Un juez investiga una red que cobr¨® por acelerar gestiones en Tr¨¢fico

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de C¨¢diz ha abierto diligencias para tratar de aclarar las denuncias contra un trabajador de la Jefatura Provincial de Tr¨¢fico que, seg¨²n esta investigaci¨®n, podr¨ªa haber cobrado irregularmente a particulares para agilizar expedientes y reducir tiempo de espera en la tramitaci¨®n de documentos. La Polic¨ªa Judicial sospecha que cont¨® con la colaboraci¨®n de varios compa?eros de oficina y tambi¨¦n de varios agentes de la Guardia Civil que ejercieron de intermediarios en esta tarea. La investigaci¨®n sigue abierta y bajo secreto de sumario.

La investigaci¨®n, adelantada este martes por el peri¨®dico La Voz de C¨¢diz, fue confirmada por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre. ¡°Se han abierto diligencias para aclarar qu¨¦ es lo que ha ocurrido y se han llamado a declarar a varias personas en calidad de imputados y testigos¡±, se limit¨® a decir. El subdelegado no quiso precisar m¨¢s detalles para no interferir en el curso de las pesquisas.

Las pesquisas apuntan a que hay irregularidades desde hace a?os

El juzgado investiga varios delitos de prevaricaci¨®n, cohecho y falsedad documental y se centra en las oficinas de la Jefatura Provincial de Tr¨¢fico, donde est¨¢ empleado el supuesto cabecilla de esta trama, encargada de cobrar dinero a aquellos particulares que deseaban acceder a documentaci¨®n de forma m¨¢s ¨¢gil o resolver sus expedientes antes de lo habitual. Gracias a ello obten¨ªa un sobresueldo. Para este trabajo necesitaba de la colaboraci¨®n de compa?eros y de agentes de la Guardia Civil, alguno en activo y otros jubilados, que le facilitaban los potenciales clientes, primordialmente de la sierra de C¨¢diz. La investigaci¨®n se centra en, al menos, nueve trabajadores de la Jefatura Provincial de Tr¨¢fico, varios agentes de la Guardia Civil de Tr¨¢fico, uno de ellos en activo, y responsables de gestor¨ªas de la provincia, quienes podr¨ªan haber colaborado entregando documentaci¨®n para ser resuelta.

El subdelegado del Gobierno aclar¨® que no se tomar¨¢ ninguna medida contra ning¨²n trabajador hasta que no se avance en la instrucci¨®n de este caso. La Polic¨ªa judicial sospecha que las pr¨¢cticas irregulares investigadas vienen realiz¨¢ndose en estas oficinas desde hace a?os.

Por otra parte, el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha puesto freno a un incremento ¡°desmesurado¡± en C¨¢diz el n¨²mero de inscripciones de parejas de hecho entre extranjeros y espa?oles. Seg¨²n sus datos, el 80% de los enlaces investigados ha resultado un fraude con el ¨²nico objetivo de obtener la nacionalidad espa?ola. Los agentes de extranjer¨ªa creen que han optado por esta v¨ªa ¡°debido a la facilidad con la que estas parejas pueden registrarse¡±, ya que los ¨²nicos requisitos que se exigen es una declaraci¨®n de voluntad y la comparecencia ante el Registro Civil o el Ayuntamiento. Las sanciones a las que se enfrentan van de 501 a 10.000 euros. La simulaci¨®n de un estado civil se considera una infracci¨®n administrativa grave.