La justicia pone coto al urbanismo desenfrenado

Los tribunales han puesto freno al desarrollo urban¨ªstico desaforado. Durante los ¨²ltimos meses se han sucedido una decena de sentencias que han anulado proyectos urban¨ªsticos (Rabassa, Porxinos, Benic¨¤ssim Golf, Marina d¡¯Or Golf, Fonts de l¡¯Algar y dos planes generales de ordenaci¨®n urbana, el de Castell¨®n y el de Benissa) por diversos motivos. La mayor¨ªa de las sentencias detectan irregularidades en la tramitaci¨®n de los proyectos, falta de documentaci¨®n y, especialmente, no hay garant¨ªas de los recursos h¨ªdricos. Las plataformas y colectivos que durante la ¨²ltima d¨¦cada han luchado contra el urbanismo salvaje, que promotores y ayuntamientos alentaban, celebran que estas sentencias les otorguen la raz¨®n.

?¡°No es fortuito, ha habido un cambio en la jurisprudencia que confirma un cambio de sensibilidad de los jueces¡±, asegura Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y uno de los fundadores de la PIC (Plataforma de Iniciativas Ciudadanas) que se cre¨® precisamente para evitar que prosperara el Plan Rabassa de Alicante. Distinta es la opini¨®n de los responsables de la consejer¨ªa de Territorio que destacan que todos los autos judiciales cuestionan ¡°aspectos formales, pero no entran en el fondo de la cuesti¨®n¡±. Sin embargo, todos estos autos judiciales dejan en dique seco estas iniciativas y vienen a confirmar que la ¨¦poca de la aprobaci¨®n desmedida de programas urban¨ªsticos ya es historia, y que la crisis econ¨®mica tambi¨¦n ha servido de freno al ladrillo.

Enrique Climent, presidente de Abusos Urban¨ªsticos No, una plataforma ciudadana que acaba de cumplir su d¨¦cimo aniversario y que aglutina a 27.000 afectados de toda la Comunidad Valenciana, estima que esta concatenaci¨®n de sentencias obedece a que hay una ¡°concienciaci¨®n general de que el urbanismo desaforado no es viable¡±. Climent tambi¨¦n comparte el argumento de Alcaraz de que los jueces ¡°son personas que han visto la reacci¨®n ciudadana, y se han tomado muy en serio todas estas denuncias¡±. El representante de Abusos Urban¨ªsticos No critica la ¡°soberbia¡± con la que actuaron pol¨ªticos y promotores durante la ¨²ltima d¨¦cada aprobando y concediendo licencias de obras a destajo.

El representante de esta asociaci¨®n contra el urbanismo desbordado recuerda que uno de los motivos por los que se han anulado gran parte de los proyectos urban¨ªsticos en tramitaci¨®n es porque antes el informe sobre los recursos h¨ªdricos se ten¨ªa solo que solicitar, pero con la reforma de la Ley de Agua, aprobada en 2005, ese informe pas¨® a ser obligatorio y, adem¨¢s, deb¨ªa ser favorable. Y este argumento ha servido a los jueces para tumbar algunos PAI como el de Rabassa, con 13.500 viviendas en Alicante que no ten¨ªan garantizada el agua, o Porxinos, con 2.600 viviendas y una ciudad deportiva para el Valencia. En este proyecto la sentencia incide precisamente en que el informe de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car sobre la disponibilidad de agua resultaba ¡°preceptivo y vinculante¡±, pero en Porxinos dicho informe no figuraba, solo hab¨ªa uno del a?o 2005, y era desfavorable. El TSJ agrega, citando al Supremo, que informes sustitutivos del de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica elaborados por entidades ¡°colaboradoras¡± de la Administraci¨®n no son v¨¢lidos. Y remata el entierro del proyecto urban¨ªstico de Porxinos se?alando que la tramitaci¨®n por parte de la Consejer¨ªa de Territorio vulner¨®, adem¨¢s, el procedimiento administrativo establecido.

Jos¨¦ Mar¨ªa Perea, presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que se fund¨® precisamente por su oposici¨®n al Plan Rabassa, atribuye estas sentencias al ¡°esfuerzo de mucha gente que durante a?os ha denunciado estos desmanes urban¨ªsticos¡±. Perea considera que ese ¡°clamor social¡± queda recogido en las sentencias. El Plan Rabassa acumula cuatro varapalos judiciales por irregularidades en la tramitaci¨®n, falta de informes y de recursos h¨ªdricos, entre otras muchas cuestiones.

Las personas consultadas tambi¨¦n inciden en que la crisis econ¨®mica ha tenido un papel determinante. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional provoc¨® que la mayor¨ªa de estos proyectos urban¨ªsticos ¡°econ¨®micamente estuvieran muertos¡±, seg¨²n apunta Gerardo Roger, arquitecto urbanista y uno de los mentores de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica) en la Comunidad Valenciana. Roger estima que un 80% de los PAI que iniciaron su tramitaci¨®n no se aprobar¨¢n porque no son viables, ya que hay una gran cantidad de suelo urbanizable, que ¡°pronto dejar¨¢ de serlo, y muchas viviendas vac¨ªas en el mercado inmobiliario¡±. Para el experto, en los pr¨®ximos meses habr¨¢ proyectos que se reprogramar¨¢n ¡°a la baja¡± para adaptarse a la demanda del mercado. Para Manuel Alcaraz las ¨²ltimas sentencias relacionadas con el urbanismo confirman que ¡°empresarios y pol¨ªticos¡± durante unos a?os consideraron que en materia urban¨ªstica ¡°val¨ªa todo¡±. Las personas consultadas tambi¨¦n coinciden en que los varapalos judiciales al ladrillo confirman que la lucha que durante a?os, y de manera sosegada y discreta, han mantenido los colectivos ciudadanos, y muchos particulares, al final ha surtido efecto. ¡°Sin esa red social, que cost¨® de aflorar, y luch¨® contra pol¨ªticos y empresarios no se hubiera podido frenar a los piratas especuladores del suelo urbanizable¡±, concluye Alcaraz.

Sin embargo, Juan Giner, director general de Evaluaci¨®n Ambiental y Territorial de la Consejer¨ªa de Infraestructuras, recuerda que todas estas sentencias ¡°no entran en el fondo de la cuesti¨®n, y anulan cuestiones formales¡±, relacionadas con la falta de publicidad, la legitimidad de algunos informes o la falta de documentaci¨®n. ¡°Ser¨ªa deseable que hubieran entrado en el fondo de la cuesti¨®n, para disponer de jurisprudencia y poder actuar en el futuro¡±, asegura el responsable de la Administraci¨®n del PP. Giner recuerda que en algunas de estas sentencias hay ¡°votos discrepantes¡± de algunos magistrados, y lamenta que todos estos autos generen cierta ¡°inseguridad¡± jur¨ªdica, ya que hay disparidad de criterios, y en ning¨²n momento se cuestiona el modelo urban¨ªstico. ¡°Desde la Generalitat queremos hacer las cosas bien, y pedimos seguridad jur¨ªdica, porque si la legislaci¨®n urban¨ªstica dice una cosa y los tribunales otra distinta, los pol¨ªticos no sabemos a qu¨¦ atenernos¡±, reflexiona el director general de la consejer¨ªa.