El Poder Judicial exige a Llera respeto hacia la instrucci¨®n de Alaya en los ERE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha exigido respeto al consejero de Justicia, Emilio Llera, hacia la instrucci¨®n de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. El ¨®rgano de gobierno de los jueces ha enviado un comunicado por el que ¡°reitera la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales¡± ante las cr¨ªticas de Llera a la labor de la magistrada.

El malestar del Gobierno andaluz con la investigaci¨®n de Alaya ha aumentado en los ¨²ltimos meses, sobre todo desde la imputaci¨®n de 20 altos cargos del Ejecutivo aut¨®nomo. ¡°Estoy un poco descorazonado con la forma de realizar la instrucci¨®n de mi compa?era¡±, afirm¨® Llera sobre Alaya el pasado lunes. ¡°Sigo sin entender que sostenga que Antonio Fern¨¢ndez, siendo viceconsejero, en uni¨®n de su superior, el consejero de Empleo, particip¨® en la ideaci¨®n y firma de un convenio para eludir los controles p¨²blicos y que meta en la c¨¢rcel al primero de ellos y al otro lo deje apuntado, porque, seg¨²n se dice, es aforado¡±, a?adi¨® en alusi¨®n al exconsejero y diputado a Cortes Jos¨¦ Antonio Viera, que ha sido se?alado por los investigadores pero no est¨¢ imputado. ¡°Quiz¨¢s no le falte raz¨®n a quienes dicen eso (...) Aqu¨ª se est¨¢ apuntando a mucha gente; se amaga pero no se da¡±, a?adi¨® el exfiscal.

El consejero ha respondido a la Comisi¨®n Permanente del Consejo que ¡°siempre ha respetado las decisiones de Alaya¡±, pero ¡°respetar una decisi¨®n judicial no quiere decir compartirla¡±, ha informado Europa Press. ¡°En Derecho se puede disidir y eso es frecuente¡±, ha remachado Llera, que record¨® c¨®mo, en ocasiones, el ministro de Justicia ha criticado resoluciones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial no se ha pronunciado.

¡°Un juez est¨¢ obligado a razonar, fundamentar y motivar sus decisiones, y eso sirve como mecanismo de control a los jueces por parte de sus superiores jer¨¢rquicos, y tambi¨¦n a los ciudadanos, para que sepan por qu¨¦ se imputa a un ciudadano¡±, ha insistido Llera. Este ha opinado que la imputaci¨®n del presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, es ¡°absolutamente imposible¡±. Mientras, el portavoz del Gobierno, Miguel Angel V¨¢zquez, ha defendido la ¡°libertad de expresi¨®n¡± de Llera.

Por otra parte, la juez ha dictado esta ma?ana un auto para argumentar por qu¨¦ estima que ciertos letrados no pueden representar a imputados cuyas defensas considera incompatibles. Alaya admite que ¡°los inculpados son libres de designar letrado de su elecci¨®n¡±, pero destaca que es su deber primar la protecci¨®n de los derechos de los acusados: ¡°Deber de evitar desequilibrios entre la respectiva posici¨®n procesal de las partes, situaciones enfrentadas o limitaciones en la defensa que puedan inferir una protecci¨®n inadecuada de sus derechos¡±.

Alaya enumera seis casos que afectan a 13 imputados que no pueden compartir abogado con otro acusado. Estas aclaraciones surgen despu¨¦s de que la semana pasada en el interrogatorio del ex interventor general Manuel G¨®mez, la juez prohibiera al abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano preguntar en nombre del viceconsejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, y al mismo tiempo de su sucesor, Buenaventura Aguilera. Mohedano ha replicado a Alaya con un recurso que censura el auto por ser ¡°absolutamente no razonado y sin contenido constitucional¡±, que provoca ¡°la desprotecci¨®n pr¨¢ctica del derecho de defensa y un vaciamiento del contenido el derecho a la libre designaci¨®n de abogado¡±.

Mientras, la juez ha reducido la fianza para salir en libertad a los cuatro imputados que permanecen en prisi¨®n: 300.000 euros para el intermediario Juan Lanzas y 450.000 euros para los empresarios Eduardo Pascual, Mar¨ªa Vaqu¨¦ y Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata.