embargo, aguardar a que los recursos y posibles diligencias solicitadas y aceptadas concluyan antes de sentar a Blasco en el banquillo. Y para ello ser¨¢n necesarios meses.
Metamorfosis en la Abogac¨ªa de la Generalitat
La Abogac¨ªa de la Generalitat ha experimentado un cambio sustancial desde la etapa del expresidente valenciano Francisco Camps, cuando fue utilizada como escudo protector ante el alud de irregularidades que los jueces detectaban en la relaci¨®n de su Administraci¨®n con la trama G¨¹rtel, y el momento actual, en el que una de sus letradas acaba de solicitar 11 a?os de prisi¨®n para uno de sus exconsejeros, el diputado Rafael Blasco, por el supuesto desv¨ªo de fondos para el desarrollo en el Tercer Mundo.
La Abogac¨ªa depende por completo del Gobierno valenciano. La decisi¨®n de que sus letrados se personen o no en una causa debe ser tomada por acuerdo del pleno del Consell. El Gobierno del presidente Alberto Fabra dio el paso de convertirse en acusaci¨®n en el caso Cooperaci¨®n el 23 de marzo de 2012. Y no lo ha dado en ning¨²n otro procedimiento que afecte a aforados. Ni en los que afectan a otros ocho diputados de la bancada popular ¡ªpor los casos G¨¹rtel, Brugal y Alperi¡ª, ni en el caso N¨®os, en el que previsiblemente ser¨¢n imputados la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, y Camps. En esta ¨²ltima causa, la Generalitat decidi¨® personarse a los meros efectos de poder reclamar eventualmente reparaci¨®n econ¨®mica por los supuestos da?os a sus arcas, pero sin acusar a los presuntos responsables.
La personaci¨®n de la Generalitat en la causa en la que Blasco est¨¢ procesado por cuatro delitos de corrupci¨®n en la primera pieza separada, e imputado por cinco delitos en la segunda pieza, despert¨® ciertas perspicacias. No hubiera sido la primera vez que una parte personada como acusaci¨®n act¨²a en la pr¨¢ctica como defensa o se limita a controlar la marcha del procedimiento sin hacer pr¨¢cticamente aportaciones. La reciente expulsi¨®n del Partido Popular como acusaci¨®n en la causa troncal de G¨¹rtel que se instruye en la Audiencia Nacional, o la reiterada negativa a aceptar la personaci¨®n del mismo partido en la vertiente valenciano del caso, por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano, son dos ejemplos de ello.
La actuaci¨®n de la letrada de la Generalitat en el caso que afecta a Blasco disip¨®, sin embargo, pronto los recelos. Seg¨²n distintas fuentes, la actuaci¨®n de la abogada ha sido mod¨¦lica durante toda la instrucci¨®n, y su enfoque de la causa, muy parecida a la de los dos fiscales adscritos a Anticorrupci¨®n que iniciaron la investigaci¨®n de los hechos en octubre de 2010, tras las denuncias presentadas por una diputada socialista y otra de Comprom¨ªs.
Una actitud muy distinta a la que mantuvo la Abogac¨ªa, org¨¢nicamente dependiente de Presidencia de la Generalitat, durante los ¨²ltimos a?os de Camps. Sus letrados se especializaron en aquella etapa en responder con dict¨¢mentes jur¨ªdicos a los informes elaborados por la Intervenci¨®n General del Estado (IGAE) y la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa a petici¨®n de los sucesivos instructores del caso G¨¹rtel. Tres a?os despu¨¦s, cargos y excargos de la Generalitat contin¨²an siendo imputados por dichos informes de la IGAE y la UDEF, mientras los dict¨¢menes de la Abogac¨ªa de la Generalitat apenas se mencionan en la causa.
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