La Junta acusa a la juez Alaya de poner en peligro la democracia

Dur¨ªsima r¨¦plica de la Junta de Andaluc¨ªa a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya. El recurso del Gobierno aut¨®nomo, que es acusaci¨®n particular en el caso, al auto de la magistrada en el que imput¨® a 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena ?lvarez, incluye acusaciones muy graves: ¡°El camino elegido es harto peligroso para el sistema democr¨¢tico¡±, dice la Junta sobre las imputaciones de Alaya, a la que achaca ¡°subvertir el Estado democr¨¢tico¡± al cuestionar las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz, que incluyeron la partida de 721 millones con la que se financi¨® el fondo de los ERE a?o tras a?o durante una d¨¦cada (2001-2010).

Estas acusaciones suponen el enfrentamiento m¨¢s serio entre la Junta y Alaya desde que esta exigi¨® la entrega de las actas de todos los Consejos de Gobierno, que provoc¨® la negativa inicial del Ejecutivo y la posterior amenaza de la juez de enviar a la polic¨ªa a por ellas. Ahora la Junta ha recurrido el ¨²ltimo auto de Alaya ante la Audiencia de Sevilla, y al ser acusaci¨®n particular corre el riesgo de ser expulsada del proceso por la magistrada ante esta an¨®mala situaci¨®n. El Gobierno considera que la imputaci¨®n de sus altos cargos por permitir supuestamente el uso inadecuado de las transferencias de financiaci¨®n para financiar los ERE, ¡°supone un ataque frontal al Estado de Derecho¡±. Alaya les imputa permitir un ¡°menoscabo de fondos p¨²blicos¡± que provoc¨® un ¡°dispendio continuado¡± por el sistema de pagos empleado en los ERE.

La Junta arguye ahora que entre los cargos est¨¢n imputados los responsables de elaborar los anteproyectos de presupuestos. ¡°Y el siguiente paso es evidente: la imputaci¨®n de todos aquellos que aprobaron las leyes de presupuestos y, en un paso m¨¢s, a todos aquellos que no votaron en contra¡±. El recurso acusa a la juez de que, seg¨²n su tesis, deber¨ªa imputarse a los 109 diputados del Parlamento andaluz, incluidos los de IU y PP: "O se imputa a todos los parlamentarios que han votado a favor de la Ley o que han realizado enmiendas a dicha partida o concluimos que el problema no est¨¢ aqu¨ª sino en las ayudas concretas que daba la Consejer¨ªa de Empleo". En otro pasaje, matiza: ¡°La Consejer¨ªa [de Empleo] no adopt¨® la transferencia de financiaci¨®n porque s¨ª, sino porque lo ordenaba la Ley de Presupuestos¡±, reza el texto.

La Junta recuerda en su recurso que el Parlamento es soberano para aprobar sus normas (la ley de Presupuestos en este caso), y Alaya nunca ser¨ªa competente para cuestionarlas, sino que deber¨ªa remitirse siempre al Tribunal Constitucional.

Como primera medida, la Junta pide a la Audiencia que suspenda la ¨²nica declaraci¨®n fijada para dentro de dos semanas: la del ex interventor general Manuel G¨®mez, que ha cargado con dureza contra los exconsejeros, entre ellos el presidente del Gobierno aut¨®nomo, el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. En paralelo el recurso pide la suspensi¨®n de las otras 19 comparecencias previstas en esta rama pol¨ªtica del caso de los ERE.

Ante la controvertida decisi¨®n de recurrir el auto, la Junta alega que busca ¡°la limpieza procesal¡± y que la investigaci¨®n no se vaya al traste por cuestiones formales como ulteriores nulidades. El Ejecutivo considera que Alaya debe motivar m¨¢s su auto, que tilda de ¡°imputaci¨®n indiscriminada¡± sin indicios de delito.

La tesis fundamental que defiende la Junta sobre el fraude, cifrado de momento en torno a los 140 millones, es que este se produjo por la ejecuci¨®n y mal empleo de las transferencias de financiaci¨®n. El recurso pone el foco en la conducta de ciertos pol¨ªticos que permitieron la malversaci¨®n de fondos, y rechaza que sea fruto de la inclusi¨®n del sistema de pagos en la Ley de Presupuestos durante 14 a?os. ¡°Un exceso inaceptable¡±, califican los letrados el planteamiento expuesto por la juez. El escrito, de 20 p¨¢ginas pero con otras 100 de documentos anexos, es una defensa cerrada del procedimiento, que Alaya considera dise?ado para evitar los controles de la Intervenci¨®n General.