Un decreto en cuarentena

El decreto andaluz de la vivienda se convirti¨® hace tres meses en la primera medida de gran calado social aprobada por el Gobierno de coalici¨®n de PSOE e Izquierda Unida. La norma, surgida en una consejer¨ªa de IU, llevaba el sello de la federaci¨®n de izquierdas, pero los socialistas la hicieron suya tras pulir todas las aristas jur¨ªdicas y las direcciones regionales y nacionales de los dos partidos la izaron como contrapunto de la ley hipotecaria que estaba a punto de aprobar el Congreso. El PP, al que la norma sorprendi¨® desprevenido, opt¨® los primeros d¨ªas por infravalorarla y no se opuso en la convalidaci¨®n del decreto en el Parlamento. Hasta que el pasado 28 de junio el Consejo de Ministros acord¨® recurrirla ante el Tribunal Constitucional y pedir su suspensi¨®n cautelar.

El alto tribunal ha admitido esta semana a tr¨¢mite el recurso y ha paralizado la aplicaci¨®n del decreto ley durante, al menos, los pr¨®ximos cinco meses. La suspensi¨®n no solo deja en el aire el futuro de las familias en riesgo de desahucio a las que amparaba, sino tambi¨¦n la pol¨ªtica de vivienda de la Junta, que giraba entorno a esta norma.

? Las claves del decreto. El texto permite a la Junta expropiar temporalmente el uso de viviendas embargadas por entidades financieras o inmobiliarias cuando vayan a desahuciar a familias en riesgo de exclusi¨®n social. Adem¨¢s, para intentar fomentar el alquiler, crea un registro de viviendas vac¨ªas y establece sanciones de hasta 9.000 euros a las empresas que tengan viviendas deshabitadas y de hasta 120.000 euros a los bancos que den a sus VPO un uso contrario al fin social para el que fueron construidas.

? ?Qu¨¦ significa la suspensi¨®n? La Junta no podr¨¢ seguir abriendo expedientes para expropiar temporalmente el uso de viviendas embargadas por los bancos. Los expedientes que ya se hab¨ªan abierto se quedan paralizados de momento, por lo que la propiedad de estas viviendas seguir¨¢ siendo de la entidad financiera con la que la familia tuviera la hipoteca y los jueces pueden reactivar los desahucios (algunas familias ya ten¨ªan fecha para el lanzamiento antes de acogerse al decreto). La Junta tampoco podr¨¢ comenzar a imponer sanciones a las entidades que tengan casas desocupadas o que no den a las VPO un uso social.

? ?Para qu¨¦ ha servido en los tres meses que ha estado en vigor? Desde el 12 de abril, la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda ha tramitado 18 expedientes de expropiaci¨®n temporal del uso de viviendas embargadas por los bancos. Los ¨²ltimos seis deb¨ªan se publicaron en el BOJA este viernes, el d¨ªa despu¨¦s de que el Constitucional admitiera a tr¨¢mite el recurso contra el decreto. En este tiempo, adem¨¢s, centenares de familias han acudido a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda solicitando la expropiaci¨®n temporal o protecci¨®n ante una amenaza de desahucio. Todas ellas, entre 500 y 600 seg¨²n el Gobierno andaluz, podr¨ªan ser beneficiarias potenciales del decreto. La consejer¨ªa ha iniciado tambi¨¦n las inspecciones del parque de vivienda de Andaluc¨ªa para detectar aquellas que est¨¦n vac¨ªas e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados y ha empezado a recabar informaci¨®n sobre las viviendas protegidas que tienen los bancos (m¨¢s de una veintena de entidades han remitido ya la informaci¨®n). La Consejer¨ªa trabaja adem¨¢s en la orden de fomento medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso de funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.

? ?Qu¨¦ argumentos usa el Gobierno para cuestionar la constitucionalidad del decreto? Seg¨²n el Ejecutivo de Rajoy, la norma ¡°afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constituci¨®n y establece una regulaci¨®n contraria al principio igualdad¡±. El Gobierno centra su recurso en el art¨ªculo uno del decreto, que modifica la ley reguladora del derecho a la vivienda en Andaluc¨ªa, y en la disposici¨®n adicional segunda, que hace referencia al Estatuto de Autonom¨ªa y la competencia del Consejo de Gobierno para la elaboraci¨®n de reglamentos generales de sus leyes auton¨®micas. La Junta alega que varias sentencias del Constitucional reconocen a los gobiernos auton¨®micos la potestad para fijar l¨ªmites al derecho a la propiedad; respecto a las expropiaciones, que el Gobierno considera ¡°arbitrarias¡± y ¡°discriminatorias¡± porque solo afectan a las entidades financieras, la Consejer¨ªa de Vivienda defiende que se ha decidido as¨ª para garantizar que no existe conflicto entre el inter¨¦s general de preservar la funci¨®n social de la vivienda y los intereses del expropiado (porque los bancos nunca habitan las casas que embargan).

? ?Por qu¨¦ censur¨® Bruselas el decreto? Seg¨²n el informe sobre el rescate financiero que hizo p¨²blico esta semana la Comisi¨®n Europea, la norma andaluza ¡°puede tener potenciales implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto¡±. Las cr¨ªticas de los miembros de la comisi¨®n no se refieren tanto a las expropiaciones temporales como a las multas que la Junta podr¨ªa imponer a las entidades que no pongan en alquiler sus pisos (hasta 9.000 euros) o que no den a las VPO un uso social. Bruselas sostiene que esas medidas pueden reducir ¡°el apetito de los inversores por los activos inmobiliarios espa?oles¡± y deteriorar la cartera inmobiliaria de los bancos. A la comisi¨®n le preocupan, sobre todo, los riesgos del decreto sobre el banco malo, la Sareb, que absorbe con dinero p¨²blico los activos inmobiliarios deteriorados de las entidades financieras. Para argumentarlo, el documento a?ade que aproximadamente el 10% de la cartera inmobiliaria de la Sareb proviene de Andaluc¨ªa.

? ?Y ahora, qu¨¦? Los servicios jur¨ªdicos de la Junta est¨¢n analizando la providencia del Tribunal Constitucional para presentar alegaciones y conseguir el levantamiento de la suspensi¨®n cautelar. Los cinco meses de plazo que tiene el tribunal para decidir terminan en noviembre, por lo que hasta entonces el Gobierno andaluz mantendr¨¢ paralizadas las medidas derivadas de la norma. Mientras, la Consejer¨ªa de Vivienda estudia qu¨¦ acciones puede emprender con la normativa estatal y auton¨®mica vigente para salvar las l¨ªneas b¨¢sicas del decreto: evitar los desahucios, garantizar el uso social de la vivienda y fomentar el alquiler.