Bruselas pide explicaciones a Espa?a por la ley andaluza antidesahucios
La Comisi¨®n dice que esta legislaci¨®n "va m¨¢s all¨¢" de la necesaria protecci¨®n de las familias La Junta tilda de ¡°exageraciones¡± los riesgos de los que avisa la UE
El Banco Central Europeo pide al Gobierno espa?ol medidas m¨¢s ambiciosas contra los desahucios, y al mismo tiempo Bruselas reclama explicaciones porque Andaluc¨ªa ha ido demasiado lejos. Una carta de los servicios del comisario de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios, Olli Rehn, advierte de los efectos negativos del decreto andaluz de vivienda ¡ªque contempla, entre otras medidas, la expropiaci¨®n del uso de un piso a los bancos durante un m¨¢ximo de tres a?os¡ª por su impacto sobre el ajuste en el mercado inmobiliario y sobre la estabilidad del sistema financiero. Bruselas ha reconocido este lunes que carece de competencias para bloquear ese decreto. Pero se dirige al Ministerio de Econom¨ªa en el marco del memorando de entendimiento asociado al programa de rescate a la banca con una contundencia inusual: ¡°No se puede descartar¡±, seg¨²n la misiva, ¡°que la legislaci¨®n tenga efectos negativos significativos sobre los mercados financieros y las instituciones en Espa?a¡±.
En medio del rifirrafe entre el Ejecutivo central ¡ªcon mayor¨ªa absoluta del PP¡ª y el andaluz ¡ªcon PSOE e IU¡ª, los servicios de la Comisi¨®n ponen en evidencia los potenciales riesgos del decreto. ¡°La medida eleva la incertidumbre sobre el mercado de la vivienda y puede reducir el apetito inversor por los activos inmobiliarios espa?oles; reduce el valor de esos activos, con repercusiones sobre los balances y la necesidad de m¨¢s provisiones, y puede tener efectos directos sobre la Sareb [el banco malo espa?ol]¡±. ¡°La ley¡±, sostiene Bruselas, ¡°va m¨¢s all¨¢ del enfoque equilibrado que debe reconciliar la necesaria protecci¨®n de las familias m¨¢s vulnerables y los requerimientos para preservar la estabilidad financiera de Espa?a¡±.
La Comisi¨®n pone de manifiesto que la medida ¡°crea incertidumbre¡± acerca de las competencias de las comunidades aut¨®nomas y el Estado
Adem¨¢s, la Comisi¨®n pone de manifiesto que la medida ¡°crea incertidumbre¡± acerca de las competencias de las comunidades aut¨®nomas y el Estado al respecto, y se?ala el riesgo de que otros Gobiernos aut¨®nomos sigan los pasos de Andaluc¨ªa. En ese caso, Bruselas alerta de la amenaza que eso supondr¨ªa: retrasos en la recuperaci¨®n del sector de la vivienda, en la estabilizaci¨®n de la banca y, en definitiva, problemas sobre el conjunto de la econom¨ªa.
Y, sin embargo, la carta expresa solo preocupaciones: si la legislaci¨®n andaluza violara la normativa comunitaria ¡ªcualquier directiva europea¡ª, la Comisi¨®n podr¨ªa abrir un expediente que consta de tres pasos: una carta de emplazamiento, un dictamen motivado y, finalmente, una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo contra Espa?a. Nada de eso ha sucedido por el momento.
El Gobierno andaluz no le da mayor trascendencia a la carta. Hace un mes, el departamento de Luis de Guindos advirti¨® de que la Comisi¨®n hab¨ªa enviado una carta cuestionando la legalidad del decreto andaluz. Un portavoz comunitario desminti¨® que se tratara de una comunicaci¨®n oficial, pero la polvareda de la pol¨¦mica se pod¨ªa ver a lo lejos.
El decreto de la funci¨®n social de la vivienda, que se est¨¢ tramitando como proyecto de ley en el Parlamento aut¨®nomo, prev¨¦ la expropiaci¨®n temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos de personas en riesgo de exclusi¨®n social. Pero el impacto de esa medida es muy limitado: se reduce a unas 200 personas que podr¨ªan acogerse a este supuesto, seg¨²n los datos de la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cort¨¦s (IU). La norma tambi¨¦n prev¨¦ multas de hasta 9.000 euros a las entidades bancarias que no arrienden sus inmuebles.
Desde que entr¨® en vigor, se han abierto siete expedientes de expropiaci¨®n
Desde que entr¨® en vigor, el pasado 12 de abril, se han abierto siete expedientes de expropiaci¨®n en M¨¢laga, Huelva, Granada y C¨¢diz. Lejos de elevar el tono, el Ejecutivo que preside el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n da por hecho que la nota de Bruselas ¡°no va a ir a ning¨²n lado¡±, seg¨²n su portavoz, Miguel ?ngel V¨¢zquez. El Ejecutivo andaluz sospecha que en el transfondo de estas cartas se esconde el deseo del Gobierno de buscar argumentos para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, una decisi¨®n que el PP andaluz no comparte. Los populares, que mantienen la tesis de que el decreto andaluz de la vivienda tiene m¨¢s efectismo que trascendencia real, temen que ese eventual recurso acabe siendo una poderosa bandera reivindicativa en manos de la izquierda andaluza. El PP andaluz no vot¨® en contra de la convalidaci¨®n del decreto en la C¨¢mara aut¨®noma y ha presentado 82 enmiendas al proyecto, entre ellas una que pide suprimir la expropiaci¨®n temporal.
¡°El Gobierno central tendr¨¢ que decidir si quiere ir o no al Constitucional, pero esto de las cartas es una gran exageraci¨®n porque se entiende poco que la recuperaci¨®n econ¨®mica se pueda ver lastrada por el decreto¡±, se?ala V¨¢zquez. La consejera de Fomento tambi¨¦n ha mostrado su escepticismo: ¡°Dados los antecedentes con el episodio anterior de la supuesta carta de la Comisi¨®n que al final nadie aclar¨®, lo prudente es esperar para comprobar qu¨¦ grado de oficialidad tiene¡±. Cort¨¦s ha insistido en que el decreto est¨¢ ¡°bajo el paraguas jur¨ªdico de la Constituci¨®n¡±.
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