Fomento reclama a los bancos la paralizaci¨®n ¡°urgente¡± de los desahucios
Cort¨¦s pide a las entidades financieras que se adhieran al plan que evita los desalojos de familias
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cort¨¦s, reclam¨® este martes a los representantes de 11 entidades financieras que paralicen los desahucios ¡°con car¨¢cter urgente¡± hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el Decreto Ley para Asegurar la Funci¨®n Social de la Vivienda, que impide los desalojos y que se encuentra suspendido tras el recurso presentado por el Gobierno central. ¡°Es urgente adoptar soluciones excepcionales¡±, reclam¨® la consejera.
Cort¨¦s record¨® a los representantes de entidades financieras las 18 familias acogidas a la expropiaci¨®n temporal del uso de las viviendas que les hab¨ªan sido embargadas, medida que evitaba el desahucio. Tambi¨¦n se?al¨® que decenas de familias hab¨ªan solicitado beneficiarse de esta medida en los primeros tres meses en vigor de la misma.
¡°El decreto serv¨ªa, era eficaz y proteg¨ªa el derecho a la vivienda de todas y cada una de las personas en riesgo de desahucio en Andaluc¨ªa, porque ejerc¨ªa un efecto disuasorio sobre las entidades financieras¡±, argument¨® Cort¨¦s, quien consider¨® ¡°radicalmente injusto¡± que se sigan produciendo desahucios en Andaluc¨ªa.
La consejera inst¨® a las entidades financieras a adherirse mediante convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, al que se han sumado 215 ayuntamientos, adem¨¢s de la Diputaci¨®n de Huelva y la Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias.
Este convenio permite a las familias que actualmente son incapaces de hacer frente a su hipoteca poder continuar en sus casas mediante la f¨®rmula del alquiler con opci¨®n a compra. Adem¨¢s incluye alternativas para evitar en ¨²ltima instancia el desalojo, como la renegociaci¨®n de las condiciones del pr¨¦stamo hipotecario (ampliaci¨®n del plazo de carencia o del plazo de amortizaci¨®n) o la daci¨®n en pago. Las cajas y bancos se comprometer¨ªan, por su parte, a no iniciar reclamaci¨®n judicial contra el afectado en el plazo de un mes, tiempo en el que la Junta debe elaborar una propuesta individualizada para liquidar la deuda de la persona afectada.
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