El exinterventor pide a la Junta que le pague su defensa en el caso de los ERE

El ex interventor general de la Junta Manuel G¨®mez no es un imputado m¨¢s del caso de los ERE. Desde que el verano pasado empez¨® a dilucidarse la rama pol¨ªtica sobre por qu¨¦ no se fren¨® a tiempo el procedimiento utilizado para pagar el fondo, G¨®mez destac¨® con sus met¨¢foras del bombero que alert¨® a la Junta y fue ignorado. Pero sobre todo por sus duros ataques al presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, al que acus¨® de haber ¡°cebado¡± el fondo como responsable de Hacienda durante los a?os de vacas gordas.

Ahora ha vuelto a sacar los pies del tiesto y ha sido el ¨²nico de los 20 altos cargos y funcionarios imputados por la juez Mercedes Alaya, entre ellos la exministra Magdalena ?lvarez, que ha pedido a la Junta que le pague la defensa. La petici¨®n obliga al Ejecutivo a pronunciarse sobre un espinoso asunto, ya que la Administraci¨®n figura como acusaci¨®n particular y al mismo tiempo ha recurrido el auto de Alaya. G¨®mez, apoy¨¢ndose en la normativa auton¨®mica de 2000 que le otorga esta posibilidad, fuerza de este modo a la Junta a que se pronuncie sobre si le abonar¨¢ la minuta de su letrado y as¨ª otorgarle relevancia a un asunto que ha provocado cr¨ªticas a la Junta.

¡°El exinterventor ha hecho la solicitud y estar¨¢ a disposici¨®n del gabinete jur¨ªdico. Pero como hay un recurso sobre el auto, de momento no habr¨¢ movimiento en este sentido¡±, subrayaron ayer fuentes del Ejecutivo. Estas fuentes destacaron que la imputaci¨®n de los 20 altos cargos a¨²n no es firme puesto que ha sido recurrida por la Junta ante la Audiencia de Sevilla, que debe respaldar o tumbar la masiva acusaci¨®n de Alaya. De este modo, hasta que la Audiencia no se pronuncie la Junta no afrontar¨¢ la patata caliente que le ha dejado G¨®mez. En tal caso, a la petici¨®n del alto funcionario le seguir¨¢ un dictamen de los servicios jur¨ªdicos de la Junta y una ratificaci¨®n por parte de la Consejer¨ªa de Hacienda, ¨®rgano del que depende G¨®mez.

Los servicios jur¨ªdicos contestar¨¢n previsiblemente a G¨®mez en consonancia con la opini¨®n expresada por la consejera de Presidencia, Susana D¨ªaz, sobre la pol¨¦mica. Para D¨ªaz, ¡°lo razonable y l¨®gico¡± es pagar la defensa a los altos cargos que resulten inocentes al final del proceso. Es decir, dentro de varios a?os. Ello a pesar de que el vicepresidente Diego Valderas dijo de manera tajante que ¡°a nadie se le pagar¨ªa el abogado¡±. Si prosperara, la Junta abonar¨ªa la minuta de Jos¨¦ Rebollo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y letrado designado por G¨®mez para defenderle.

La declaraci¨®n del exinterventor est¨¢ prevista para el pr¨®ximo jueves, y estos d¨ªas las partes del caso deben pronunciarse sobre la petici¨®n de que se suspenda que ha realizado la Junta hasta que se pronuncie la Audiencia. La comparecencia se prev¨¦ intensa y pol¨¦mica, dado su papel esencial jugado entre 2000 y 2010. G¨®mez ha insistido a trav¨¦s de escritos en que la Intervenci¨®n alert¨® hasta en 15 ocasiones a las consejer¨ªas de Empleo, Innovaci¨®n y Hacienda del procedimiento inadecuado utilizado para el fondo de los ERE. Y que seg¨²n el reglamento no era posible emitir el informe de actuaci¨®n que alertara del menoscabo de fondos p¨²blicos, un c¨®digo rojo que, como descargo, la Junta alega nunca recibi¨®.

Mientras, los imputados se mueven para designar los mejores abogados en esta compleja causa. La exministra Magdalena ?lvarez ha contratado al famoso penalista Horacio Oliva, cuyo socio Ignacio Ayala ya conoce la causa porque defiende al empresario Jos¨¦ Enrique Rosendo. Y tanto el viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano como el ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera ser¨¢n defendidos por el letrado madrile?o Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano.