La Junta lleva al Constitucional la Ley de Costas por invasi¨®n de competencias

El Ejecutivo aut¨®nomo, aunque pol¨ªticamente siempre ha rechazado la modificaci¨®n de la ley, que entr¨® en vigor hace un mes y medio, ha condicionado la presentaci¨®n del recurso a un informe jur¨ªdico que sustentara dicha impugnaci¨®n.

El portavoz de la Junta, Miguel ?ngel V¨¢zquez, ha explicado que el Gobierno andaluz pedir¨¢ tambi¨¦n la suspensi¨®n cautelar de la ley para evitar ¡°da?os irreparables¡±. Los art¨ªculos impugnados son 12 y se estructuran en tres bloques. En el primero se incluyen los preceptos que vulneran los art¨ªculos 132.1 y 132.2 de la Constituci¨®n, que establecen que las zonas mar¨ªtimo-terrestres y las playas son bienes de dominio p¨²blico e inalienables en todo caso.

El Gobierno aut¨®nomo pide la suspensi¨®n cautelar de la ley para evitar ¡°da?os irreparables¡±

Para la Junta, la nueva ley altera este concepto e introduce novedades que ¡°permitir¨¢n una mayor ocupaci¨®n de los espacios pr¨®ximos al litoral¡±. Seg¨²n el portavoz del Gobierno aut¨®nomo, la nueva ley altera el concepto de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre y lo vincula a criterios t¨¦cnicos no especificados y que ser¨¢n desarrollados mediante reglamento.

La Junta considera que la Ley de Costas altera de forma negativa conceptos como duna y playa y que los terrenos que dejen de ser dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre se devolver¨¢n a sus anteriores propietarios, y se har¨¢ de una manera ¡°gratuita y sin concurrencia, vulnerando el principio de igualdad de los ciudadanos¡±, seg¨²n ha denunciado el portavoz.

El Gobierno andaluz estima que este art¨ªculo de la ley provoca inseguridad jur¨ªdica por la ambig¨¹edad que expone, y constituye una ¡°regresi¨®n¡± a la situaci¨®n de desprotecci¨®n anterior a la regulaci¨®n de 1988. ¡°Con esta nueva ley en la mano, existe la posibilidad de que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanizaci¨®n o de usos perjudiciales para el medio ambiente¡±, ha a?adido V¨¢zquez.

El segundo bloque contempla la supuesta invasi¨®n de competencias de la comunidad aut¨®noma en materia de ordenaci¨®n del territorio y urbanismo. En este sentido, la Junta impugnar¨¢ una figura creada en la norma, llamada urbanizaci¨®n mar¨ªtimo-terrestre y que en la pr¨¢ctica ¡°permite detraer del dominio p¨²blico una serie de espacios para su urbanizaci¨®n¡±. Y el Gobierno entiende que esa no es una competencia del Estado.

El Ejecutivo andaluz considera la modificaci¨®n de la ley una "regresi¨®n" a la situaci¨®n de desprotecci¨®n anterior a 1988

En el tercer bloque, se engloba una serie de ¡°injerencias¡± en la distribuci¨®n de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas, entre ellas ciertas reservas que la ley confiere al Estado sobre servidumbres y autorizaciones de actividades(quioscos de temporada y puntos de hidropedales y motos acu¨¢ticas). En cuanto a las ¨²ltimas, cabe se?alar que la nueva ley ampl¨ªa el plazo de su vigencia de uno a cuatro a?os. Adem¨¢s, V¨¢zquez ha explicado que la ley contempla la posibilidad de que la Delegaci¨®n del Gobierno pueda suspender actos y acuerdos de las entidades locales cuando afecten a la integridad del dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre o a la servidumbre de protecci¨®n, algo que ¡°compete¡± a las autonom¨ªas.

La nueva regulaci¨®n tambi¨¦n prev¨¦ un canon de ocupaci¨®n en puertos deportivos y piscinas, destinada a las arcas de la Administraci¨®n Central, y que, seg¨²n la Junta, significa una doble imposici¨®n que ¡°no es compatible con ley de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas¡±.

El Gobierno andaluz, que considera que la reforma ¡°camina en sentido contrario¡± a la ley andaluza, ya anunci¨® su intenci¨®n de recurrirla junto a las comunidades ¡ªninguna gobernada por el PP¡ª de Asturias, Canarias, Catalu?a y Pa¨ªs Vasco el pasado 1 de julio, tras una reuni¨®n mantenida por representantes de las cinco autonom¨ªas. Pa¨ªs Vasco ha comunicado tambi¨¦n este lunes su decisi¨®n de impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional. Las?costas de estas cinco autonom¨ªas suponen m¨¢s de la mitad del litoral espa?ol.

En la modificaci¨®n legislativa en cuesti¨®n, se aumenta el plazo de duraci¨®n de la mayor¨ªa de las concesiones en zonas del litoral de 30 a 75 a?os. Adem¨¢s, la nueva norma permite ¡ªcon alguna limitaci¨®n¡ª la transmisi¨®n entre personas vivas de las concesiones, posibilidad que anteriormente estaba prohibida, y realiza una distinci¨®n ¡ªnovedosa¡ª entre tramos de playa naturales y artificiales, aunque remite su concreci¨®n al desarrollo reglamentario.

Un punto muy controvertido de la Ley de Costas es que para poder regularizar las construcciones en la costa ¡ªposibilidad que contempla la ley y a la que Andaluc¨ªa se opone¡ª la reforma del PP fija como uno de los requisitos que un tercio de la superficie estuviera edificada hace 25 a?os. En paralelo y con mayor exigencia, la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA) establece que deben estar consolidadas al menos dos terceras partes del espacio para poder regularizarlo.