El duque de Palma, Camps y Barber¨¢

Las causas judiciales abiertas contra aforados valencianos avanzan al ritmo que permiten los escasos medios del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), un ¨®rgano que adem¨¢s no fue dise?ado para el volumen de investigaciones penales que ha asumido como consecuencia del alud de corrupci¨®n de los ¨²ltimos a?os. Tales carencias, unidas a la complejidad de los casos, el alto n¨²mero de imputados en varias de ellas y el garantista sistema procesal espa?ol hacen que las causas que se siguen en el Tribunal Superior tiendan a aumentar antes que a disminuir.

Con nueve diputados de las Cortes Valencianas ya imputados, la Sala Civil y Penal tiene que decidir pr¨®ximamente sobre las dos exposiciones razonadas de motivos que le han remitido dos jueces y que afectan a otros tres parlamentarios. De un lado, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, y al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, a quien el juez de Palma Jos¨¦ Castro atribuye de forma indiciaria los delitos de malversaci¨®n, fraude a la Administraci¨®n, prevaricaci¨®n y falsedad documental por los cerca de 3,5 millones de euros que concedieron presuntamente a dedo al instituto N¨®os de I?aki Urdangarin.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia abonaron al instituto del duque de Palma 3,1 millones de euros por tres ediciones de un encuentro deportivo llamado Valencia Summit. Y el Consell pag¨® otros 382.203 euros, aunque el convenio firmado era por tres millones, por unos Juegos Europeos que no se celebraron. El juez considera que Barber¨¢ y Camps acordaron directamente con Urdangarin la celebraci¨®n de esos los actos, desde?ando las normas de contrataci¨®n de las Administraciones.

Los magistrados deben decidir igualmente sobre la denuncia formulada contra Ricardo Costa por una persona, que incluye una supuesta entrega irregular de dinero al que fuera n¨²mero dos del PP valenciano. Seg¨²n algunas fuentes, el denunciante estuvo vinculado a una empresa constructora, lo que elevar¨ªa las similitudes con la imputaci¨®n que ya pesa contra Costa y el resto de la antigua direcci¨®n del PP regional por financiaci¨®n ilegal dentro del caso G¨¹rtel.