El fiscal sale en defensa de la Xunta por el presunto robo de beb¨¦s en Lugo

El fiscal de Menores de Lugo, Jes¨²s ?lvarez, ha salido al paso de las informaciones que diversos medios de comunicaci¨®n han hecho p¨²blicas en relaci¨®n con la investigaci¨®n judicial sobre presuntos tr¨¢mites irregulares de adopci¨®n denunciados en el marco de la llamada Operaci¨®n Beb¨¦. ?lvarez sale en defensa de la Administraci¨®n gallega y llega a afirmar rotundo en su escrito, sin dejar margen para las posibles excepciones, que "las decisiones de la Xunta se adoptan tomando como base los informes de un equipo t¨¦cnico multidisciplinar e independiente". Este, el de la independencia, precisamente, es uno de los extremos que puso en duda la juez Estela San Jos¨¦ despu¨¦s de estudiar varios casos de expedientes de tutela, acogida y adopci¨®n denunciados por cuatro abogadas de Lugo en 2010, el a?o en el que comenz¨® una intrincada instrucci¨®n que todav¨ªa sigue en curso.

En el auto que dict¨® previo al registro que la propia juez y un equipo de guardias civiles llevaron a cabo en primavera de ese mismo a?o en la sede de la Conseller¨ªa de Benestar en Lugo, la magistrada no dudaba del rigor de la mayor¨ªa de los expedientes, sino solo de una serie de ellos. Este grupo inicial de casos de beb¨¦s y ni?os desvinculados de toda relaci¨®n con sus familias por v¨ªa administrativa, al que con el paso de los a?os se han sumado nuevas denuncias de padres biol¨®gicos, constitu¨ªan la base de la que part¨ªa San Jos¨¦ para hablar de "irregularidades en la tramitaci¨®n que podr¨ªan llegar a ser consideradas como presuntos delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e incluso prevaricaci¨®n por parte de funcionarios p¨²blicos, entre otras figuras que a¨²n no se han podido determinar".

Seg¨²n el fiscal, no cabe hablar de "progenitores desamparados", sino, ¨²nicamente, de "menores desamparados", ya que a los padres siempre les queda la posibilidad de recurrir a la v¨ªa judicial. A continuaci¨®n, ?lvarez enumera la retah¨ªla de instancias judiciales (hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos) a las que pueden, sucesivamente, ir presentando recursos (y por tanto pedir amparo) estas familias que se consideren despojadas de sus hijos.

Estela San Jos¨¦, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo y primera magistrada que se hizo cargo de la investigaci¨®n (que recientemente pas¨® a manos de la juez del n¨²mero 2), se refer¨ªa en el momento en que trascendi¨® por primera vez a los medios de comunicaci¨®n de Lugo el caso Beb¨¦ a "graves irregularidades en la tramitaci¨®n referente a los procedimientos de acogida, preadopci¨®n y adopci¨®n de menores que han sido sacados de su familia de origen" en pleno siglo XXI. Y m¨¢s adelante especificaba: "Se encuentran informes de las personas que intervienen de un modo u otro en el expediente administrativo que se basan a su vez en informes cuyo contenido no es el que aluden". Por ejemplo, continuaba detallando en su auto de mayo de 2010 la magistrada, "hablan de informes m¨¦dicos negativos que en realidad tienen un car¨¢cter positivo y contrario a lo manifestado por los funcionarios" o "se toman decisiones sobre otros informes m¨¦dicos que no existen". Estos "y otra serie" de detalles revelados en las denuncias de varias abogadas de oficio que defienden los intereses de familias biol¨®gicas, le valieron a la juez para afirmar que "lo que inicialmente se pens¨® que era una cuesti¨®n a dilucidar en la v¨ªa de la jurisdicci¨®n civil, en estos momentos se llegue a incardinar presuntamente en los tipos penales anunciados".

El objetivo de los investigadores, que ya han llevado a cabo registros tanto en la Xunta como en la residencia de monjas Hogar Madre Encarnaci¨®n, en la que son acogidas durante el embarazo mujeres sin recursos, ha sido desde el principio de la instrucci¨®n "averiguar si efectivamente se ha llevado a cabo por parte de personas integradas en la Administraci¨®n dedicada precisamente a la protecci¨®n de los menores y de la familia, actuaciones o actos incardinables en tipos penales". La propia Conseller¨ªa de Traballo e Benestar reconoci¨® a EL PA?S, por medio de un portavoz oficial, que el departamento que dirige Beatriz Mato considera primordial que la investigaci¨®n avance para resolver las sospechas que puedan recaer sobre algunos trabajadores de Menores de Lugo y, en caso de que las hubiese, depurar responsabilidades. Despu¨¦s de dos a?os de investigaci¨®n, todav¨ªa no hay imputados en la Operaci¨®n Beb¨¦ y los ni?os siguen creciendo sin noticia de esos padres biol¨®gicos que los reclaman porque, denuncian sus abogados, la Administraci¨®n ha cortado la comunicaci¨®n con las familias de origen, algo que solo puede dictaminarse por v¨ªa judicial.