El exinterventor general apunta a la c¨²pula de la Junta en los ERE

"Una patolog¨ªa presupuestaria muy singular". El exinterventor general de la Junta de Andaluc¨ªa Manuel G¨®mez ha utilizado esta gr¨¢fica expresi¨®n para definir el fondo de los ERE durante su declaraci¨®n como imputado ante la juez Mercedes Alaya.

El alto funcionario ha dejado claro que la partida presupuestaria dotada con 721 millones de euros entre 2001 y 2010 era legal, pero tambi¨¦n que las ayudas se conced¨ªan con un procedimiento administrativo an¨®malo, que sorteaba los controles, cuyas nefastas consecuencias se han visto a?os despu¨¦s. El fraude, entre intrusos (personas que cobran prejubilaci¨®n por una empresa en la que nunca trabajaron), ayudas indebidas a empresas y sobrecomisiones por la mediaci¨®n en los expedientes de regulaci¨®n de empleo, se acerca a los 140 millones de euros.

El funcionario subray¨® dos aspectos clave de las irregularidades del fondo que ya apunt¨® en sus informes: el procedimiento administrativo empleado y el agujero que causaba en las cuentas de la Junta, pues el dinero gastado anualmente superaba ampliamente el presupuestado.

Estas irregularidades fueron denunciadas por la Intervenci¨®n General de la Junta durante siete a?os (de 2003 a 2009) hasta en 15 informes distintos, pero sus quejas cayeron en saco roto y el fondo sigui¨® pag¨¢ndose durante una d¨¦cada sin que se hiciese nada para cambiarlo.

G¨®mez, a quien la juez ha imputado por los supuestos delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, ha asegurado que la c¨²pula de la Junta conoc¨ªa sus advertencias y las ignor¨®. Con este reproche, el exinterventor no acusaba a los responsables del Ejecutivo aut¨®nomo de cometer ning¨²n delito, ya que sus informes no alertaron de un menoscabo de fondos p¨²blicos, sino irregularidades administrativas por haber prolongado un procedimiento ¡°inadecuado¡±.

El problema para el presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y para el expresidente Manuel Chaves es que las cr¨ªticas de G¨®mez refuerzan la tesis de la juez Alaya, que considera que todo directivo de la Junta de Andaluc¨ªa que conoci¨® las advertencias de la Intervenci¨®n General sobre el fondo y no hizo nada para frenarlo tiene responsabilidad penal. Alaya estima que pecaron de inacci¨®n hasta 20 altos cargos y funcionarios auton¨®micos ¡ªinlcuida la exministra Magdalena ?lvarez¡ª que permitieron la creaci¨®n y persistencia del fondo irregular y por eso les ha imputado. El exinterventor fue el primero de todos ellos que ayer dio sus explicaciones.

En su relato, G¨®mez ha detallado que consideraba ¡°absolutamente impensable¡± que Gri?¨¢n, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, no conociese las irregularidades que denunci¨® en sus informes porque eran ¡°llamativas¡±. El alto funcionario ha afirmado que el Consejo de Gobierno de la Junta andaluza ratific¨® el acuerdo de 2001 entre la Consejer¨ªa de Empleo y el Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa para la creaci¨®n del fondo de los ERE. Asimismo, en 2003 encarg¨® a la Intervenci¨®n General que fiscalizara las subvenciones concedidas gracias al fondo para empresas en crisis.

Pero, sobre todo, G¨®mez considera clave para deducir el conocimiento de sus informes por parte del Gobierno andaluz el desfase presupuestario que cada a?o generaba el fondo. Es decir, la Direcci¨®n General de Trabajo conced¨ªa subvenciones millonarias por encima de su presupuesto, que sobrepasaba en ocasiones hasta en 90 millones al a?o. La juez pudo comprobar algunos extremos de la declaraci¨®n del exinterventor, ya que recibi¨® las actas de todos los Consejos de Gobierno despu¨¦s de que la Junta se las entregara tras una cruda disputa.

G¨®mez declar¨® que Gri?¨¢n deb¨ªa estar al tanto de sus reparos, aunque matiz¨® que no ten¨ªa certeza de que conociera los detalles de los 15 informes que emiti¨® sobre esta partida, pero s¨ª sus conclusiones generales, dado que el d¨¦ficit del fondo alcanz¨® un a?o los 93 millones. Y este grave desfase alter¨® el presupuesto general de la Junta, produciendo un gran descuadre en las cuentas de la Junta.

Gri?¨¢n ha argumentado que los informes nunca llegaron a su despacho, a pesar de que deb¨ªan haber sido remitidos hasta ¨¦l dado su cargo como consejero de Hacienda. La actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Mart¨ªnez Aguayo explic¨® en su d¨ªa que ella fue el alto cargo que recibi¨® los informes que criticaban el procedimiento seguido para financiar los ERE, pero que nunca consider¨® necesario elevarlos a Gri?¨¢n dado que no alertaban del menoscabo de fondos p¨²blicos.

El exinterventor ha insistido, tal y como hizo en la carta que envi¨® al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en que Gri?¨¢n pudo haber frenado el fondo en cualquier momento dados los problemas de tesorer¨ªa que la partida estaba generando,sobre todo entre 2003 y 2005.

El interrogatorio ha sido ¡°un debate sobre derecho administrativo¡± dada su complejidad, seg¨²n explicaron abogados presentes durante la declaraci¨®n, en la que Alaya enfrent¨® sus argumentos a los de G¨®mez. La juez le ha preguntado si hab¨ªa recibido presiones pol¨ªticas de sus superiores para no emitir el informe de actuaci¨®n que habr¨ªa alertado de dicho menoscabo de fondos p¨²blicos y, ante la negativa de G¨®mez, Alaya hizo un gesto claro de incredulidad.

El abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, que defiende al viceconsejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, lament¨® el interrogatorio ¡°inadmisible¡± de una ¡°juez inquisitorial¡±. Alaya le reproch¨® al letrado que defendiera al mismo tiempo a Lozano y a su sucesor como director general de Presupuestos, Buenaventura Aguilera. El abogado present¨® su protesta ante la imposici¨®n de Alaya, que le prohibi¨® que represente a ambos acusados. Adem¨¢s, el letrado cit¨® algunas de las frases que, a modo de queja, pronunci¨® G¨®mez durante el tenso interrogatorio de la juez Alaya: ¡°No me deja usted contestar [...] Ya no s¨¦ ni lo que estoy contestando¡±.

Anoche la magistrada no adopt¨® medidas cautelares contra G¨®mez, salvo que comunique al juzgado un posible cambio de domicilio, dado que no se las pidi¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ni las acusaciones particulares.

La relevancia de la declaraci¨®n del exinterventor est¨¢ no solo en su futuro procesal, sino en el peso que tiene sobre el futuro de Gri?¨¢n, la consejera Mart¨ªnez Aguayo y los diputados nacionales Manuel Chaves y Gaspar Zarr¨ªas como integrantes del Gobierno al que G¨®mez remiti¨® sus informes.